La Milla 201, bajo la lupa: pérdidas millonarias, empleo y un reclamo que llega a Nación

La discusión sobre la pesca en Chubut dejó de ser un debate técnico circunscripto al sector para instalarse en una agenda más amplia, donde economía, trabajo, control del recurso y soberanía aparecen atravesados por una misma urgencia. En ese contexto, la Milla 201 -el límite imaginario que marca el fin de la Zona Económica Exclusiva Argentina- pasó de ser una referencia cartográfica a convertirse en un símbolo concreto del costo de no actuar. Hoy, ese costo ya no se expresa en hipótesis, sino en cifras: cientos de millones de dólares que se pierden por temporada a raíz de la pesca ilegal.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el gobernador Ignacio Torres impulsó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, un espacio que reúne al Estado provincial con cámaras empresarias, flotas, sindicatos e intendencias portuarias. Lejos de una instancia meramente declarativa, el objetivo es ordenar una agenda común y construir consensos frente a problemas estructurales que el sector arrastra desde hace años: retenciones, infraestructura, competitividad y control del recurso.

Pesca ilegal y pérdidas millonarias: la Milla 201 como foco del conflicto

Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno a la pesca ilegal en la Milla 201, el área internacional adyacente a las costas chubutenses. Torres fue contundente al cuantificar su impacto económico y sostuvo que “no se trata solo de un problema del sector pesquero, sino de un perjuicio económico que estimamos entre 600 y 1.000 millones de dólares que el país pierde por temporada”. La cifra, que circuló con fuerza durante los encuentros de la Mesa, busca llevar la discusión al plano nacional y salir de la lógica de reclamo sectorial.

El gobernador también advirtió que la pesca ilegal no es un fenómeno aislado, sino que suele estar asociada a otros delitos complejos. “Cuando hablamos de pesca ilegal, también hablamos de trata de personas y de economías que operan por fuera de cualquier control”, señaló, al tiempo que recordó la existencia de acuerdos internacionales que incorporan la figura del Estado rector del puerto. Ese rol permitiría garantizar la trazabilidad de las capturas y diferenciar a quienes cumplen con la ley -pagan impuestos y registran a sus trabajadores- de quienes operan al margen del sistema.

Retenciones, competitividad y una propuesta concreta para Nación

En paralelo, la presión fiscal sobre la actividad pesquera ocupa un lugar central en la agenda chubutense. Torres remarcó que se trata de una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en derechos de exportación, a pesar de su fuerte impacto en la generación de empleo. En ese marco, planteó que cualquier reducción o eliminación de retenciones debe estar asociada a compromisos claros de valor agregado y reinversión en el territorio.

La propuesta que Chubut busca elevar a Nación apunta justamente en esa dirección. Según explicó el gobernador, el ahorro fiscal derivado de eliminar los derechos de exportación -estimado entre 120 y 160 millones de dólares a nivel país- debería tener un destino específico: renovación de flota e inversión en infraestructura portuaria. “No se trata de resignar recursos sin condiciones, sino de transformar ese alivio fiscal en competitividad y empleo”, subrayó.

El esquema no es novedoso para la provincia. Torres trazó un paralelismo con la experiencia del sector energético, donde la conformación de una Mesa de Competitividad permitió alinear intereses entre empresas, trabajadores y Estado. El objetivo ahora es replicar ese modelo en la pesca, un rubro que ya mostró resultados concretos: en 2025, Chubut alcanzó el mayor récord de exportaciones de los últimos veinte años, con el complejo pesquero como uno de los principales motores.

La defensa del recurso, además, se enlaza con una discusión de fondo sobre soberanía y control portuario. En ese sentido, el gobernador mencionó un proyecto de ley que refuerza el rol del Estado como rector del puerto y fortalece los mecanismos de trazabilidad. “Hay una cuestión de soberanía que implica defender lo nuestro”, sostuvo, en referencia a la especial exposición de Chubut por la cercanía de la Milla 201 frente a sus costas.

Con una agenda que ya trasciende el diagnóstico, Torres confirmó que retomará el diálogo con Cancillería para avanzar en definiciones a nivel nacional. “Necesitamos actuar con urgencia, porque cada año la cantidad de poteros ilegales crece exponencialmente”, advirtió. Mientras tanto, la Mesa de Desarrollo Pesquero se consolida como un ámbito clave donde confluyen intereses diversos, pero con un objetivo común: proteger el recurso, sostener el empleo y evitar que el costo de no actuar siga creciendo mar adentro.