La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó que la planta de Atanor en San Nicolás provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná. Con el rechazo al recurso presentado por la empresa, quedó firme una sentencia que la responsabiliza por la contaminación del curso de agua mediante efluentes industriales y que también expone serias deficiencias en los controles realizados por organismos provinciales.
La causa judicial se inició hace más de una década a partir de una denuncia impulsada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que advirtió sobre irregularidades en la operatoria de la empresa y en los mecanismos de fiscalización ambiental. El máximo tribunal comenzó a analizar el expediente en 2023 y ahora ratificó el fallo que considera acreditada la existencia de contaminación con compuestos agroquímicos por encima de los límites permitidos.
La resolución adquiere una relevancia especial luego de los episodios registrados en los últimos años en la planta de San Nicolás, entre ellos la explosión de un reactor ocurrida en 2023, que dejó un trabajador herido y obligó a evacuar a vecinos de la zona, quienes denunciaron problemas respiratorios y la presencia de residuos sobre viviendas, vehículos y espacios públicos.
A este escenario se suman recientes estudios difundidos por Greenpeace Argentina, elaborados a partir de análisis del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Conicet), que detectaron residuos de agroquímicos y productos de degradación asociados a la actividad de Atanor en descargas pluviales que desembocan en el río Paraná. Entre las sustancias identificadas figuran glifosato, AMPA, atrazina y distintos metabolitos, incluyendo una muestra con concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
Qué determinó la Justicia sobre la contaminación del río Paraná
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, sostuvo que el fallo marca un punto de inflexión en un conflicto ambiental que lleva décadas.
“La decisión constituye el capítulo más reciente de un conflicto ambiental que lleva décadas y que involucra a una de las principales industrias químicas instaladas en el corazón urbano de San Nicolás, a escasa distancia de barrios residenciales y a orillas del río Paraná”, indicó.
El letrado explicó además que el pronunciamiento del máximo tribunal provincial cobra mayor importancia frente a los nuevos episodios de contaminación registrados durante este año.
“El pronunciamiento de la Corte Suprema bonaerense adquiere una relevancia todavía mayor frente a nuevos episodios de contaminación detectados durante 2026 y a los crecientes interrogantes sobre la extensión del daño ambiental y la dudosa eficacia de los controles desarrollados por los organismos provinciales”.
Según surge de la sentencia, la Justicia dio por acreditada la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos y concluyó que los tratamientos implementados por la empresa resultaban insuficientes para eliminar los contaminantes antes de su descarga.
Maggi destacó además que el fallo reconoce la existencia de irregularidades tanto empresariales como estatales.
“Durante décadas, miles de personas han vivido alrededor de un complejo químico instalado dentro de la ciudad y junto a uno de los cursos de agua más importantes del país. La sentencia obliga ahora a formular una pregunta elemental: si la propia Justicia comprobó que existieron contaminación, irregularidades empresariales y controles estatales insuficientes, ¿cuál fue la verdadera extensión territorial y temporal de esa contaminación y qué medidas se adoptaron para determinar sus posibles consecuencias sobre el ambiente y la población circundante?”.
Controles ambientales, relocalización de Atanor y el reclamo por una investigación integral
El fallo también pone el foco sobre la actuación de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires.
Maggi sostuvo que la Corte identificó un “marco de ilegalidad” en el funcionamiento de la empresa y cuestionó la actuación de las autoridades responsables de fiscalizar una actividad considerada de alto riesgo ambiental.
“Entre los aspectos más preocupantes, la sentencia señala expresamente la falta de controles suficientes por parte de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, organismos que no verificaban todos los compuestos relacionados con la actividad desarrollada por Atanor”.
El abogado remarcó además que la ciudad todavía necesita conocer la verdadera dimensión del daño ambiental acumulado durante décadas.
“Esta definición resulta fundamental para una ciudad que todavía necesita respuestas claras sobre la dimensión real de la contaminación histórica, la presencia de sustancias químicas en diferentes componentes ambientales y la eficacia de las medidas adoptadas para evitar la continuidad o expansión del daño”.
En ese sentido, afirmó que la contaminación atribuida a la actividad de Atanor dejó de ser únicamente un reclamo de organizaciones ambientales para convertirse en un hecho reconocido judicialmente.
Finalmente, insistió en que el Estado debe avanzar con una investigación mucho más amplia.
“Si durante años existieron contaminación, controles insuficientes y una población viviendo en las inmediaciones de una industria química de alto riesgo, el Estado tiene ahora la obligación de explicar hasta dónde llegó esa contaminación, cuánto tiempo persistió, qué sustancias permanecen actualmente en el ambiente y qué medidas concretas se adoptarán para proteger a quienes viven en el territorio afectado. Después de esta sentencia ya no alcanza con controlar algunos puntos, analizar algunas sustancias o producir informes administrativos aislados. San Nicolás necesita una investigación ambiental integral, independiente y transparente que permita conocer la verdadera dimensión de una contaminación histórica que durante demasiado tiempo convivió, y aún convive, con la ciudad”.
Mientras tanto, Atanor avanza con el proceso de relocalización de su planta luego de que la Justicia ordenara el cese definitivo de la producción de agroquímicos en San Nicolás. Organizaciones como Greenpeace Argentina y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) solicitaron que las tareas de desmantelamiento y limpieza se desarrollen bajo estrictos controles ambientales para evitar nuevos episodios de contaminación durante el traslado de las operaciones.