PyMEs en riesgo: advierten que podrían desaparecer más de 30 productoras de biodiesel

Las empresas Pymes Regionales elaboradoras de Biocombustibles nucleadas en CEPREB, reclamaron “la inmediata intervención del Poder Ejecutivo y de su máxima autoridad el Dr. Alberto Fernández“.

Más de 30 empresas la mayoría de ellas del interior del país, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, entre otras localidades, se encuentran hoy paralizadas y al borde de la desaparición junto con las más 10.000 fuentes de trabajo que generan como consecuencia del incumplimiento, desde el mes de diciembre de 2019 de la publicación del precio actualizado por parte de la Secretaria de Energía”. 

“Más del 80 % del costo de la producción del biodiesel es el aceite de soja, que desde el pasado mes de diciembre, lleva acumulado más del 25% de aumento, haciendo imposible cubrir los costos de producción y mantener nuestras plantas operativas”, argumentó CEPREB.

Según la entidad, estas empresas, hoy en riesgo de desaparición, son “el resultado positivo de la aplicación de la ley 26.093 promulgada en el año 2006 durante el mandato del Ex Presidente Dr. Néstor Kirchner.

En esa época se fomentó el desarrollo de los biocombustibles como política de estado, dictando el corte obligatorio de los combustibles y promoviendo la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino”.

“Confiamos que las máximas autoridades del país tomarán nota de esta delicada situación e intervendrán haciendo cumplir la ley y de esta forma proteger las fuentes de trabajo, la industria nacional y el desarrollo de muchas localidades del interior del país que son el resultado del desarrollo productivo, de inversiones privadas y de una mirada federal de un país, que debe imperiosamente recuperar la senda del crecimiento y el bienestar de su gente”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

Cuerda floja

El sector se rige por un precio que debe ser publicado por la Secretaría de Energía a inicios de cada mes, que es el que luego deben pagar las petroleras para realizar el corte de gasoil. 

El valor surge de una fórmula que tiene en cuenta diversas variables que hacen al costo del sector, como es la variación del valor de insumos y del tipo de cambio.

Pero desde diciembre del año pasado, el corte no se actualiza, con el agravante de que el gobierno anterior de Cambiemos modificó la fórmula original generando que dicho valor se ubicara muy por debajo de las necesidades de estas empresas para poder operar.

En este contexto, el problema surge porque desde enero que el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas no actualiza el precio del biodiesel, a pesar de que los costos continuaron  creciendo, como el del aceite vegetal que se incrementó en más de u$s100 la tonelada en los últimos meses.

También debido a que no se está cumpliendo con la Ley de Biocombustibles, que obliga a las petroleras a incluir en sus naftas un corte de 12% de etanol de maíz o caña y de 10% de biodiesel en el gasoil.

Todos datos que obligan a los sindicatos de esta industria a reiterar los riesgos que corren miles de trabajadores en empresas de todo el país debido a que desde el Gobierno hacen “oídos sordos” a los reclamos del sector. 

Por lo menos, así lo aseguró Rubén Pérez, secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de la localidad santafesina de San Lorenzo, donde se agrupa una gran cantidad de empresas productoras.

Mediante un encuentro vía Zoom del que participó Economía Sustentable, el dirigente gremial manifestó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades nacionales.

En especial, de  la Secretaría de Energía de la Nación, ahora a cargo de Darío Martinez y cuyas funciones pasaron a depender del Ministerio de Economía.

“Estamos en septiembre y sigue ausente el precio del biodiesel porque el gobierno nacional va a contramano de la ley”, sentenció Pérez, quien recordó que su sindicato ya mantuvo un encuentro con el ministro Kulfas para analizar diferentes variantes al  conflicto.

“Lo visitamos en febrero y no nos escuchó, por lo que el sector se  encuentra paralizado y hasta ya varias industrias debieron cerrar sus puertas por falta de normas claras”, aseguró el dirigente sindical.

En su exposición, Pérez recordó que  “Santa Fe es la principal provincia de desarrollo de la actividad”, pero advirtió que no se entrega el producto ni se cuenta con la materia prima suficiente para poder realizar los cortes en los  combustibles. 

“Nuestro objetivo es que el Gobierno no siga con promesas que no se cumplen o que este Gobierno, que es peronista, no no tome cartas en el asunto ante la necesidad de los trabajadores”.

Por su parte,  Mario Lavia, en representación de la Federación Nacional  del Petróleo y Gas Privado, reiteró las “innumerables” propuestas acercadas por los sindicatos para resolver la crisis y terminar con las complicadas situaciones que atraviesan las empresas. 

“No hay una política direccionada a la actividad. No lo entendió el gobierno anterior ni lo entiende el actual. El tema no solamente pasa por cuidar las economías regionales, sino también por defender los puestos de trabajo”, reclamó.

Para el dirigente gremial, el sector atraviesa por una “situación muy crítica” en la que peligran miles de puestos de trabajo, con empresas en la provincia de Buenos Aires que “literalmente paradas desde principios de agosto”.

Reclamo en conjunto

Por su parte, Juan Facciano, referente de la Liga Bioenergética y Presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, coincidió con los sindicalistas e informó sobre la existencia de un centenar de pequeñas industrias que no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos bancarios.

Ante una pregunta del medio local SL24 sobre la participación de YPF en la mesa de diálogo, el empresario acusó a la petrolera estatal de ser una de las principales responsables de los problemas del sector. “Es la que peor paga y más que ofrecer respuestas, perjudicó a la industria”, acusó.

Lo mismo sostuvo Lavia, para quien la empresa que preside Guillermo Nielsen “no aporta ninguna clase de solución a los problemas”.

Con respecto a las medidas de fuerza que los gremios podrían tomar para evidenciar el conflicto, los gremialistas explicaron que no pueden tomar acciones de este tipo con las plantas paralizadas o con otras que se encuentran produciendo al 30% de la capacidad, en especial en la zona de Santa Fe.

“Hay plantas que no pagarán los sueldos de agosto, entre otras medidas forzadas que se ven obligados a tomar” porque la producción es casi inexistente sostuvo  Pérez.

A modo de propuestas, durante el encuentro virtual se habló sobre la necesidad de, por ejemplo, la Nación y las provincias retomen el fomento de la industria de los biocombustibles a través de políticas de alcance federal, brindando seguridad jurídica y previsibilidad. 

También, que se aproveche al máximo la capacidad de producción instalada, que se aumenten los porcentajes de corte obligatorio y se permita la apertura de nuevos nichos de mercado orientados al transporte público de pasajeros y carga a nivel nacional, sector agrícola, generación eléctrica.