La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el convenio firmado entre el Gobierno provincial e YPF para concretar la salida de la petrolera de áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge, una decisión que reavivó el debate sobre quién debe hacerse cargo del pasivo ambiental acumulado tras más de un siglo de explotación de hidrocarburos.
El acuerdo establece que YPF abonará una compensación extraordinaria de aproximadamente 25 millones de dólares, mientras la provincia asumirá la administración de las áreas que la empresa deja de operar y avanzará con las tareas necesarias para su saneamiento.
Sin embargo, distintos sectores políticos, sociales y ambientales cuestionan que esa cifra esté muy por debajo del costo real de la remediación, que algunas estimaciones ubican en torno a los 400 millones de dólares.
Una ley que habilita el acuerdo con YPF
Tras casi cuatro horas de debate y fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Legislatura convirtió el convenio en ley con 18 votos a favor y 9 en contra.
Durante el tratamiento se incorporaron modificaciones que buscaron responder a algunos de los reclamos del municipio de Comodoro Rivadavia, sin alterar el núcleo del acuerdo alcanzado entre el gobernador Ignacio Torres y la petrolera.
Entre los cambios, la norma establece que los 25 millones de dólares deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento e inversiones de interés público en Comodoro Rivadavia.
Además, se amplió la participación del municipio en el Consejo Consultivo que definirá el destino social de inmuebles, clubes y terrenos transferidos por YPF.
El punto más cuestionado: los pasivos ambientales
La mayor controversia gira en torno a la denominada cláusula de indemnidad ambiental, mediante la cual la Provincia renuncia a impulsar nuevos reclamos contra YPF por los pasivos ambientales asociados a las áreas comprendidas en el convenio.
El debate excede el monto económico: pone sobre la mesa el principio de “quien contamina paga”, incorporado en la legislación ambiental argentina.
La remediación de estos pasivos implica tareas complejas que incluyen estudios de suelo, tratamiento de zonas contaminadas, retiro de infraestructura abandonada, manejo de residuos peligrosos y monitoreo ambiental durante años.
Las críticas desde Comodoro Rivadavia
Uno de los principales cuestionamientos provino del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, quien durante las últimas semanas reclamó una mayor participación del municipio en la negociación y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el acuerdo para la ciudad.
También el exintendente Juan Pablo Luque cuestionó duramente la aprobación de la ley. “Se dan la mano y acuerdan a oscuras, los que pierden y se siguen contaminando son los comodorenses”, afirmó en Instagram.
Según sostuvo, “YPF no solo se desprende de los bienes que construyeron generaciones de trabajadores de Comodoro Rivadavia y se los da a la Provincia. También consigue algo todavía más grave: irse sin hacerse cargo del pasivo ambiental que dejó durante más de un siglo y dejando en claro que ya no le pueden reclamar”.
En ese sentido, agregó: “A cambio de 25 millones de dólares, pagaderos en dos cuotas, la Provincia acepta que la empresa se desligue de una contaminación incalculable. Total, los que se siguen contaminando son los comodorenses”.
Para Luque, la situación “es inadmisible”. “Los comodorenses entregaron durante 100 años el petróleo que impulsó el desarrollo de la provincia y del país. Hoy reciben como respuesta primero abandono, luego un acuerdo firmado a espaldas de quienes más sacrificaron y finalmente impunidad por el pasivo ambiental”, sostuvo.