Productores argentinos reclaman a Europa que postergue la normativa sobre deforestación

Además de enfatizar la necesidad de que los productores argentinos se adapten a las normativas y requisitos emergentes en diversos mercados globales para reducir el impacto ambiental, Argentina está liderando una importante solicitud ante la Unión Europea.

“El Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, actualmente presidido por nuestro país, ha solicitado a la Unión Europea una prórroga”, afirmó el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.

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A qué se refiere

A la normativa 2023/1115 de la Unión Europea, que regula la “deforestación inducida” en productos destinados a sus mercados. El plazo establecido para productos como la soja y la carne es el 1 de enero de 2025.

Según el sector agrícola argentino y altos funcionarios del Gobierno en este ámbito, consideran que la fecha es demasiado cercana.

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“Estas certificaciones no son obligatorias para nadie, son un mecanismo que nos están imponiendo algunos consumidores. Pero la pregunta es si queremos vender o no, porque si queremos hacerlo en ese mercado, más allá de la discusión que queremos dar, hay que cumplir con ese requisito”, recordó Vilella.

Deforestación: el pedido

El académico formó parte de uno de los paneles del reciente Foro de Comunicación Agropecuaria (COMAG) de Córdoba, organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios de esa provincia (CIPAG), en una charla que compartió con Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, y que fue moderada por el jefe de redacción de Infocampo, Favio Ré.

Allí, Vilella valoró que también Estados Unidos realizó un pedido en el mismo sentido, de postergar la fecha en que comenzará a regir esta normativa.

“Ellos esta semana han pedido lo mismo, porque no está bien terminada de conformarse. Veremos cómo termina resultando, porque también hay debilidades desde la parte europea acerca de la formulación y las exigencias”, evaluó.

Y sumó: “Daría la impresión de que no están dadas las condiciones para que esa obligatoriedad se sostenga a partir del 1° de enero. Por eso desde nuestros países estamos pidiendo una postergación”.

En ese sentido, en el Gobierno entienden que la reciente elección por los representantes del Parlamento Europeo incide en la situación.

Más allá del pedido formal y la intención, en la cartera agropecuaria son cautos. Casi escépticos. “Todo indica que por ahora no se moverá la fecha”, comentaron ante la consulta del medio Infocampo.

“Eso necesita que la contraparte lo entienda y lo reciba. Hasta el momento, eso no ocurre, nos piden otras cosas. Estamos en eso”, cerró Vilella.