Más de 300 organizaciones reclaman una ley para proteger a menores y regular las plataformas digitales

Dedo de una persona apuntando hacia íconos ilustrados de redes sociales y tecnología digital que flotan sobre la pantalla de una tableta. Crédito: Pixabay

“Está hecha la trampa, pero no la ley”. Bajo ese lema, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y especialistas en infancia, salud, educación y tecnología reclamaron al Congreso de la Nación que trate de manera prioritaria una ley para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, mientras que casi el 90% de los argentinos pide regularlas.

La campaña reúne a referentes de Argentina y América Latina, que buscan establecer responsabilidades concretas para las plataformas y avanzar con una regulación durante 2026. Lo hicieron a través de una carta enviada al Congreso donde los firmantes sostienen que la Argentina no puede seguir abordando el problema con respuestas fragmentadas ni depender casi exclusivamente de la autorregulación empresarial.

Lema de la campaña de Más de 300 organizaciones reclaman una ley para proteger a niñas, niños y adolescentes en internet. Crédito: @aulaabiertaorg

El documento advierte que los riesgos que enfrentan las infancias en internet no se explican únicamente por el tiempo frente a las pantallas. Según las organizaciones, también están vinculados con el diseño de las plataformas, sus algoritmos y sus modelos de negocio, que pueden incentivar la permanencia, la dependencia, el perfilamiento y la monetización de datos personales, por eso la Unión Europea ya piensa en prohibir las redes sociales a menores de 13 años y limitar su uso hasta los 15.

“Hoy niñas, niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental. Estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario”, precisan en la misiva que se puede encontrar también en el sitio web de la inciativa.

La campaña cuenta con la participación de entidades como Amnistía Internacional Argentina, Chicos.net, Grooming Argentina y Faro Digital, además de organismos públicos vinculados con la defensa de los derechos de la infancia y especialistas de universidades y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Los 10 puntos para proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

La iniciativa propone una regulación que no se limite a advertir sobre los riesgos de internet, sino que establezca obligaciones exigibles para las empresas tecnológicas, mecanismos de control estatal y políticas públicas de prevención. Estos son los diez puntos mínimos que plantea la campaña:

  1. Prevenir los riesgos: Exigir a las plataformas que identifiquen, evalúen y reduzcan los posibles daños que sus servicios pueden generar antes de que ocurran.
  2. Seguridad desde el diseño: Incorporar medidas de privacidad y protección desde el desarrollo de los servicios digitales, en lugar de depender de que cada usuario las active por su cuenta.
  3. Verificación de edad segura: Implementar mecanismos eficaces para determinar la edad, proporcionales al riesgo y respetuosos de la privacidad, sin generar nuevas formas de vigilancia.
  4. Protección de datos personales: Limitar el uso de datos de niñas, niños y adolescentes para el perfilamiento comercial y la publicidad personalizada.
  5. Algoritmos transparentes: Exigir que las plataformas expliquen cómo sus sistemas recomiendan, priorizan y amplifican contenidos, y cómo gestionan los riesgos asociados.
  6. Control estatal: Establecer evaluaciones sobre el impacto de los servicios digitales en los derechos de las infancias y garantizar mecanismos efectivos de fiscalización.
  7. Políticas públicas integrales: Fortalecer la educación digital, la salud, la prevención de consumos problemáticos y el acompañamiento a las familias.
  8. Participación de niñas, niños y adolescentes: Incorporar sus experiencias, opiniones y propuestas en las decisiones que afectan sus derechos en internet.
  9. Sanciones efectivas: Establecer controles y consecuencias concretas para las empresas que incumplan sus obligaciones.
  10. Programa de Educación digital integral: garantizar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en internet de manera segura, crítica, creativa y autónoma.

Las plataformas tienen que hacerse cargo

La carta enviada al Congreso sostiene que las familias, las escuelas, el sistema de salud y la sociedad civil tienen un papel importante en el acompañamiento y la prevención, pero no pueden asumir la responsabilidad principal de resolver un problema que también surge del diseño de los servicios digitales.

Por eso, las organizaciones plantean que las plataformas deben hacerse cargo de los riesgos que generan o amplifican, mientras que el Estado debe asumir un papel activo en la regulación, el monitoreo y la aplicación de sanciones.

Las organizaciones plantean que las plataformas deben hacerse cargo de los riesgos que generan o amplifican. Crédito: Archivo

Desde el campo de la salud, el documento advierte sobre los posibles efectos de la exposición temprana y del uso inadecuado de dispositivos en el desarrollo psicofísico. También menciona el desplazamiento del tiempo destinado al juego, la actividad física y los vínculos interpersonales, además de los riesgos vinculados con el sedentarismo y la obesidad.

En ese sentido, la propuesta no busca excluir a niñas, niños y adolescentes del mundo digital. Reconoce que internet es parte del acceso a la información, la educación, la participación y los vínculos sociales. El objetivo es garantizar que puedan ejercer esos derechos en condiciones compatibles con su salud, privacidad, dignidad y autonomía progresiva.

La iniciativa también reclama políticas públicas sostenidas de alfabetización digital, formación docente, atención de la salud mental y acompañamiento a las familias. A su vez, propone incorporar la voz de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de las normas y en la evaluación de sus resultados.

Las organizaciones buscan llevar los diez puntos al debate parlamentario mediante reuniones y actividades con legisladores de distintos espacios políticos. También promueven la participación de adolescentes y convocan a nuevas instituciones y personas a adherir a la campaña. Si te querés sumar al reclamo podés firma la formulario acá.

Carla Melicci: Editora de Economía Sustentable. Periodista especializada en sustentabilidad y profesora en la UCA. Trabajó en La Nación, ViaPaís (Clarín), en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires y colaboró con varios medios nacionales e internacionales.