El debate que divide a la Argentina: glaciares, minería y el futuro de u$s30.000 millones en inversiones

Uno de los debates parlamentarios más importantes y más esperados que se dará durante este 2026 estará ligado a la Ley de Glaciares, que se ha convertido en uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Tras un 2025 marcado por la intención del Poder Ejecutivo de modificar la normativa, el Senado ha activado el tratamiento de un proyecto de «adecuación» que busca redefinir los límites de protección ambiental para fomentar inversiones mineras, estimadas en más de u$s30.000 millones.

El debate se da en un momento en el que la minería argentina atraviesa una etapa clave, con avances concretos y un potencial de crecimiento que podría ubicar al sector entre los principales motores de exportaciones, empleo y desarrollo regional del país.

En la actualidad, la minería representa el 6,9% del total de las exportaciones de Argentina en 2025, alcanzando un pico histórico.

Sin embargo, llega a ser menos del 1% del PBI argentino, a pesar de que el país concentra una porción relevante de los recursos minerales globales.

En el ámbito parlamentario, esta discusión ha avanzado significativamente en los últimos meses si se tiene en cuenta que en diciembre pasado se logró el dictamen de comisión en el Senado con el apoyo de bloques oficialistas y aliados provinciales.

Ahora, está previsto el tratamiento en el recinto de la Cámara Alta (tentativamente el 11 de febrero) y, de ser aprobado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados.

Pero la reforma ha generado un conflicto cuyo núcleo reside en la tensión entre la preservación de las reservas estratégicas de agua dulce y el impulso económico a través de proyectos de cobre, oro y litio.

Cambios profundos en la Ley de Glaciares

El proyecto, que es impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei y respaldado por las provincias mineras, propone cambios técnicos con profundas implicancias ambientales:

• Redefinición del Ambiente Periglacial: Se busca limitar la protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que tengan una «función hídrica relevante y comprobada». Esto dejaría fuera de la protección legal a crioformas (como glaciares de escombros inactivos) que la ley actual protege de manera preventiva.

• Restauración del Federalismo: Las provincias argumentan que la ley actual invade sus competencias sobre los recursos naturales. La reforma otorgaría a las jurisdicciones locales mayor peso en la determinación de qué áreas son explotables.

• Seguridad Jurídica: El sector minero sostiene que la redacción actual es «ambigua» y genera incertidumbre, frenando proyectos de gran escala en la Cordillera de los Andes.

Ley de Glaciares vs. minería

Más allá de estos postulados, queda claro que existen dos sectores que tienen una mirada diametralmente opuesta sobre el impacto de esta reforma.

Por un lado se encuentran el Poder Ejecutivo Nacional; la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y los gobernadores de las Mesas del Litio y del Cobre (San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy).

Este grupo asegura que ls reforma no tienen como objetivo una flexibilización ambiental, sino de una corrección técnica para ordenar una norma que hoy genera inseguridad jurídica.

Del otro lado, organizaciones como la FARN y Greenpeace, junto con investigadores del IANIGLA (CONICET), advierten sobre el riesgo de un retroceso ambiental.

Argumentan que modificar la ley viola acuerdos internacionales (como el Acuerdo de Escazú), que impiden reducir niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Sostienen también que el ambiente periglacial actúa como regulador hídrico esencial en contextos de cambio climático y sequías extremas.

Incluso, se esperan movilizaciones en provincias cordilleranas y en Buenos Aires, replicando las tensiones históricas que rodearon la sanción de la ley original en el 2010.

Tensiones del desarrollo

La resolución de este debate marcará un hito en la política ambiental argentina para la próxima década, definiendo si el país prioriza la explotación de minerales críticos para la transición energética o la conservación de sus reservorios de agua en un planeta en calentamiento.

En este contexto, se acaba de conocer un detallado informe de la consultora Invecq que pone la lupa sobre una de las tensiones más grandes del desarrollo económico argentino como es el potencial minero frente a las restricciones regulatorias aplicadas por la actual Ley de Glaciares (Ley 26.639).

Invecq destaca que Argentina posee una riqueza geológica comparable a la de Chile, pero con una ejecución drásticamente inferior.

“Mientras que el país trasandino exporta miles de millones de dólares en cobre, Argentina aún está en etapas de prospección o construcción en la mayoría de sus grandes yacimientos”, detalla el documento.

También se hace mención a que la minería es uno de los pocos sectores capaces de generar un saldo comercial neto positivo de manera estructural pero se advierte que la incertidumbre jurídica es el principal freno a las inversiones de capital intensivo (proyectos que requieren más de u$s3.000 millones).

El nudo gordiano del trabajo se refiere a cómo la actual Ley de Glaciares afecta la viabilidad de los proyectos, al proteger no solo los glaciares (masas de hielo visibles), sino también el ambiente periglacial.

Los puntos de fricción

Para la consultora la definición de «ambiente periglacial» es demasiado amplia y técnica y genera que zonas sin hielo actual, pero con suelos congelados, queden bloqueadas para la actividad industrial.

Se hace mención también a una superposición de yacimientos y se señala que “muchos de los proyectos de cobre y oro más grandes del país (especialmente en San Juan y Catamarca) se encuentran en zonas que, según interpretaciones restrictivas de la ley, podrían ser consideradas áreas protegidas”.

Se entiende además que la falta de un inventario de glaciares finalizado y las interpretaciones judiciales variables hacen que las empresas teman invertir miles de millones para que luego un amparo frene la operación.

El informe sugiere que una reforma o una clarificación de la ley (como se debatió en la Ley Bases) podría destrabar proyectos de cobre críticos para la transición energética mundial

Sin embargo, el trabajo no sugiere desproteger los glaciares, sino precisar la norma tomando como argumento central que se debe permitir la actividad en áreas periglaciales siempre que se demuestre, mediante estudios de impacto ambiental, que no se afecta el ciclo hídrico.

El rol del RIGI

Como eje central del análisis se asegura que «la protección ambiental y el desarrollo minero no son excluyentes, pero requieren una normativa que brinde certezas técnicas y no interpretaciones ideológicas».

Más que nada porque la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marcará la tensión con la Ley de Glaciares y las empresas intentarán asegurarse de que sus beneficios fiscales no choquen con una clausura ambiental preventiva.

En este sentido, el trabajo resalta que la minería exportó más de u$s6.000 millones en 2025, marcando un récord histórico, con una suba del 70% en una década y anticipa que “si se dan las condiciones políticas, económicas y legales adecuadas, se podría exportar más del triple”.

El documento de Invecq avala la introducción de aclaraciones en la Ley de Glaciares, basadas en criterios científicos y la verificación en el terreno, y el fortalecimiento del rol provincial en el control y la evaluación de impacto ambiental y la apertura al comercio, “porque son algunas de las reformas necesarias para el crecimiento de esta industria”.

Se trata, según los autores del trabajo, de las condiciones necesarias para transformar los recursos disponibles en proyectos productivos de largo plazo en un contexto donde el nivel de desarrollo de este sector sigue siendo bajo en relación con el potencial geológico del país.

“La brecha entre recursos y producción posiciona a la Argentina frente a una oportunidad estratégica, pero también frente al riesgo de no capitalizarla si no se generan condiciones adecuadas”, advierte el paper.

Proyectos en danza en Argentina

En este sentido, se recuerda que la Argentina cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción.

Si se consideran los cuatro minerales principales —litio, cobre, oro y plata—, solo el 11% de los proyectos está en fases avanzadas, lo que evidencia una amplia brecha entre el potencial geológico y su desarrollo efectivo.

En materia de inversiones, el RIGI ya muestra impactos concretos y, según el informe de Invecq, los proyectos aprobados bajo este esquema alcanzan un monto total de u$s16.722 millones, de los cuales más de u$s6.000 millones corresponden a iniciativas mineras.

Además, hay cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que, de aprobarse, podrían aportar un monto adicional cercano a los 30.000 millones de dólares.

El impacto provincial es significativo en Santa Cruz y San Juan, que concentran cerca del 70% de las exportaciones mineras.

De hecho, el año pasado, Santa Cruz lideró el ranking con u$s2.104 millones (40% del total), seguida por San Juan con u$S1.612 millones (30%).

El principal salto pendiente

Pero a pesar de que otros minerales vienen mostrando altas tasas de crecimiento y desarrollo, el trabajo de Invecq advierte que el cobre “representa el principal salto potencial”.

Ocurre que, desde los años 90, el cobre ha perdido peso relativo en las exportaciones de minería, habiendo sido el 70% del total. El litio, por su parte pasó de un 2% hace una década a ser hoy cerca del 15% del total.

Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir de este mineral, Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal y sin capacidad de aprovechar una demanda global en fuerte expansión asociada a la electrificación, las energías renovables y la movilidad eléctrica.

Según el informe, mientras Chile y Perú consolidaron un sendero de crecimiento sostenido, en Argentina las ventas externas de cobre se desplomaron a niveles casi nulos tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018.

En Chile y Perú, en tanto, las exportaciones mineras representan entre 17% y 18% del PBI, cuando localmente el sector aporta menos del 1% del producto.

Según Invecq, “bajo un escenario de mayor previsibilidad regulatoria y reglas de largo plazo, las exportaciones mineras podrían más que duplicarse hacia 2030, superando los u$s15.000 anuales, y acercarse a los u$s18.000 a u$s19.000 millones hacia 2035, con el cobre como principal impulsor”.

Empleo y salarios

En materia de empleo, el trabajo señala que en la minería “mostró una tendencia de crecimiento sostenido entre 2009 y 2025, pasando de alrededor de 22.400 trabajadores en 2009 a 37.000 en 2025 (promedio hasta abril), lo que implica un aumento acumulado cercano al 65%.

Si bien en términos relativos, el empleo minero representa una porción acotada, también evidencia que crece de manera sistemática, pasando de aproximadamente 0,4% en 2009 a 0,6% en 2025.

“Esto refleja que su participación en el empleo formal privado viene aumentando de manera sostenida, consolidando su rol como sector estratégico en generación de empleo de calidad”.

Un dato clave que destaca el trabajo es sobre la calidad del empleo generado ya que en el sector minero, la tasa de informalidad prácticamente nula (1,3%), en comparación con el resto de la economía (42%).

En promedio entre 1995 y 2026, el documento agrega que el salario minero metalífero fue 2,5 veces superior al salario promedio de los asalariados privados registrados; 1,2 veces explotación de otras minas y canteras, reflejando la elevada remuneración relativa del sector.

Según los últimos datos disponibles, ese ratio aumentó y actualmente el salario minero metalífero equivale a 3,7 veces (1,8 otras minas y canteras) el salario registrado promedio del país.

“En términos de evolución, mientras el salario promedio del empleo privado registrado permanece prácticamente estancado desde hace varios años, los salarios mineros exhiben una tendencia creciente”, sostienen desde Invecq.

No obstante, la expansión del empleo asociada al cobre se encuentra hoy virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no pueden avanzar bajo el marco legal actual.

Las regiones donde se desarrollarían estos proyectos —la Cordillera, la Puna y la Meseta Patagónica— son de baja densidad poblacional y escasas alternativas económicas.

“Allí, la minería no compite con otras actividades, sino que permite generar proveedores locales, infraestructura, capacitación técnica y arraigo territorial”, destaca el documento.

El trabajo también describe cómo la minería argentina presenta una marcada diversificación en el origen de sus inversiones.

“Actualmente, al menos 17 países extranjeros participan como inversores en proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, pero la mayor parte del capital se concentra en un grupo reducido de países, encabezado por Canadá, China, Australia y Estados Unidos, que explican la mayoría de los proyectos en producción y construcción”, agrega.

Potencial vs. realidad

Según el trabajo de Invecq, el despegue sostenido de la minería argentina depende de un conjunto de factores clave que permitan reducir la incertidumbre y viabilizar inversiones de gran escala y largo plazo:

1. Estabilidad macroeconómica

La minería requiere inversiones intensivas en capital, con horizontes de recuperación que superan los diez o quince años.

En ese contexto, la previsibilidad en variables como inflación, tipo de cambio, acceso a divisas y equilibrio fiscal resulta indispensable para atraer nuevos proyectos y avanzar en los que hoy

se encuentran en etapas tempranas.

2. Reglas claras y continuidad del RIGI

El informe subraya la importancia de garantizar reglas de juego estables, en particular en lo referido al RIGI. “La no modificación de sus condiciones es clave para sostener la confianza de los inversores y evitar cambios que alteren la ecuación económica de los proyectos ya anunciados o en evaluación”, se detalla.

3. Las provincias y el federalismo productivo

Otro punto central es el respeto al rol de las provincias en la toma de decisiones ya que, según Invecq, la minería es una actividad eminentemente territorial, y “permitir que las jurisdicciones definan sus estrategias, condiciones y marcos regulatorios resulta fundamental para viabilizar proyectos, fortalecer la licencia social y maximizar el impacto en el desarrollo local”.

4. Marco legal y Ley de Glaciares

En este sentido, el trabajo señala que la Argentina cuenta con un marco ambiental sólido y con leyes exigentes en materia de protección de los recursos naturales, pero advierte que en algunos casos su aplicación no ha sido la más adecuada, generando incertidumbre para el desarrollo de proyectos.

Definición poco clara

En particular, identifica como uno de los principales puntos críticos la definición imprecisa en la Ley de Glaciares del área periglaciar, “una discusión que permanece sin resolución desde hace más de 15 años, a lo que se suma la falta de

verificación en el terreno de las condiciones reales de algunas zonas declaradas como protegidas, situación que derivó en superposiciones normativas, judicialización y demoras en las inversiones”.

En ese contexto, Invecq plantea la necesidad de avanzar en una Ley de Glaciares “que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios técnicos claros y verificables y reduzca la discrecionalidad, permitiendo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo responsable de la actividad minera”.

Para la consultora, la minería “puede generar progreso, como lo hizo en otros países, como Canadá y Australia, que se han convertido en desarrollados en parte por el aporte de la minería.”

También ha colaborado a la mejora económica de países de la región, como Chile y Perú, que con economías más chicas y menos complejas que la Argentina, pero con buenos recursos naturales y políticas estables se han transformado en potencias mineras.

“Si Argentina crea los condiciones necesarias, se puede multiplicar el aporte de la minería a la economía y a la sociedad que ya estamos empezando a ver porque se trata de un sector que ofrece oportunidades concretas para acelerar el desarrollo y generar mayor progreso, tanto a nivel macroeconómico como en la calidad de vida de las provincias y regiones mineras”, asegura el documento.

Para los autores del documento, las empresas mineras necesitan certezas, un medio ambiente de negocios, estabilidad y previsibilidad macroeconómica y legal.

“La decisión de las empresas de avanzar en inversiones de tan largo plazo y escala tan grande es compleja y se da en un marco de competencia global. Debemos entender esto y no dar por aseguradas las inversiones sólo porque tenemos las reservas minerales”, advierte el paper.

También se reclama que la política minera sea clara, estable y sostenida en el tiempo y que el Sector Publico Nacional y Provincial sean fuertes y eficientes para controlar, aplicar la ley, evaluar apropiadamente los Estudios de Impacto Ambiental, y acompañar a las empresas durante el desarrollo de los proyectos.

Según Invecq “una acción de bajo costo y alta eficiencia puede ser coordinar la información y acción de los diferentes Registros de Proveedores Mineros, y posiblemente pensar en su unificación, dando al Estado mejores herramientas y a las empresas locales mayor acceso a posibles clientes. El rol del Servicio Geológico SEGEMAR es también muy importante”.

Fortaleza ambiental

En este contexto, el trabajo también destaca que el cuidado y preservación del medioambiente son clave para que el sector se desarrolle sin conflictos, ni con otros sectores ni con la sociedad, y para que mantenga su licencia social.

Se sostiene que las leyes ambientales deben ser claras y los límites basados en datos y ciencia, no en eslóganes o preconceptos.

“Argentina tiene buenas y fuertes leyes ambientales, pero la aplicación en algunos casos no fue la mejor. Una de ellas es la definición difusa del área periglaciar, que lleva 15 años sin resolverse. A esto se suma la falta de verificación en el terreno de las condiciones de algunas zonas declaradas como protegidas, un aspecto que también requiere atención”, agrega el informe.

En el mismo sentido, se plantea mantener la obligación que cada proyecto deba tener aprobada por la provincia su evaluación de impacto ambiental.

“Esto se hace proyecto por proyecto, dadas las realidades geológicas, ambientales, hídricas y naturales de cada uno. La aprobación o rechazo se deben basar en conocimiento científico y datos tomados en el terreno, y allí esta la mayor garantía ambiental. No se puede dar una respuesta general pre-armada desde la ciudad a situaciones concretas muy diferentes en las zonas mineras”, se advierte.

A modo de conclusión, Invecq asegura que “hay una oportunidad global enorme, y tenemos una industria minera naciente que está dando sus primeros pasos. Puede dar mucho mas”.

Para desarrollar la minería el trabajo señala que se necesita tiempo y previsibilidad ya que cada proyecto y cada mina es una inversión de largo plazo, y el desarrollo de todo el sector lo es aún más tal como lo muestran las experiencias de Canadá y Australia, Chile y Perú.

“Argentina ya ha perdido oportunidades por malas y cambiantes políticas. La demora en entrada de producción de proyectos avanzados que no consiguen financiamiento, o empresas que no se deciden a invertir por dudas en la economía es una realidad”, se reconoce.

También se hace mención a que el bajo presupuesto exploratorio muestra que el sector está lejos de ser lo que debería.

Por eso, desde el trabajo se plantea la necesidad de corregir los errores. “Argentina está ante una oportunidad enorme. El mundo necesita y paga lo que tenemos, las empresas globales están viniendo a invertir, podemos generar más y mejor empleo, exportar más, tener más educación en oficios, más arraigo en el interior, cambiar la vida y perfil productivo de provincias y regiones históricamente relegadas, sumar divisas para nuestra economía y pararnos de forma más firme ante el comercio internacional. Tenemos todo dado”.

Se agrega que “si Argentina hace bien las cosas, puede aprovechar la oportunidad y dar un paso al desarrollo. Depende de nosotros”.