Los reclamos vecinales por el estado del balneario Manantiales de Chapadmalal sumaron un nuevo capítulo. El Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur presentó el 7 de septiembre una “denuncia reiterativa” ante el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) contra Rivan SA, la empresa que explota comercialmente la Unidad Turística Fiscal (UTF) Arroyo Lobería hasta 2031.
La presentación vuelve a poner el foco en el mantenimiento de las instalaciones y se suma a un conflicto que arrastra varios años. En paralelo, el concejal Diego García, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo informe sobre la situación contractual, administrativa y el estado de conservación del predio.
El conflicto en torno a Manantiales Club de Mar se profundizó desde 2021, cuando la asamblea vecinal Luna Roja comenzó a denunciar presuntas irregularidades en distintos balnearios ubicados sobre la Ruta 11 sur y en el área de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.
Uno de los principales puntos de disputa estuvo relacionado con una obra prevista en el pliego de concesión que la empresa finalmente no inició. En 2024, el gobierno municipal había realizado una consulta pública ambiental sobre ese proyecto, aunque desde entonces no se conoció públicamente la declaración de impacto ambiental necesaria para avanzar con su desarrollo.
Ahora, el eje de los reclamos vuelve a estar puesto en el estado de conservación de las instalaciones.
Denuncian deterioro y falta de limpieza en Manantiales
Desde el Observatorio señalaron que existen antecedentes sancionatorios contra Rivan SA en 2020, 2022 y 2025. Las multas estuvieron relacionadas, respectivamente, con la falta de presentación del legajo técnico de una obra comprometida en el pliego, la falta de mantenimiento edilicio general y la reiteración de ese último incumplimiento.
“La conducta contractual de Rivan SA es inescindible de su historial punitivo”, manifestaron desde la organización en la denuncia.
A partir de una visita realizada el 28 de agosto a la ribera del Arroyo Lobería, integrantes del Observatorio realizaron un registro documental que incorporaron a la presentación. Allí describieron distintos signos de deterioro edilicio, entre ellos “aleros rotos, sectores con revestimientos/capas faltantes, paredes con importantes grietas y presencia de verdín, ventanas rotas, puertas sostenidas precariamente mediante tablas, techos deteriorados y/o rotos”.
“Asimismo, se documentó la existencia de una piscina con agua estancada, de coloración verde y aparente estado de eutrofización, junto con deterioro visible de techos, ventanas y otros elementos constructivos asociados al sector”, añadieron.
La denuncia también señala problemas en los espacios exteriores. Según el Observatorio, durante la recorrida encontraron “dos colchones abandonados sobre el terreno, residuos diversos y conformación de un sector que presenta características de basural”.
Ante estos señalamientos, la organización solicitó al Emturyc una “inspección urgente, integral y sin previo aviso” para determinar si existen infracciones vinculadas con la “falta de mantenimiento de la unidad, falta de limpieza, deterioro edilicio, falta de conservación de áreas exteriores, incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento durante todo el año, incumplimiento de las obligaciones relativas a higiene y saneamiento, si así surge de la inspección, y toda otra infracción que resulte constatada”.
Además, pidió que el Ejecutivo informe si las obligaciones que dieron lugar a las sanciones anteriores fueron efectivamente cumplidas y qué documentación municipal permitió acreditar esa eventual regularización.
“La cuestión central de esta presentación reside en que las sanciones anteriores no convierten en lícita la persistencia del incumplimiento”, reafirmaron desde el Observatorio.
El régimen previsto para la concesión establece distintas sanciones según la acumulación de infracciones. Una primera infracción contempla una multa de entre el 5% y el 15% del canon; una segunda, entre el 16% y el 30%; una tercera, entre el 31% y el 60%; mientras que una cuarta puede derivar en la “caducidad de la concesión y pérdida de la garantía contractual”.
El Concejo pide saber qué controles hizo el Municipio
El reclamo vecinal también llegó al Concejo Deliberante. El concejal Diego García presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe sobre la situación contractual y administrativa de la UTF Arroyo Lobería y el actual estado de conservación del predio concesionado a Rivan SA.
El pedido busca determinar si desde el 1° de enero de 2025 se realizaron inspecciones municipales en el lugar. En caso afirmativo, solicita conocer las fechas, los motivos, los resultados, los organismos que participaron, los sectores relevados y las actas que hayan sido confeccionadas.
El proyecto también reclama información sobre otra obligación específica de la concesión: si durante 2025 y 2026 Rivan SA presentó el “Plan de Tareas de Mantenimiento y Reparación”, que de acuerdo con la normativa tiene “carácter de obligación anual”.
De esta manera, el reclamo vuelve a poner el foco no solo en las condiciones actuales del balneario, sino también en los mecanismos de control que aplica el Municipio sobre una concesión que acumula antecedentes de sanciones por mantenimiento.