La discusión sobre los pasivos ambientales que deja la actividad hidrocarburífera volvió a instalarse en el Congreso. El diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, presentó un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa, con el objetivo de establecer obligaciones concretas para las empresas petroleras cuando abandonan áreas de explotación.
La propuesta apunta a cubrir un vacío regulatorio que persiste desde hace décadas en Argentina: la ausencia de una normativa nacional que obligue a las compañías a hacerse cargo del cierre definitivo de los pozos y de la recomposición ambiental de los territorios afectados por la actividad extractiva.
Según plantea el proyecto, las empresas no deberían retirarse de los yacimientos una vez agotada la producción dejando los costos ambientales y económicos en manos del Estado, las provincias o las comunidades locales. Por el contrario, la iniciativa establece mecanismos para garantizar que los responsables de la explotación también asuman los costos de la reparación.
Remediación ambiental de pozos petroleros: qué propone el proyecto
Entre los principales puntos, la iniciativa contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos financiado mediante aportes obligatorios de las empresas concesionarias.
También propone la conformación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público, gratuito e irrestricto, además de exigir garantías financieras destinadas a cubrir las tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo posterior de los pozos.
Otro aspecto central es la incorporación de la responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras, incluso en casos de cesión de áreas, quiebra o disolución de las compañías. Asimismo, establece controles específicos para la transferencia de concesiones, incluyendo auditorías técnicas independientes y la acreditación de solvencia económica de los nuevos operadores.
La iniciativa surge en un contexto marcado por la salida de empresas de áreas convencionales, especialmente en la Cuenca del Golfo San Jorge. Entre los antecedentes recientes se encuentra el acuerdo firmado entre la provincia de Chubut e YPF por el área Restinga Alí y el traspaso de áreas maduras a otras operadoras.
En ese contexto, Glinski sostuvo: “Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos”.
Transición energética y empleo: el otro eje de la iniciativa
Además de la cuestión ambiental, el proyecto incorpora el concepto de transición energética justa, vinculando las tareas de remediación con la preservación y generación de puestos de trabajo en las regiones petroleras.
La propuesta considera que el abandono de pozos no debe interpretarse como el final de la actividad económica, sino como una nueva etapa productiva que requiere mano de obra especializada para realizar trabajos de ingeniería, monitoreo, sellado, restauración de ecosistemas y seguimiento ambiental de largo plazo.
Al respecto, Glinski afirmó que “el cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo”. Y agregó que esa tarea “implica ingeniería, monitoreo técnico, sellado, restauración ecosistémica y seguimiento durante años, esa tarea puede y debe ser realizada por quienes hoy ya saben hacerla: los trabajadores petroleros de las cuencas argentinas”.
El legislador señaló además que el objetivo es evitar que los costos ambientales terminen siendo afrontados con recursos públicos. “Esta ley parte de una idea muy simple: las petroleras tienen que hacerse cargo de los costos que generan. Queremos proteger el trabajo, cuidar el ambiente y evitar que los recursos públicos terminen financiando obligaciones que les corresponden a las empresas. El cierre de pozos y la remediación ambiental pueden generar empleo y oportunidades para nuestras comunidades. Si la riqueza salió de la Cuenca, los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca”, concluyó.
De avanzar en el Congreso, la iniciativa podría convertirse en una de las primeras herramientas nacionales orientadas específicamente a garantizar la remediación de pasivos ambientales hidrocarburíferos, en un contexto donde el cierre de áreas maduras y el debate sobre la transición energética ganan cada vez más relevancia en las provincias productoras.