La presencia de China en la pesca del Atlántico Sur tiene una dimensión que va mucho más allá de los cientos de buques que cada año se concentran frente al límite de las 200 millas argentinas. Un relevamiento sobre las estructuras societarias de la flota potera argentina sostiene que capitales chinos controlarían 53 de los 84 buques habilitados para capturar calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
El número representa el 63,1% de la flota argentina dedicada a la captura de Illex argentinus. En contraste, el estudio estima que apenas el 17,9% de la propiedad de esos barcos corresponde a capitales estrictamente argentinos.
El dato surge del informe China y el control de la pesca dentro de la ZEE de Argentina, elaborado por el especialista en conservación marina y pesca ilegal Milko Schvartzman y retomado el 28 de agosto por Diálogo Américas. El trabajo analizó permisos de pesca, registros corporativos y estructuras de propiedad de los 84 poteros autorizados a operar dentro de aguas argentinas.
La investigación plantea así una diferencia clave: la bandera de un barco no necesariamente revela quién controla económicamente la empresa que lo posee.
Los 53 buques señalados por el informe no forman parte de la flota extranjera que opera más allá de las 200 millas. Son embarcaciones que navegan bajo pabellón argentino y cuentan con permisos para pescar dentro de la ZEE conforme al régimen nacional. El punto cuestionado por el relevamiento está en la estructura de capital de las compañías propietarias y en quiénes serían sus beneficiarios finales.
La información suma una nueva dimensión a la discusión sobre la presencia china en el Atlántico Sur. Mientras el seguimiento de la milla 201 permite observar la actividad de las flotas extranjeras en aguas internacionales, el análisis societario muestra que una parte significativa del capital chino también participa desde dentro del sistema pesquero argentino.
Capitales chinos controlan el 63% de la flota argentina de calamar
El informe identifica entre los principales actores vinculados con esta estructura a China National Fisheries Corporation (CNFC), Shanghai Fisheries Group, Zhejiang Ocean Family, Qingdao Haoyang Ocean Fishery y Dalian Huafeng Aquatic Products.
Algunas de estas compañías son estatales o mantienen vínculos con estructuras empresariales públicas chinas, mientras que otras pertenecen al sector privado. Según el relevamiento, desde mediados de la década de 2000 distintos grupos comenzaron a adquirir empresas argentinas, crear subsidiarias locales y registrar embarcaciones bajo bandera nacional para participar de la pesca dentro de las 200 millas.
El mecanismo permite que una sociedad constituida en Argentina sea propietaria de barcos registrados bajo pabellón argentino y habilitados por las autoridades nacionales, aunque detrás de esa estructura exista capital extranjero.
Por eso, observar solamente la nacionalidad de los buques puede ofrecer una fotografía incompleta del negocio.
El fenómeno tiene un paralelo en las aguas internacionales. Durante agosto, distintos seguimientos mostraron la concentración de pesqueros chinos, surcoreanos y españoles frente al límite de la ZEE argentina. En algunos casos, los buques aparecen registrados bajo banderas de terceros países, mientras sus propietarios o administradores mantienen vínculos corporativos con China u Hong Kong.
Dentro de la ZEE, el esquema funciona de otra manera: los barcos pueden ser formalmente argentinos mientras el capital que controla a sus propietarios se encuentra vinculado con compañías extranjeras.
El informe sostiene además que algunas de estas corporaciones mantienen simultáneamente buques autorizados para pescar dentro de la ZEE argentina y flotas de aguas distantes que operan fuera de ella, sobre poblaciones migratorias del mismo recurso.
La estructura genera una situación particular: una misma empresa puede participar de la explotación del calamar desde distintos espacios marítimos y bajo diferentes regímenes regulatorios.
Una estructura que también impacta en las exportaciones
La cuestión no se limita al control de los barcos. El relevamiento también analiza las condiciones comerciales que enfrentan las compañías vinculadas con capitales chinos.
De acuerdo con documentación china analizada por Schvartzman, determinados productos obtenidos por empresas pesqueras de ese país en aguas extranjeras pueden ingresar posteriormente al mercado chino bajo un tratamiento equivalente al de productos nacionales. Según el informe, esto puede permitir acceder a beneficios fiscales y arancelarios.
La situación generaría una ventaja frente a empresas de capital argentino u otros países que capturan el mismo recurso bajo pabellón argentino y luego exportan hacia China.
El tema adquiere especial importancia por el peso que tiene el gigante asiático como destino de la producción pesquera argentina.
Durante 2025, Argentina exportó aproximadamente 193.000 toneladas de calamar por US$550 millones, mientras que China se ubicó como el principal comprador, con más de 124.000 toneladas por unos US$337 millones.
El informe sostiene que el eventual tratamiento fiscal diferencial puede representar una ventaja para las empresas controladas desde China. Sin embargo, su impacto concreto depende del volumen efectivamente capturado y exportado por cada compañía.
La discusión, por lo tanto, excede la pregunta sobre quién posee los barcos. También involucra quién captura el recurso, quién controla las empresas, dónde se procesa el producto y quién obtiene los beneficios de su comercialización.
China aumenta su presencia en la pesca del Atlántico Sur
La concentración de capital chino dentro de la flota potera argentina se suma a una presencia mucho mayor de embarcaciones de ese país en el Atlántico Sudoccidental.
Entre 400 y 600 pesqueros chinos operan cada año en la región, según las estimaciones citadas por Diálogo Américas. El esfuerzo pesquero chino habría aumentado un 85% entre 2019 y 2024.
La situación convive con un mayor despliegue de controles argentinos sobre la actividad pesquera dentro de la ZEE. Durante 2026, el país recuperó más de $5.381 millones mediante sanciones aplicadas a cuatro pesqueros extranjeros detectados realizando maniobras compatibles con pesca ilegal dentro de aguas argentinas.
Pero esos controles responden principalmente a una pregunta: qué hacen los barcos y dónde lo hacen.
El informe de Schvartzman plantea otra: quién controla económicamente a las empresas que ya tienen autorización argentina para explotar los recursos del Mar Argentino.
La diferencia es relevante porque permite observar una dimensión menos visible del avance de capitales extranjeros.
En las Islas Malvinas existe, además, otro modelo de participación extranjera. Distintos grupos pesqueros de Galicia operan mediante sociedades vinculadas con compañías registradas en las islas y derechos de pesca otorgados por la administración británica. Allí el peso de las asociaciones hispano-isleñas se concentra particularmente en la pesquería de Doryteuthis gahi, mientras que la flota potera argentina analizada en el informe está especializada en Illex argentinus.
Los modelos no son equivalentes, pero muestran un mismo problema de fondo: la presencia extranjera en el Atlántico Sur no puede medirse únicamente contando barcos y mirando sus banderas.
Sociedades locales, filiales, beneficiarios finales, permisos y estructuras de capital permiten que empresas extranjeras participen de pesquerías sometidas a distintas jurisdicciones.
En el caso argentino, el dato que emerge del relevamiento resulta significativo: 53 de los 84 poteros habilitados para pescar calamar dentro de la ZEE estarían bajo control directo o indirecto de capitales chinos.
Así, mientras cientos de buques extranjeros pueden verse cada temporada más allá de las 200 millas, una parte sustancial del negocio ya estaría integrada dentro de la propia flota argentina. La disputa por el calamar, entonces, no ocurre solamente en el límite del Mar Argentino: también se juega en los registros societarios, las empresas y los capitales que están detrás de cada barco.