Detectan plaguicidas en descargas al río Paraná y vuelve a quedar bajo la lupa una planta de Atanor
Nuevos análisis realizados por el CONICET detectaron glifosato, atrazina y otros compuestos en descargas pluviales provenientes de la planta de Atanor en San Nicolás. Organizaciones ambientales advierten sobre posibles riesgos para el Paraná mientras avanza la causa judicial por contaminación.
La contaminación ambiental volvió a instalarse en el centro de la escena en San Nicolás. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-CONICET/UNLP) detectó la presencia de residuos de plaguicidas y productos derivados de agroquímicos en descargas pluviales provenientes de la planta de Atanor que desembocan en el río Paraná.
Los análisis fueron realizados sobre muestras recolectadas por la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires entre febrero y abril de este año y revelaron la presencia de glifosato, AMPA -el principal producto de degradación del glifosato-, atrazina y distintos metabolitos asociados a este herbicida. Entre los resultados más preocupantes figura una muestra con concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
Los puntos de descarga se encuentran próximos a sectores sensibles del sistema hídrico y el hallazgo se suma a otros antecedentes registrados en los últimos meses, como la aparición de residuos peligrosos en una barranca lindante con la planta y la detección de plaguicidas en pozos y sectores de la red de abastecimiento de agua de la ciudad.
Detectan glifosato y atrazina en descargas de la planta de Atanor hacia el Paraná
Para los vecinos que impulsan la causa judicial, los nuevos resultados refuerzan las sospechas sobre el impacto ambiental de la planta.
Fabián Maggi, abogado de vecinos afectados y de la organización Foro Medio Ambiental (FOMEA), aseguró que los estudios incorporados al expediente representan “un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor”.
Además, cuestionó el rol de los organismos encargados del control ambiental.
“Los propios organismos de control reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego esos mismos funcionarios intentan minimizar la gravedad de los resultados. Lo que está en discusión ya no es solamente la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de un sistema de fiscalización ambiental que volvió a fallar frente a un hecho de enorme trascendencia para la salud pública y la protección del Río Paraná”, afirmó.
Los resultados se conocen mientras la planta atraviesa un proceso de desmantelamiento y recomposición ambiental ordenado por la Justicia luego de la explosión ocurrida en marzo de 2024, que derivó en la paralización de la producción de agroquímicos.
Avanza la causa judicial contra Atanor por presunta contaminación ambiental
Especialistas y organizaciones ambientales sostienen que las tareas de remoción de estructuras y limpieza del predio requieren controles permanentes para evitar que contaminantes acumulados durante décadas vuelvan a dispersarse.
En ese sentido, Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina, advirtió que los nuevos análisis refuerzan las preocupaciones existentes.
“La contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir. Lejos de demostrar que el problema quedó atrás, los resultados refuerzan las advertencias realizadas por organizaciones ambientales y vecinos sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada durante años dentro del predio industrial. Estos resultados confirman la necesidad de que el proceso de desmantelamiento se realice bajo controles estrictos, monitoreo permanente y la garantía de acceso a información y transparencia hacia la comunidad afectada”, señaló.
Mientras tanto, la investigación judicial también avanza. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó tomar declaración indagatoria a seis directivos de Atanor, cinco funcionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en hechos históricos de contaminación del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la región.
La causa, iniciada hace más de una década a partir de denuncias de vecinos de San Nicolás, busca determinar si existieron vuelcos de residuos peligrosos, enterramiento de desechos tóxicos y omisiones en los controles estatales. En ese contexto, Greenpeace y FOMEA reclamaron reforzar el monitoreo ambiental y avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades para evitar nuevos episodios de contaminación sobre uno de los principales recursos hídricos del país.
