Reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno busca destrabar inversiones y redefine el debate ambiental
Javier Milei impulsa cambios que podrían habilitar nuevas inversiones mineras, en medio de tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental.
El Congreso retoma el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua y limitar actividades productivas en zonas sensibles.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
Entre sus principales puntos, la ley establecía:
- Protección de glaciares y ambiente periglacial como reservas de agua
- Conservación de la biodiversidad
- Prohibición de actividades como minería, hidrocarburos o infraestructura en áreas protegidas
- Creación de un inventario nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
La reforma que impulsa el oficialismo -ya aprobada en el Senado- busca redefinir los límites de esas áreas protegidas, un punto que generó críticas de organizaciones ambientales que advierten sobre posibles riesgos para los ecosistemas.
Inversiones, minería y el reclamo de las provincias
El Gobierno sostiene que la ley actual genera un “vacío jurídico” que frenó inversiones, especialmente en minería de cobre. En ese contexto, la iniciativa propone:
- Acotar la definición de ambiente periglacial a zonas con hielo permanente o función hídrica comprobada
- Evitar restricciones amplias en la Cordillera de los Andes
- Impulsar inversiones mineras en los próximos 10 años
Entre los proyectos en carpeta se destacan:
- Proyecto Vicuña (BHP y Lundin) en San Juan: u$s18.000 millones
- Proyectos de Glencore en San Juan y Catamarca: u$s13.300 millones
- Iniciativas de First Quantum Minerals en Salta: u$s5.250 millones
- Proyecto de McEwen Copper en San Juan: u$s2.700 millones
Además, las provincias mineras -como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza- impulsan la reforma bajo el argumento de fortalecer el federalismo y su control sobre los recursos naturales.
Desde estos distritos aseguran que una normativa más clara permitiría:
- Acelerar estudios de impacto ambiental
- Generar mayor previsibilidad jurídica
- Facilitar el acceso a financiamiento internacional
El debate de fondo sigue abierto: mientras el Gobierno apuesta a potenciar inversiones millonarias mediante herramientas como el RIGI, sectores ambientalistas advierten que los glaciares son reservas estratégicas de agua y que cualquier cambio en su protección podría tener impactos irreversibles.
