¿Podríamos imitarla?: 7 puntos para entender la nueva “ley de residuos” española
La norma impondrá tasas de reciclaje más duras a los municipios y vetará la destrucción de excedentes de producción en la moda y aparatos eléctricos
El Consejo de Ministros de España tiene previsto poner en marcha un importante paquete normativo destinado a reducir el impacto de la actividad económica en el medio ambiente.
El modelo lineal actual ―basado en la extracción de materias primas, la producción, el consumo y la eliminación sin más de los desechos― ha llevado a que el país tenga unas bajas tasas de recuperación de sus residuos: se recicla solo el 37,8% de los desechos del país.
Reducir la generación de residuos un 15% en 2030 respecto a los niveles de 2010 está entre los principales objetivos que plantea la Estrategia Española de Economía Circular que se aprobará este martes.
También está previsto que se dé luz verde al anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que establece entre otras medidas el fin de objetos de un solo uso como cubiertos, pajitas o palitos de los globos en julio del próximo año.
El Ministerio para la Transición Ecológica calcula que la ley estará lista en el primer semestre de 2021 tras pasar el trámite parlamentario.
La preocupación sobre las toneladas de plásticos que están contaminando los mares y la tierra empujó a la Unión Europea a aprobar entre 2018 y 2019 normas para frenar la generación de residuos.
Esas directivas —en las que se establece, por ejemplo, el fin de esos objetos de un solo uso como las pajitas— deben incorporarlas a su legislación todos los miembros de la UE. Con la pandemia de la covid-19 los productores de plástico y algunas industrias han reclamado a la Comisión Europea que frene esas normas o que cambie los calendarios de aplicación.
Sin embargo, fuentes de la Comisión dejaron claro la semana pasada que no se plantean paralización alguna. “No hay marcha atrás y los Estados miembros tienen la obligación de cumplir con la norma y los plazos”, advirtieron a EL PAÍS desde Bruselas estas fuentes.
Estas son algunas de las medidas más importantes de esa futura ley.
Pajitas y cubiertos
El anteproyecto recoge la prohibición de la venta de varios productos de un solo uso a partir del 3 de julio de 2021. Se trata, según establece la normativa europea, de los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y agitadores de bebidas, palitos para sujetar globos y recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
La norma española va un paso más allá que la directiva europea y veta también los cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente, algo reclamado desde hace años por las ONG ecologistas por los importantes daños que causan al medio ambiente estas minúsculas partículas.
Agua de la canilla gratis
Uno de los apartados en los que se centra el anteproyecto es el de las botellas de plástico. Por un lado, las Administraciones deberán instalar fuentes de agua potable en todas sus dependencias para reducir el consumo de agua embotellada.
Por otro, los bares y restaurantes estarán obligados a partir de la aprobación definitiva de la ley a ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita, sin perjuicio de que puedan vender embotellada.
Sistema de retorno de envases
La norma establece que el 77% de las botellas de plástico que se pongan en el mercado tendrán que recogerse separadamente en 2025. En 2029 se deberá llegar al 90%.
Ligado a este apartado —aunque incluye otros materiales como el aluminio— el anteproyecto abre la puerta a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno (como las máquinas que se emplean en muchos países europeos que devuelven unos céntimos al consumidor por cada envase retornado).
Destrucción de excedentes
La futura ley prohíbe a partir de 2021 la destrucción de los excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes y aparatos eléctricos. Y a partir de 2025 deberá existir un sistema de recogida separada de la ropa usada.
La norma también intenta abordar el desperdicio alimentario con medidas para reducir estos residuos. Y establece los criterios para que determinados desechos pueden utilizarse de nuevo.
Respecto a la llamada obsolescencia programada, el texto recoge que “habrá que fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables”.
Residuos municipales
España recicla poco más del 46% de sus residuos urbanos y el anteproyecto fija objetivos para aumentar esas pobres tasas. Establece que en 2025, el 55% de los residuos municipales generados deberán reciclarse o reutilizarse. En 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Los sistemas de recogida separados son fundamentales para lograr esas metas.
El texto de la norma establece que todos los municipios de más de 5.000 habitantes deberán tener antes de 2022 recogida separada de los biorresiduos (es decir, los contenedores marrones de orgánica que ya tienen implantados algunas localidades); los pueblos de menos de 5.000 habitantes tendrán hasta 2024.
Envases de comida para llevar
El texto fija restricciones para los envases de plástico y recipientes de un solo uso de alimentos para consumir en restaurantes y para llevar a los domicilios.
A partir de 2023 dejarán de ser gratuitos y el precio de cada elemento deberá constar en el ticket de venta. Además, se deberán ir eliminando paulatinamente hasta llegar a una reducción del 70% en 2030 respecto a los niveles de 2022. Para ello, se deberán fomentar alternativas reutilizables y materiales que no sean plásticos.
Sanciones e información
La norma elaborada por Transición Ecológica actualiza también las sanciones para perseguir el abandono de residuos en el medio natural y la entrada en el país de residuos peligrosos.
Las multas estarán entre los 50.001 y los dos millones de euros dependiendo de si se trata de desechos peligrosos o no y del daño causado en la naturaleza y al ser humano con el abandono de esos desperdicios.
Por último, la ley también incide en el déficit de información existente sobre las tasas de reciclaje de muchos productos. Por ello, y en aplicación también de la normativa europea, obligará a los productores a declarar, por ejemplo, cuántos envases ponen en el mercado para saber así con certeza cuánto se recupera.
