Contaminación en el Río de la Plata: tras el embargo, Kicillof responsabilizó al gobierno Nacional por no financiar las obras
Tras el embargo millonario dispuesto por la Justicia Federal contra la gobernación de Buenos Aires por contaminación en el Río de la Plata, la Fiscalía bonaerense apelará la orden judicial.
La apelación se basa en que el gobierno de Axel Kicillof pidió, hace dos años al gobierno de Javier Milei el correspondiente financiamiento para las obras de saneamiento.
El gobernador bonaerense advirtió entonces que las obras eran urgentes y que beneficiarían a 933.397 habitantes de la región capital y a unos 535.000 habitantes de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada.
En 2024, el Ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente al su par de la Nación que se priorice el financiamiento para el proyecto de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La obra implica una inversión total de US$ 270.000.000, tiene un plazo de ejecución de cinco años y requiere, según el gobierno de Kicillof, de financiamiento internacional.
El crédito ya está otorgado: pero la provincia no lo puede tomar sin los avales de Nación, destacaron en la Casa de Gobierno bonaerense.
Basura cloacal e industrial
El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”, argumentó la Justicia Federal al trabar el embargo millonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar el proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.
El embargo por $157 mil millones fue dispuesto por el juez federal Alberto Recondo, hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
Dos décadas de desidia
El juez federal Recondo señaló que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.
El inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —en el primer mandato del actual gobernador—. Por entonces, la erogación necesaria para evitar el daño ambiental representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, sostuvo el magistrado.
Hoy, las obras pendientes tiene un costo estimado de US$ 270 millones, a ejecutar en cinco años, según el gobierno de la Provincia. El embargo judicial corresponde a US$ 110.679.075,49 al cambio vigente durante la segunda semana de marzo.
En tanto, desde la gobernación de Buenos Aires aseguran que mejoró el perfil crediticio de la provincia y están avanzando en conversaciones con el Banco Mundial. Las negociaciones están sujetas a que el Estado Nacional brinde los avales correspondientes para acceder al financiamiento de organismos internacionales de crédito.
Fuente: con información del diario La Nación
