El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dirige Jorge Macri prepara una nueva contratación del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires mientras las empresas que actualmente se ocupan de la recolección de residuos continúan recibiendo multas por incumplimientos y el gremio de Camioneros presiona para modificar ciertas pautas de ese nuevo proceso.
El proceso, que fue adelantado en exclusiva por este medio, plantea una importante serie de modificaciones al sistema actual de recolección de residuos y materiales reciclables y regirá entre 2028 y 2038.
De hecho, la duración del contrato es uno de esos cambios ya que plantea una concesión inicial por 10 años que reestructura zonas, control tecnológico y remuneración atada a la calidad del servicio.
Además divide la operación entre fracción seca y reciclaje a partir de una licitación específica para residuos reciclables (cartón, papel, plásticos, vidrio y metales) abierta a cooperativas, empresas y uniones transitorias, modificando el modelo previo basado exclusivamente en convenios con cooperativas.
De todos modos, el pliego permite competir a las seis firmas actualmente a cargo del servicio como son (AESA; Cliba; Solbayres; Níttida; Ashira-Martín & Martín y Urbasur, pese a las sanciones previas acumuladas.
El proceso, anunciado en septiembre pasado, ya acumula conflictos, reclamos, críticas de todo tipo como la de las organizaciones de recicladores y cooperativas que alertan que el nuevo modelo amenaza a miles de puestos de trabajo del sector cartonero al abrir la gestión a operadores privados.
En el mismo sentido el proyecto generó un fuerte cruce político y gremial con el Sindicato de Camioneros que es liderado por Pablo Moyano en medio de la convocatoria a audiencias públicas para debatir los pliegos.
El principal reclamo del sindicato es que el gobierno porteño no incluyó el pago de indemnizaciones para unos 6.000 trabajadores del sector en la nueva licitación para el período 2028-2038.
La postura de la administración pública es de rechazo explícito a incluir una cláusula de este tipo en el nuevo esquema, argumentando que no tiene sustento legal obligatorio y que encarece excesivamente el costo del servicio para la Ciudad.
Además, el Ejecutivo porteño subió la apuesta y profundizó el conflicto mediante una fuerte presión contra las empresas recolectoras actuales si se analizan la cantidad de multas que se les aplican a diario y que quedan documentadas con sendas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de manera permanente.
El encargado de visualizar estas sanciones es el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos que publicó al menos 25 resoluciones sancionatorias contra las concesionarias en tres ediciones relevadas del Boletín Oficial de septiembre y octubre.
La mayoría se basa en reclamos vecinales por la calidad de la limpieza, denuncias por los ruidos de los camiones y observaciones sobre los controles estatales y alcanzan a las seis compañías privadas que operan el servicio.
Si bien se trata de un proceso común, también aparecen cuando el Ejecutivo porteño ya inició el procedimiento para reemplazar los contratos vigentes, cuyo vencimiento está establecido para el 30 de septiembre de 2028.
Esa renovación es la que precisamente abrió dos conflictos diferentes, uno de los cuales es el que lidera Pablo Moyano por las indemnizaciones para los trabajadores cuando finalicen las concesiones, aunque continúen empleados, y la otra la lideran las cooperativas de cartoneros que cuestionan posibles cambios en las actividades de reciclado.
La Ciudad llega así a la preparación del próximo esquema con las deficiencias detectadas durante la prestación actual, miles de reclamos de los usuarios y una discusión sobre las condiciones económicas, laborales y ambientales que deberán establecerse para la próxima etapa de la higiene urbana.
Sanciones para todas las concesionarias
En el caso de las multas, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) publicó durante lo que va de este año resoluciones sancionatorias contra Cliba; Aesa; Solbayres; Nittida; Ashira y Urbasur, que hoy se reparten el negocio en seis zonas diferentes.
Como ejemplo, se puede citar la edición del Boletín Oficial del 29 de septiembre pasado, en la que aparecen 10 decisiones contra estas compañías, o la del 5 de octubre, cuando el organismo difundió ocho decisiones del mismo estilo.
La secuencia continuó con otras cinco sanciones identificadas en las publicaciones de este mes de octubre que permiten identificar al menos 25 resoluciones sancionatorias contra las empresas recolectoras.
Si bien, los documentos no permiten identificar la cifra acumulada hasta ahora en cuanto a los valores de las multas aplicadas, se puede citar un antecedente económico a partir de una auditoría sobre el ejercicio 2024, en la que se identificaron multas por casi $400 millones a una sóla de las empresas involucradas.
Si bien es limitada, la cifra permite dimensionar un antecedente de las penalidades aplicadas dentro del mismo sistema
Cuáles son los reclamos vecinales por la recolección de basura en CABA
Además, detrás de los expedientes administrativos aparecen las dificultades denunciadas por los usuarios que durante lo que va de este año superan los 100.000 reclamos ciudadanos en las zonas analizadas.
La principal categoría fueron quejas por escombros y restos de obra, equivalentes al 57,91% del total, pero también se acumulan reclamos por falta de retiro de residuos voluminosos; basura depositada fuera de los contenedores y también por falta de barrido.
A esas categorías se agregaron pedidos de lavado de contenedores; reparación y recipientes que necesitaban ser vaciados.
El registro permite observar que las dificultades denunciadas exceden la recolección domiciliaria y ya que abarcan a escombros; muebles; ramas; basura acumulada fuera de los recipientes; falta de barrido y problemas con los contenedores.
Un combo que forma parte de una prestación que incide directamente sobre las condiciones del espacio público.
Además, las auditorías del gobierno porteño también contabilizan reclamos vinculados con camiones recolectores que presuntamente incumplían normas de tránsito y que despedían malos olores o perdían líquidos.
También se acumulan quejas por el ruido que generan las unidades recolectoras durante la prestación del servicio nocturno teniendo en cuenta que la circulación de camiones pesados, el levantamiento de contenedores y el funcionamiento de los compactadores se desarrollan en muchos barrios durante horarios destinados al descanso.
Por ejemplo, durante lo que va de este año, vecinos del barrio de Palermo comenzaron a sistematizar denuncias mediante una iniciativa denominada BotiNoLimpia, que reúne presentaciones realizadas a través de los canales oficiales de la Ciudad y registros audiovisuales de los problemas que atribuyen al servicio.
Entre esas denuncias aparecen las emisiones sonoras provocadas por los equipos de compactación, al punto que los responsables de la iniciativa sostienen haber registrado picos de hasta 89 decibeles durante algunas operaciones nocturnas.
El planteo se inserta en un problema ambiental más amplio según los datos reflejados en el Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad, donde se identifica al tránsito como la fuente principal, mientras la Ley 1.540 de Control de la Contaminación Acústica y establece el régimen destinado a prevenir y controlar ruidos y vibraciones. .
En el caso de la recolección, la combinación de vehículos pesados, compactadores y operaciones nocturnas coloca al ruido entre las variables que afectan la relación cotidiana entre el servicio y los vecinos.
Controles también bajo observación
Los cuestionamientos contra el servicio de las actuales empresas concesionarias del servicio alcanzaron además a los mecanismos utilizados para controlar y certificar la prestación.
Por lo menos así surge tras analizar el informe técnico que reveló errores de imputación presupuestaria por $56.927.571.249,41, correspondientes a certificados registrados bajo contratistas diferentes de los asignados a determinadas zonas. .
El informe también formuló observaciones sobre la validación de certificados correspondientes a la zona 7 porque, en los casos examinados, la Dirección General de Limpieza no había considerado el índice de calidad elaborado por CEAMSE.
El gobierno porteño respondió que utiliza telemetría e inspecciones para controlar las prestaciones y detalló las penalidades por $353,36 millones aplicadas durante el período analizado.
De todos modos, la Auditoría recomendó fortalecer los controles sobre los certificados, incorporar los informes técnicos correspondientes y corregir procedimientos administrativos.
También señaló que la extensión de los contratos había limitado la posibilidad de incorporar mejoras competitivas e innovaciones tecnológicas mediante una nueva contratación.
Ese diagnóstico adquiere otra relevancia frente al próximo esquema, teniendo en cuenta que los nuevos documentos establecidos para la licitación deberán establecer cómo se medirán las prestaciones, qué información deberán suministrar las compañías y qué penalidades enfrentarán ante eventuales incumplimientos.
Cómo funciona el sistema actual de concesiones de basura en CABA
En la actualidad, el servicio de higiene urbana porteño está dividido en siete zonas de las cuales seis se encuentran concesionadas a compañías privadas y una permanece bajo responsabilidad del Ente de Higiene Urbana.
Aesa, Aseo y Ecología opera la zona 1, correspondiente a la Comuna 1; Cliba Ingeniería Urbana, vinculada con el grupo Roggio, tiene asignada la zona 2, integrada por las comunas 2, 13 y 14; Solbayres presta el servicio en la zona 3, que comprende las comunas 11, 12 y 15.
En tanto, Nittida opera la zona 4, correspondiente a las comunas 9 y 10, mientras que la zona 5, integrada por la Comuna 8, permanece bajo gestión estatal mediante el Ente de Higiene Urbana.
Por su parte, Ashira-Martín y Martín UTE tiene asignada la zona 6, integrada por las comunas 5, 6 y 7, en tanto que Urbasur, conformada por Transportes Olivos y Urbaser Argentina, presta el servicio en la zona 7, correspondiente a las comunas 3 y 4.
La estructura actual tiene su origen en la contratación adjudicada durante la administración de Mauricio Macri y puesta en funcionamiento en 2014, contratos que ya vencieron y que fueron posteriormente extendidos mediante la Resolución 814/MEPHUGC/21, que aprobó las adendas de las concesiones y estableció su final para el 30 de septiembre de 2028.
Esa fecha coloca a las actuales operadoras frente a una nueva competencia por un servicio que deberán seguir prestando y sobre el que continuarán sometidas a controles hasta que finalicen sus contratos.
Qué cambios propone la nueva licitación de basura 2028-2038
En ese sentido, el Ejecutivo porteño comenzó a preparar el esquema siguiente mediante el Decreto 304/2026, firmado el 31 de agosto y publicado el 1 de septiembre, que convocó a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos de la futura contratación.
La audiencia se realizó el 5 de octubre y sometió a consideración pública los proyectos de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
La documentación abarca recolección de residuos sólidos urbanos, barrido y limpieza, contenedores, cestos papeleros, tratamiento y valorización de residuos.
También incorpora componentes tecnológicos relacionados con telemetría y sistemas informáticos destinados al seguimiento de las prestaciones.
El procedimiento quedó bajo la órbita de la Secretaría de Higiene porteña, encabezada por Matías Lanusse, designado presidente de la audiencia.
En el encuentro surgió como tema de conflicto la composición de las futuras flotas, que quedó así como otro elemento relevante para determinar aspectos operativos y ambientales relacionados con emisiones, pérdidas de líquidos y niveles de ruido.
Las indemnizaciones abren otro enfrentamiento
Además de esos aspectos ambientales y operativos, la renovación de la concesión abrió simultáneamente una disputa entre el gobierno porteño y el Sindicato de Camioneros por las indemnizaciones de los trabajadores cuando terminen las actuales concesiones.
En este sentido, Pablo Moyano reclama que los empleados cobren una indemnización al finalizar los contratos, incluso cuando posteriormente continúen trabajando para las compañías que obtengan las nuevas concesiones.
El mecanismo suele denominarse informalmente Ley Moyano y la disputa tiene antecedentes administrativos concretos si se recuerda que elDecreto 474/2012 incorporó actuaciones relacionadas con acuerdos indemnizatorios entre Cliba y organizaciones sindicales de Camioneros, mientras elDecreto 54/2015 incluyó documentación relacionada con indemnizaciones al personal de Ecohabitat-Emepa durante el cambio de concesiones de 2014.
Esos antecedentes muestran que las indemnizaciones vinculadas con cambios de contratos ya fueron objeto de acuerdos entre empresas, sindicatos y el Gobierno porteño.
Camioneros calcula que las compensaciones reclamadas en esta oportunidad representarían alrededor de u$s200 millones, mientras que la administración de Jorge Macri sostiene que los nuevos contratos no deben contemplar ese pago.
Camioneros respondió con una movilización durante la audiencia pública del 5 de octubre pasado que encabezó el propio Pablo.
Si bien hasta ahora la tensión se mantiene, desde el gobierno porteño aseguran que la continuidad laboral constituye una cuestión diferente, porque el planteo sindical supone que los trabajadores puedan cobrar la compensación por la finalización de las actuales concesiones y posteriormente continuar empleados.
Un reciclado que abrió otro frente
Pero durante la audiencia pública también se expuso un conflicto de otra índole y directamente relacionado con la política ambiental de residuos.
Los reclamos en este caso son liderados por las organizaciones de cartoneros que cuestionan aspectos de la futura contratación que, según sus representantes, podrían permitir que empresas privadas ingresen en actividades de recuperación de materiales actualmente desarrolladas por los recuperadores urbanos.
De hecho, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que participó de las protestas alrededor de la audiencia, lidera los reclamos que, de todos modos, se diferencian del planteo económico de Camioneros.
En este caso, las cooperativas buscan preservar el espacio que ocupan dentro del circuito de reciclado, tal como también reclama la Alianza Internacional de Recolectores de Residuos que en agosto pasado ya expresó su respaldo a las organizaciones porteñas y sostuvo que las modificaciones pueden afectar a más de 7.000 familias vinculadas con la recuperación de materiales.
La discusión se vincula con la Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como Ley de Basura Cero, que estableció un sistema basado en reducción, separación, recuperación y reciclado para disminuir progresivamente los residuos enviados a disposición final y que a 20 años de la Ley Basura Cero, solo cumplió un tercio de la meta de reciclado.
El procedimiento continuará a partir de la publicación del proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el Boletín Oficial.
Los próximos actos administrativos deberán definir las modificaciones posteriores a la audiencia y las condiciones definitivas con las que la Ciudad convocará a competir por el servicio que reemplazará a las actuales concesiones de residuos urbanos.