Una comunidad indígena denuncia que cedieron tierras ancestrales a un club de rugby en Salta

Las comunidades indígenas están en alerta en varias provincias del país. En Salta, la Comunidad Indígena Lule anunció que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la cesión de un predio ubicado en Finca Las Costas, en la localidad salteña de San Lorenzo, al Tigres Rugby Club.

El conflicto surgió luego de que la Legislatura provincial aprobara la Ley N.º 8543, que habilita al Gobierno de Salta a entregar en comodato un terreno de 88.756 metros cuadrados —casi nueve hectáreas— a la institución deportiva durante 25 años.

Un territorio histórico

Según la norma, el espacio será destinado a ampliar la infraestructura del club, que deberá realizar las obras previstas en un plazo de cinco años. También contempla la entrega de becas deportivas para niños y adolescentes y el uso de las instalaciones por parte de escuelas públicas y otras instituciones.

El espacio será destinado a ampliar la infraestructura del club, que deberá realizar las obras previstas en un plazo de cinco años.

Sin embargo, la Comunidad Lule rechaza la medida porque sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y que el Estado avanzó sin realizar una consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

David Torres, presidente de la comunidad, aseguró a medios locales que nunca fueron convocados antes de la aprobación de la ley y afirmó que el pueblo Lule mantiene una ocupación histórica en la zona, con antecedentes administrativos vinculados al relevamiento territorial establecido por la Ley Nacional 26.160.

Para la comunidad, el conflicto no se limita al uso del terreno, sino al valor cultural e histórico del territorio, donde aseguran desarrollar actividades productivas, prácticas tradicionales y conservar espacios de importancia para su identidad colectiva.

Tras la promulgación de la ley, los representantes indígenas anticiparon que solicitarán judicialmente la suspensión de la cesión y la nulidad de la norma. También advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable en el país, recurrirán a organismos internacionales.

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