Luego de dos décadas de denuncias por fumigaciones abusivas, las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas, ambas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco, declararon como ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local aplicaba la ley de Biocidas y apuntaron directamente contra las prácticas de fumigación y sus consecuencias llevadas adelante por la empresa Unitec Agro que pertenece al dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian.
La causa devela la sistematicidad que existe detrás de este tipo de prácticas, tal como se pudo comprobar en otro fallo judicial histórico vinculado al uso de glifosato en la provincia de Entre Ríos.
El establecimiento agropecuario se llama Don Panos, comprende un extenso campo de 50.000 hectáreas ubicado entre las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca. Pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que forma parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eurnekian.
El tema clave en esta historia es que en los límites de este establecimiento conviven alrededor de 150 familias de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco, cuyos integrantes integran la comunidad Qom (toba) y son quienes vienes denunciando desde hace décadas los efectos de las fumigaciones sobre sus cuerpos.
El último fallo de las juezas Prato Stoffel y Varas resulta clave porque reconoce que a pesar de que la provincia sancionó una ley que ponía distancias mínimas para las fumigaciones, la empresa en cuestión hizo lo que quiso, con la consecuente afectación a salud de las comunidades lindantes, sus animales y cultivos.
“Las avionetas pasaban por arriba de nuestras casas con veneno. Cuando fumigaban todos los años, todos los meses, con el tiempo no crecía ni el pasto. No podíamos sembrar nuestros cítricos. Cuando vino esa empresa, todito se fundió. Además, la mayoría de los que viven en la comunidad tienen problemas de salud”, detalló – en diálogo con Economía Sustentable– Rosalba Peñaloza, una mujer Qom de 34 años que aun anhela los jardines y huertas florecientes de su niñez.
Un fallo histórico
El argumento de fondo en las denuncias vinculadas al uso de agroquímicos –que por su mal utilización se convierten en agrotóxicos– se repite en cada caso. Los reclamos de la comunidad Qom afectada por el uso de avionetas para la fumigación se centran en los problemas de salud registrados cada vez que pasaban con los agroquímicos, la pérdida de cultivos destinados al autoconsumo de las familias y la muerte de sus animales.
“Esta situación afecta directamente a las comunidades indígenas y rurales de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco, quienes desde al menos el año 2006 vienen denunciando ante organismos policiales, fiscales, legislativos y administrativos la persistencia de las fumigaciones y sus consecuencias sobre su salud, sus cultivos, sus animales y sus fuentes de agua —como surge de las actuaciones obrantes en la Actuación N° 3179/11 del Defensor del Pueblo de la Nación- y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia, exponiéndolas a riesgos que el ordenamiento jurídico impone prevenir de manera prioritaria”, puede leerse en la sentencia de las magistradas Prato Stoffel y Varas.
El fallo destacó un informe del Conicet que detectó “glifosato en el agua de pozo de Campo Medina en concentración de 88,5 ng/ml, y en una laguna de Campo Nuevo en una cantidad de 2,2 ng/ml. También se lo verificó en el Río Bermejo (2,6 ng/ml) y en el Río Guaycurú (2,6 ng/ml), vinculando expresamente dicha presencia con la aplicación masiva de agroquímicos en la región”.
“Fueron afectadas comunidades indígenas Qom, a quienes el derecho internacional les reconoce el derecho a conservar y desarrollar su identidad cultural, sus formas de vida tradicionales y su especial relación espiritual, social y económica con las tierras, territorios y recursos naturales de los que dependen para su subsistencia”, concluyeron las magistradas, que le ordenaron al Poder Ejecutivo provincial a trazar una línea agronómica de restricción respecto de las viviendas y que se construya en el plazo de diez días un Registro Epidemiológico y de Estadísticas Sanitarias.
El fallo también condenó a las dos empresas vinculadas a la Corporación América. “Condenar a Marfra y Unitec Bio a abstenerse de realizar fumigaciones aéreas y terrestres, dentro del área de exclusión de la línea agronómica a trazar por parte de la Provincia del Chaco, la que se extenderá desde las viviendas de la población rural de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco de Presidencia Roca, e incluirá las reservas y fuentes o reservorios de agua de las chacras familiares”, puede leerse en la parte resolutiva de la histórica sentencia judicial.
Denuncias por contaminación y problemas de salud, en primera persona
“Se enferman nuestros hijos, principalmente los chiquititos, les agarran diarrea y manchas en la cara. Hay médicos que vienen, dan un diagnóstico pero nunca dicen que se enferman del veneno. Ojalá vayan y miren cómo estamos nosotros”. Así se expresaba Mariano Peñaloza durante una audiencia convocada en la legislatura provincial en 2011 en la que se trató la ley de biocidas cuestionada por el reciente fallo judicial.
Rosalba es la hija de Mariano Peñaloza; ella es una de las chiquitas que se enfermaba ante cada fumigación y así le siguió pasando hasta que la Justicia intervino con una primera medida cautelar.
“Yo tengo esos problemas. Una vez me hice un análisis, no se confirmó si era una piedrita. Creo que los doctores saben que es del veneno por eso no nos dicen a nosotros. A mi sobrino lo operaron y le dijeron primero que era su vesícula, luego apendicitis. Nunca nos dicen la verdad. La mayoría de los que viven en la comunidad tienen ese problema”, añadió Rosalba en diálogo con Economía Sustentable.
“Las fumigaciones arrancaron en el año 2000. Hubo denuncias. La comunidad se vio muy afectada, hasta los animales. Hay una cañada que viene desde el establecimiento Don Pano, cuando ellos fumigan, por más que se frenen a 500 metros, el agua contaminada corre para donde está la comunidad, viene desparramando. Hubo un tiempo en que frenaron. Pero cuando ven que nadie se levanta, que nadie se queja, ahí empiezan a fumigar nuevamente”, destacó Carlos Alonso, otro integrante de la comunidad Campo Nuevo, cuyas tierras forman parte de la primera colonia Pampa del Indio negociadas por el cacique Juan Mayordomo Tomás, alias Taigoyi.