El Gobierno nacional logró destrabar en el Senado el proyecto sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”, una de las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei y diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Tras semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió el respaldo necesario para llevar el texto al recinto en una sesión prevista para la próxima semana.
La propuesta incluye modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y, especialmente, en el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Este último punto fue el que generó mayores diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas.
La negociación estuvo encabezada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien alcanzó un entendimiento con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales luego de más de un mes de discusiones y de la circulación de trece versiones distintas del texto.
El objetivo central del Ejecutivo es eliminar el límite del 15% que actualmente establece la Ley de Tierras Rurales para la compra de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras. Esa restricción fue incorporada en 2011 y constituye uno de los principales obstáculos que el Gobierno busca remover dentro de su agenda de desregulación económica.
Venta de tierras a extranjeros: cuáles son los cambios que aceptó el Gobierno
Si bien el oficialismo logró mantener la eliminación del límite para la compra de tierras rurales por extranjeros, aceptó introducir una serie de modificaciones para conseguir los votos necesarios en el Senado.
Entre los cambios más importantes figura que las provincias conservarán la potestad de establecer regulaciones y restricciones para estas operaciones dentro de sus jurisdicciones.
Asimismo, el proyecto mantiene la prohibición para que los Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales en la Argentina.
Otra modificación establece que las empresas con participación estatal extranjera solo podrán comprar tierras si cuentan con autorización conjunta del gobierno provincial correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
La misma condición se aplicará para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
El texto incorpora además el criterio de “silencio administrativo positivo”. Esto significa que, si las autoridades no responden dentro del plazo previsto a un pedido de autorización para la compra de tierras, la operación quedará aprobada automáticamente.
De acuerdo con el proyecto, esa autorización “se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho”. Según la normativa vigente, ese plazo es de 60 días.
El oficialismo confía en que estas modificaciones permitirán alcanzar la mayoría necesaria para otorgarle media sanción a la iniciativa, aunque desde la oposición advierten que todavía podrían introducirse cambios antes de la votación definitiva.
Desalojos exprés y expropiaciones: los otros cambios del proyecto de Milei
Además del capítulo referido a las tierras rurales, la iniciativa incorpora reformas importantes al régimen de desalojos.
El proyecto establece que las acciones judiciales de restitución de inmuebles deberán tramitar por el procedimiento sumarísimo, lo que reduciría significativamente los tiempos de resolución.
En los casos de ocupaciones ilegales, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble durante cualquier etapa del proceso judicial.
No obstante, durante el debate parlamentario el Gobierno aceptó modificar el texto original para diferenciar a los inquilinos de los ocupantes ilegales.
En las situaciones de falta de pago de un alquiler destinado a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al locatario y esperar un plazo de diez días corridos antes de iniciar la demanda de desalojo.
El proyecto también incorpora la validez de las notificaciones electrónicas y dispone que los jueces contemplen situaciones de vulnerabilidad cuando existan menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, otorgando un plazo para que intervengan los organismos competentes y se garantice una alternativa habitacional.
En materia de expropiaciones, el Gobierno aceptó limitar la indemnización por lucro cesante, que no podrá superar el 30% del daño emergente, y reforzó el criterio de que toda declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva, justificando de manera concreta la necesidad de la expropiación.
Con este acuerdo político, el oficialismo busca aprobar una de las reformas consideradas prioritarias por la administración de Javier Milei antes del inicio del receso legislativo, previsto para el 20 de julio. El principal objetivo es conservar el capítulo que elimina el límite para la venta de tierras rurales a extranjeros, considerado uno de los pilares de la estrategia de desregulación impulsada por el Gobierno.