Meta, de Facebook e Instagram, deberá pagar u$s25.000 millones al estado de Nuevo México, en Estados Unidos, luego de que la Justicia determinara que engañó a los usuarios sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos.
La sanción fue establecida el miércoles 21 de octubre por el juez Francis Mathew, tras un fallo de un jurado que responsabilizó a la compañía por más de 43 millones de infracciones a las normas de protección al consumidor.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la resolución como uno de los veredictos estatales más grandes contra una empresa en la historia estadounidense y sostuvo que debe funcionar como una advertencia para el sector tecnológico.
“Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, expresó durante una conferencia de prensa.
Según la Constitución estatal, el dinero recaudado por multas vinculadas con infracciones a las leyes de protección al consumidor se destina a la educación. Torrez señaló que los fondos podrían contribuir a financiar la construcción de escuelas durante décadas, aunque el cobro quedará sujeto al proceso de apelación que se espera que inicie Meta.
La empresa ya había anticipado que recurriría el veredicto. Sus abogados sostienen que el estado no demostró que los usuarios hubieran sufrido daños y cuestionan tanto la cantidad de infracciones como el monto de la sanción.
El caso Cambridge Analytica y los datos personales
La demanda se originó en el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que obtuvo información personal de millones de perfiles de Facebook y la utilizó para elaborar anuncios políticos dirigidos a votantes durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
La causa se centró en las acusaciones de que Meta había engañado a los usuarios sobre el control que tenían sobre sus datos, el acceso de terceros a esa información y la forma en que la plataforma moderaba contenidos, incluidos los relacionados con el discurso de odio y la desinformación.
En septiembre, un jurado concluyó que la compañía había cometido más de 43 millones de infracciones a la legislación de protección al consumidor de Nuevo México. Los integrantes del jurado analizaron 29 declaraciones de la empresa y sus directivos, y consideraron que 26 contenían afirmaciones falsas o engañosas sobre privacidad, manejo de datos y moderación de contenidos.
Durante el juicio, que se extendió por dos semanas, se presentaron testimonios grabados del director de Meta, Mark Zuckerberg, y de la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg.
Nuevo México llevó a Meta a juicio por su cuenta
Mientras otros estados optaron por acuerdos extrajudiciales, Nuevo México decidió continuar con su propia demanda.
En agosto, Meta alcanzó un acuerdo por US$18.000 millones con la mayoría de los estados y territorios que habían iniciado acciones relacionadas con la seguridad de menores y los daños asociados al uso de sus plataformas. Sin embargo, Nuevo México mantuvo su litigio por las acusaciones vinculadas con la privacidad y Cambridge Analytica, y en Australia Meta afronta otra demanda.
La sanción de US$25.000 millones supera ampliamente los US$5.000 millones que Facebook acordó pagar en 2019 a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para resolver una investigación sobre sus prácticas de privacidad.
La compañía también había pactado en 2022 el pago de US$725 millones para cerrar una demanda colectiva de consumidores vinculada con el uso de datos de Facebook.
Una nueva sanción en medio de los cuestionamientos a las redes sociales
El fallo se suma a otras decisiones judiciales contra Meta por sus prácticas comerciales y el impacto de sus plataformas.
A comienzos de 2026, un jurado de Nuevo México encontró a la compañía responsable de engañar a los usuarios sobre la seguridad de niños y adolescentes en sus servicios. Ese proceso derivó en una multa civil de US$375 millones y en una orden posterior de destinar otros US$567 millones a programas para abordar la crisis de salud mental juvenil en el estado.
Con el nuevo fallo, Nuevo México busca responsabilizar económicamente a Meta por la forma en que comunicó sus políticas de privacidad y gestionó la información personal de sus usuarios. El desenlace definitivo dependerá ahora de la apelación anunciada por la empresa.