La expansión de la megaminería en Río Negro avanza sobre un territorio donde las comunidades mapuche reclaman respuestas que, según denuncian, todavía no llegan: qué efectos puede tener la actividad extractiva sobre la salud de quienes viven allí y, particularmente, sobre las mujeres en edad fértil.
Desde noviembre de 2024, la provincia tiene habilitada la explotación de Calcatreu, un proyecto de oro y plata a cielo abierto ubicado en la Región Sur, en los departamentos de 25 de Mayo y Ñorquinco. El emprendimiento, desarrollado por Patagonia Gold, comenzó su etapa productiva en 2026 y es presentado por el gobierno de Alberto Weretilneck como uno de los primeros pasos de una nueva etapa minera para Río Negro, que ya contabiliza más de 60 proyectos en distintas etapas de desarrollo.
Mientras el Gobierno provincial destaca el potencial económico de la minería, comunidades mapuche de la zona expresan preocupación por sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias. El reclamo apunta especialmente a la exposición a metales pesados y a la falta de información epidemiológica que permita conocer cuál es el estado de salud de las poblaciones antes y durante el avance de los proyectos.
Calcatreu afecta actualmente a comunidades como Peñi Mapu, Nepun Cura, Putren Tuli Mahuida y Río Chico, que cuestionan que los permisos para avanzar con la exploración y explotación se hayan otorgado sin una consulta previa, libre e informada.
Ese derecho está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando determinadas medidas puedan afectar sus territorios.
“La megaminería va a traer contaminación con metales pesados y eso va a traer problemas endocrinológicos en todos, pero sobre todo en las mujeres y su sistema sexual y reproductivo. Pero el Estado no lo estudia ni mide, no les conviene”, explicó Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche, especialista en salud intercultural y doctora en Salud Colectiva, en diálogo con El Destape.
La especialista sostiene que metales como plomo, cadmio, mercurio y arsénico pueden afectar el sistema endocrinológico y alterar procesos hormonales relacionados con la función reproductiva. La exposición a determinados contaminantes ambientales ha sido estudiada por la comunidad científica en relación con alteraciones hormonales, dificultades para concebir y resultados adversos durante el embarazo.
El punto central del reclamo, sin embargo, no es solamente qué efectos podrían producir los contaminantes, sino la ausencia de información suficiente para establecer qué está ocurriendo actualmente en las comunidades y poder compararlo con lo que suceda en el futuro.
Megaminería en Río Negro y el riesgo para la salud reproductiva
“¿Sabemos cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro?”, plantea Azpiroz Cleñan.
La pregunta resume uno de los principales problemas que señala la especialista: sin datos sanitarios previos resulta mucho más difícil demostrar posteriormente la existencia de cambios en la salud de una población.
Según explicó, no existen registros suficientes que permitan analizar de manera sistemática indicadores como abortos espontáneos, alteraciones hormonales, infertilidad, exposición a contaminantes o pertenencia étnica.
“Lo que hago es anticiparme a un litigio judicial que seguramente en cinco o seis años va a suceder, y cuando lo hagan, las comunidades no van a tener evidencia con la que reclamar justicia y sus derechos”, sostuvo Azpiroz.
Por eso propone construir una línea de base epidemiológica que permita conocer el estado de salud de las mujeres en edad fértil antes de que se profundice la actividad extractiva. El registro debería contemplar antecedentes reproductivos, controles médicos, análisis clínicos y otros indicadores que puedan ser comparados a lo largo del tiempo.
“La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional”.
La discusión adquiere mayor relevancia porque la actividad minera puede desarrollarse durante décadas y generar transformaciones en los territorios, mientras que determinados efectos ambientales y sanitarios pueden requerir períodos prolongados para ser identificados.
Desde Patagonia Gold, en cambio, se sostiene que el proyecto cuenta con una Línea de Base Ambiental, estudios hidrológicos e hidrogeológicos y medidas de mitigación, monitoreo y cierre. La empresa afirma que, a partir de esos estudios, considera que el emprendimiento es compatible con el ambiente.
En abril de 2026, el proyecto completó además su tercer muestreo participativo de aguas. Sin embargo, desde las comunidades cuestionan que la salud sexual y reproductiva de las mujeres no sea contemplada como una variable específica dentro de estos controles.
La discusión, de esta manera, no enfrenta solamente dos posiciones sobre minería sí o minería no. También plantea una pregunta sobre qué se mide, quién produce la información y qué indicadores se utilizan para determinar si una actividad extractiva genera consecuencias sobre las poblaciones que viven cerca de los proyectos.
Comunidades mapuche reclaman tierras y acceso a la salud
El conflicto alrededor de Calcatreu tampoco comienza con la llegada de la minería. Las comunidades mapuche de Río Negro mantienen desde hace años reclamos por el reconocimiento y la titularización de sus territorios comunitarios.
La falta de reconocimiento jurídico de esas tierras constituye uno de los principales puntos de tensión con el Estado y con las empresas que desarrollan proyectos extractivos en la región.
La situación se volvió todavía más sensible durante el debate sobre la Ley de Tierras 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Aunque el oficialismo retiró en agosto de 2026 el capítulo referido a la reforma de esa norma del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que analizaba el Senado, las comunidades mantienen sus advertencias.
“Es un desastre, porque es la convalidación de los desalojos de las comunidades. Es la garantía que necesitan las empresas para saquear los territorios mapuches e indígenas. Ahora buscan tener garantía institucional”.
Las comunidades también expresaron preocupación por las modificaciones a la Ley de Glaciares, a partir de las cuales los gobiernos provinciales adquieren un papel central en la definición de las áreas que cumplen una función hídrica y merecen protección.
“Vienen por nuestras tierras, y vienen sin buenas intenciones”, sostienen desde las comunidades.
Sin embargo, dentro del propio pueblo mapuche no existe una posición uniforme frente a Calcatreu. Algunas comunidades cercanas al proyecto, como Peñi Mapu, establecieron instancias de diálogo con Patagonia Gold y expresaron expectativas relacionadas con el empleo y el desarrollo local.
Otras, como Putren Tuli Mahuida, junto con sectores del Parlamento Mapuche y organizaciones socioambientales, rechazan la explotación y cuestionan que se haya cumplido con una consulta previa, libre e informada.
Desde Patagonia Gold, Ricardo Williams, responsable de Relaciones Comunitarias de la empresa, aseguró en declaraciones a un medio de Bariloche: “La comunidad mapuche Peñi Mapu está cerca de Calcatreu y hemos trabajado mucho con ellos. Si los que están cerca dicen que no, lamentablemente no se puede avanzar, pero en Jacobacci creemos que hay consenso”.
La existencia de ese supuesto consenso también es cuestionada por referentes mapuche. Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, sostuvo en 2023 que “el pueblo mapuche jamás fue minero” porque es “inconcebible desde su marco espiritual romper un cerro para sacar el oro”.
“No es cierto que haya consenso social, hay un gran enojo de muchas comunidades”, afirmó.
El conflicto también tiene una dimensión social. Agripina Nahuelcheo, psicóloga y cientista social y referente mapuche de Ingeniero Jacobacci, señaló que las empresas pueden ofrecer puestos de trabajo y promesas de prosperidad, pero que eso no necesariamente se traduce en empleo para la población local.
“Hay casos donde las empresas lograron permisos negociando con algunos líderes. Prometían puestos de trabajo y prosperidad para Jacobacci. Pero necesitan personal calificado para trabajar en esas mineras, y los que terminan entrando a trabajar son muy pocos. Hoy se dan cuenta de que fue un engaño para ingresar al territorio”.
A este escenario se suma otra dificultad: el acceso al sistema sanitario.
Para muchas mujeres mapuche que viven en comunidades rurales de Río Negro, realizar un control médico implica recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros. Yuliana Arce, docente e integrante de la comunidad mapuche Pilquiniyeu del Limay, explicó que en su territorio existe una sala de primeros auxilios, pero para acceder a una atención de mayor complejidad deben trasladarse hasta Comallo, a unos 100 kilómetros. Para determinados servicios ginecológicos, la derivación puede llegar hasta Bariloche, a unos 200 kilómetros.
“Las mujeres mapuche, de por sí, estamos re alejadas de los centros de salud”, explicó.
La distancia no es el único obstáculo. “Allá la ambulancia te trae si vos venís por una urgencia, pero no se considera de importancia un estudio ginecológico”.
La falta de controles también genera un problema para la investigación epidemiológica. Si las mujeres no acceden regularmente al sistema sanitario y las historias clínicas no incorporan información sobre pertenencia étnica, resulta todavía más difícil construir estadísticas específicas sobre la salud de las comunidades.
Azpiroz Cleñan cuestionó precisamente esa ausencia de información: “Ni en la atención obstétrica ni en la generalista se registra de qué pueblo indígena o lengua habla la consultante. Se las trata a todas por igual. Entonces hay dos barreras en el acceso a la salud no medidas: la lengua y el origen étnico”.
Frente a este escenario, la especialista propone que el Ministerio de Salud de Río Negro elabore un protocolo de atención para mujeres en edad fértil en contextos de megaminería, incorporando una perspectiva intercultural.
La provincia, por su parte, anunció que desde 2025 fortalece un Programa de Salud Intercultural en Bariloche, destinado a articular conocimientos de la medicina mapuche y la medicina convencional y mejorar el acceso al sistema sanitario.
En agosto de 2026, el Hospital Zonal Bariloche reunió a equipos de cinco centros de salud con la machi Betiana y representantes de la comunidad mapuche. Entre las medidas acordadas se encuentran la capacitación de los equipos sanitarios, la elaboración de materiales con perspectiva intercultural y traducción al mapuzungun y la participación de la machi en la formación de agentes sanitarios.
La megaminería, así, avanza en Río Negro mientras persisten preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. Qué impacto tendrá sobre el territorio, qué consecuencias sanitarias podrían aparecer a futuro y, sobre todo, qué información quedará disponible para demostrarlo.
Para las comunidades, el problema es que esperar a que aparezcan los daños para comenzar a medirlos puede significar llegar demasiado tarde. En un territorio donde la minería ya comenzó a producir, la falta de una línea de base sanitaria no es solamente una ausencia estadística: puede convertirse en un obstáculo para saber qué cambió cuando ya sea imposible volver atrás.
Fuente: con información de El Destape