Organizaciones ambientalistas denuncian trabas judiciales en la Ley de Glaciares

vista panorámica del glaciar Perito Moreno. Crédito: Archivo

Las organizaciones ambientales que impulsaron una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares denunciaron este viernes nuevas trabas en su tramitación judicial.

Según señalaron en un comunicado de prensa, el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, ordenó “restringir el acceso al expediente original y derivó a los demandantes a la causa iniciada por el gobierno de La Pampa, sin que se incorporaran allí los argumentos jurídicos, las pruebas técnicas ni las adhesiones de más de 850.000 personas”.

La acción fue presentada el 5 de mayo de 2026 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con organizaciones y asambleas territoriales de distintas provincias. El reclamo busca que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y se suspenda su aplicación en todo el país.

El expediente, identificado como Esquivel (FBB 5866/2026), tramita ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. De acuerdo con las organizaciones, a más de seis meses de su presentación todavía no hubo una resolución sobre las medidas cautelares solicitadas para evitar posibles daños ambientales irreversibles ni sobre el planteo de inconstitucionalidad.

Por qué empezó el conflicto en el expediente de La Pampa

El conflicto se profundizó después de que, el 8 de octubre, Baric declarara la conexidad de la demanda colectiva con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa.

Según el comunicado de las organizaciones, el 12 de noviembre el magistrado informó que un escrito presentado por el equipo legal para reclamar una resolución de las medidas cautelares había sido archivado sin tratamiento. Además, ordenó restringir la totalidad del expediente y remitió a los demandantes a actuar en la causa pampeana.

Sin embargo, las entidades sostienen que, al consultar el expediente electrónico de La Pampa, comprobaron que no estaban incorporados la demanda colectiva, sus fundamentos jurídicos, la documentación técnica ni las firmas de más de 850.000 ciudadanos y ciudadanas.

“Hoy, en términos operativos, el reclamo colectivo en defensa de los glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial, sin garantías claras de que sea efectivamente tratado”, advirtieron.

Las organizaciones cuestionaron que la unificación de las causas pueda dejar sin revisión los planteos específicos de la acción colectiva. En ese sentido, señalaron que el expediente contiene documentación sobre amenazas concretas a ambientes glaciares y periglaciares, entre ellas los riesgos que atribuyen al proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para el glaciar de escombros GE110, en San Juan.

También recordaron que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó en septiembre el rechazo de la medida cautelar solicitada por la provincia de La Pampa. Para las entidades, ese antecedente no debería impedir que se analicen las pruebas y los argumentos propios de la demanda colectiva.

Qué reclaman las organizaciones y cuál fue su último recurso

Ante las últimas decisiones del juzgado, los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El pedido busca que Baric revierta el archivo del escrito presentado en octubre y deje sin efecto la restricción del acceso al expediente. Si el juez rechaza el planteo, solicitaron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Además, reclaman que se incorporen formalmente la demanda, sus fundamentos, toda la prueba documental y las adhesiones ciudadanas al expediente en el que se tramite la causa. También exigen que se resuelvan las medidas cautelares pendientes y se garantice el tratamiento de todos los planteos de inconstitucionalidad.

La demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares recibió más de 850.000 adhesiones y fue impulsada por organizaciones ambientales, asambleas territoriales y referentes sociales de distintas partes del país.

Las entidades sostienen que la demora judicial puede tener consecuencias sobre ecosistemas que consideran expuestos a intervenciones irreversibles. “En materia ambiental, el tiempo procesal no es neutro: cada mes sin tutela judicial efectiva expone ecosistemas glaciares y periglaciares a intervenciones irreversibles”, plantearon.

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