Ley de Glaciares: Milei envió el proyecto al Congreso, pero cuáles son los artículos que quiere cambiar el gobierno

La iniciativa que el gobierno envió al Congreso anoche introduce cambios clave en el marco normativo que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en la Argentina.

Se trata de una reforma que no deroga la ley vigente pero sí reordena su aplicación, redefine criterios técnicos y refuerza el rol de las autoridades provinciales, en línea con el dominio originario de los recursos naturales.

Con estas modificaciones, el gobierno busca dar mayor precisión jurídica y operativa a la regulación ambiental, con impacto directo sobre actividades productivas, proyectos de infraestructura y evaluaciones de impacto ambiental en zonas de alta sensibilidad. 

El texto oficial refuerza la participación de las provincias: es decir que si una autoridad local detecta un glaciar o ambiente periglacial con funciones hídricas que no esté inventariado, debe informarlo para su incorporación. 

De todos modos, el proyecto del gobierno introduce un cambio relevante. Si la autoridad ambiental competente verifica que un glaciar o geoforma periglacial no cumple funciones hídricas, deja de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley, sin perjuicio de la protección general que otorgue la Ley General del Ambiente.  

Un punto relevante es que la omisión de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales provinciales, lo que introduce mayor seguridad jurídica para proyectos evaluados bajo este esquema. 

La intención del gobierno de modificar esta norma ya había sido anticipada semanas atrás por el presidente Milei, al afirmar que los cambios apuntaban a establecer una definición más clara de lo que es una zona glaciar y una periglaciar, en la que tengan participación las provincias. 

Empresas del sector, por su parte, habían anticipado que con esa modificación se destrabarían inversiones para la explotación de cobre, que suman US$35.000 millones.

Milei también reconoció que la idea había sido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que avanzaba en acuerdos con las otras tres provincias que conforman la Mesa del Cobre: San Juan (Marcelo Orrego), Raúl Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir).

“Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”, afirma el Poder Ejecutivo en un comunicado. 

A más de 15 años de su sanción, para el Gobierno la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado “graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legitimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales».

Según el Poder Ejecutivo, esta reforma propone reglas claras, al afirmar que “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.

¿Cuáles son las modificaciones que introduce?

El proyecto mantiene el principio central de la norma: la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y  proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

• Incorpora una interpretación explícita en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, reconociendo la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, titulares originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. Busca equilibrar protección ambiental y competencias jurisdiccionales.
• Refuerza el rol del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta central de la ley de Glaciares. El Inventario deberá identificar únicamente aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas.
• El Inventario será de consulta obligatoria, pero sin afectar las atribuciones que la ley otorga a las autoridades competentes en materia ambiental. Este punto es clave, ya que introduce una mirada más funcional y menos automática sobre qué formaciones quedan alcanzadas por la norma.
•  Se ratifica al IANIGLA como organismo responsable del inventario y monitoreo de glaciares, en coordinación con la autoridad nacional de aplicación.
• Siguen vedadas las actividades que alteren de modo relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales, incluyendo: la liberación de contaminantes; obras de infraestructura (salvo excepciones científicas); la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; el desarrollo de actividades industriales.
•  Se reafirma la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa para cualquier actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial.

¿Quiénes respaldan el proyecto?

Antes de que comience a ser debatido en el Congreso, gobernadores de provincias cordilleranas enviaron una carta al presidente Javier Milei, en nombre de la Mesa del Litio (integrada por Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (integrada por las tres anteriores más Mendoza y San Juan) solicitando que se avance con la adecuación de la ley vigente.

A través de ese texto, los mandatarios advirtieron que la aplicación actual de la ley de Glaciares generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia, sin aportar beneficios ambientales proporcionales. «Termina por obstaculizar de su finalidad última: promover el desarrollos sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras».

En ese sentido, sostuvieron que la reforma permitirá preservar de manera efectiva los glaciares con función hídrica real, al tiempo que brindará previsibilidad jurídica y respeto por las autonomías provinciales, condición necesaria para el desarrollo productivo y la generación de empleo en regiones mineras y energéticas.

De todos modos, la iniciativa enviada por el gobierno al Congreso no elimina la ley de Glaciares ni flexibiliza las prohibiciones centrales pero sí introduce un enfoque más técnico, funcional y federal en su aplicación. 

De hecho, esas modificaciones buscan reducir ambigüedades regulatorias, ordenar competencias y dar mayor previsibilidad a la gestión ambiental.

Antes de ingresar al Congreso, el debate de este texto reabre una discusión sensible para la política ambiental, el desarrollo productivo y el futuro de las inversiones en regiones cordilleranas del país.

Para fundamentar esta propuesta, el Gobierno señaló que el objetivo es modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares en el periodo de sesiones extraordinarias para “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

“Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, advirtieron.

La modificación propuesta por el gobierno de Milei está en línea con la impronta de la administración libertaria, marcada por las “desregulaciones, el orden del Estado, el respeto a la Constitución y la liberación de las fuerzas productivas”.

¿Quiénes rechazan el texto para modificar la Ley de Glaciares?

Días atrás y ante la posibilidad de que el gobierno enviara el proyecto al Congreso, organizaciones ambientalistas advirtieron en un comunicado que un cambio podría derivar en permitir actividades económicas que atenten contra el medioambiente, como la minería.

En un documento conjunto, las organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la Ley de Glaciares y rechazan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos.

Además, desaconsejaron cualquier reforma que disminuya los niveles de protección establecidos por la normativa vigente. 

Estos estándares constituyen un resguardo crítico frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas y a la degradación de los ecosistemas de alta montaña; debilitarlos acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible.

En su documento, las organizaciones destacaron también el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la implementación de la Ley y en la conservación de los glaciares y pusieron de relieve la necesidad de reforzar sus competencias y presupuesto para cumplir y profundizar las tareas asignadas por la norma.

Para las organizaciones, la actual Ley de Glaciares no bloquea el desarrollo sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y donde el agua -ya de por sí escasa y cada vez más vulnerable- cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

Asimismo, las organizaciones habían advertido que modificar la ley sería una acción ilegal e inconstitucional, amparado en el principio de no regresión incluido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que impide retrocesos en la protección ambiental vigente.

Para Agostina Rossi Serra, integrante del área de campañas de Greenpeace Argentina y especialista en biodiversidad, “modificar la Ley de Glaciares es dejar sin resguardo reservas estratégicas de agua dulce”.

En declaraciones a Economía Sustentable, Rossi Serra aseguró que “lo que se propone no es un cambio técnico: es un retroceso ambiental ya que busca excluir la protección a gran parte del ambiente periglacial. Y eso no es un cambio técnico: es dejar sin resguardo una de las principales reservas de agua del país, justo en plena crisis climática”.

“No avalamos proyectos que generen daño ambiental y avancen sin licencia social”, señaló la especialista, quien sostuvo que la eventual sanción de estas modificaciones “debilitarían la ley en un contexto de sequías crecientes es una irresponsabilidad”.

Según Serra, “los glaciares están retrocediendo a una velocidad alarmante. No lo decimos nosotros, lo dice la ONU y sobre todo los más pequeños y son justamente los glaciares más vulnerables los que hoy se quieren dejar sin protección”.Para la especialista, “desproteger el ambiente periglacial implica menos agua, menos alimentos y más riesgo lo que afecta directamente a la población y al medioambiente. Más de 7 millones de argentinos viven en cuencas abastecidas por glaciares. El ambiente periglacial es agua congelada, por ende, es una reserva estratégica que sostiene los caudales de los ríos incluso en años secos”.

El proyecto ingresó este martes por la mañana al Senado, y la intención del oficialismo es debatirlo en el recinto antes del 31 de diciembre, cuando vence el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso.

Este es el documento del proyecto