Ley de Glaciares: más 15 mil inscriptos y presión de la oposición para ampliar las audiencias

La fecha de las dos audiencias fue fijada a principios de la semana pasada, en el primer plenario de comisiones del período ordinario de sesiones que se inició el pasado 1 de marzo con el discurso del presidente Javier Milei.

En esa reunión, el oficialismo aceptó los planteos opositores para postergar el dictamen y cumplir con las disposiciones que establecían la convocatoria a audiencias públicas cuando se debatan temas vinculados al medio ambiente.

Pero desde la oposición y los ambientalistas dejaron trascender en las últimas horas que serían más de 15 mil los inscriptos para exponer hasta el momento y advirtieron que si no se les permite participar no se estaría cumpliendo el objetivo de las audiencias públicas.

Según la oposición, el oficialismo debe permitir la participación de todos los inscriptos y, si no lo hace, dejaría abierta la puerta a la judicialización de la norma.

Así se establece además en el plan de trabajo de las audiencias públicas, donde se aclara que las jornadas podrán “extenderse en caso de que la participación lo requiera”.

Tampoco se respetaría lo establecido en el Acuerdo de Escazu, que Argentina firmó en 2018, y que exige al Estado, entre otras cuestiones, someter la propuesta a audiencias públicas antes de votar.

“Estamos esperando la publicación de los ya inscriptos y apenas termine el plazo de inscripción, publiquen el cronograma, con números de orden por día, que contenga a la totalidad de inscriptos. Dure los días que deba durar para garantizar que todos ellos sean escuchados”, aseguró a Economía Sustentable el abogado y ambientalista, Enrique Viale.

Para Viale, “si restringen la participación, no es una Audiencia Pública, ni se cumple con el Acuerdo Escazú y violan su propia convocatoria. Abren la puerta a la judicialización”.

La convocatoria fue realizada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, según acordado en la reunión realizada el 4 de marzo último, luego de que el proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial recibiera media sanción en la Cámara de Senadores

Si bien se resolvió convocar a 2 jornadas de audiencias públicas, el 25 de manera presencial, y el 26 para las exposiciones virtuales, de 10 a 19, diputados de la oposición ya advierten que esas dos reuniones no serán suficientes para que puedan participar todos los inscriptos.

Según la oposición, las audiencias “deben durar todo el tiempo que sea necesario para que cada uno de los anotados tenga sus 5 minutos” y precisan que “a 200 por día y a la fecha son 20 mil, son 100 días hábiles de audiencia”.

Señalaron que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance desvirtúa su objetivo: garantizar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.

Por lo pronto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó hoy formalmente, mediante nota remitida a las autoridades de la Cámara baja, que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencias públicas.

Sostuvo que limitar el acceso a la palabra de un número reducido de expositores “no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática” y advirtió que “un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú”.

En la nota, Ferraro aseguró que “en el caso de la audiencia pública convocada, al momento se han registrado más de 15.000 personas inscriptas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos, dejando materialmente excluida a la gran mayoría de quienes manifestaron su voluntad de participar”. 

“Esta situación implica que la gran mayoría de las personas registradas no tendrían posibilidad de hacer uso de la palabra”, advirtió Ferraro, por lo que solicitó a las autoridades de la cámara baja, “que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo. Solo de esta manera podrá asegurarse que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú”.

Por el momento, la lista no es pública y no se dio a conocer oficialmente el número de inscriptos (sólo lo que dejó entrever la oposición) pero desde La Libertad Avanza minimizaron el número que trascendió.

Fuentes del oficialismo anticiparon que no estarían dispuestos a extender las audiencias, que se realizarán el 25 de marzo en forma presencial y el 26 vía zoom, según lo acordado en el plenario de comisiones de la primera semana de marzo.

La intención del oficialismo es no modificar ese cronograma y llevar la iniciativa al recinto en principio después de Semana Santa. 

Ambientalistas vs oficialismo

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que manifestaron su rechazo a la iniciativa por el impacto ambiental que podrían generar los proyectos mineros en las diferentes provincias. 

La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto se debate entre el rechazo y un acompañamiento tímido.

Por un lado, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.

Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el principal bloque opositor de Unión por la Patria y la Izquierda junto a las organizaciones ambientales defienden la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

“Antes de que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares se vote en el Congreso tenemos una última chance de defender el agua. ¡Es hora de alzar nuestra voz por los glaciares! La protección de los glaciares y del ambiente periglacial garantiza un bien común fundamental: el agua dulce. Sin glaciares no habrá agua”, enfatizó Greenpeace en su llamado a participar de la audiencia.

La premisa es que “la protección de los glaciares no se limita a un debate técnico restringido a especialistas, sino que es una decisión que impacta directamente en las vidas de millones de argentinos y argentinas. Por eso es clave que la ciudadanía opine y sea escuchada”.

Señalaron que una participación con plazos acotados o limitada en su alcance desvirtúa su objetivo: garantizar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse de manera efectiva en decisiones ambientales de alto impacto.

La importancia de los glaciares en Argentina

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo la Argentina.

Según un informe de las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands los glaciares actúan como “tanques de agua” naturales, almacenando agua en forma de hielo y liberándola gradualmente a lo largo del año, especialmente en períodos de sequía.

Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. 

La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.

El inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.

¿Cómo inscribirse a las audiencias?

Hasta el momento y a 10 días del cierre de las inscripciones, la oposición da cuenta que ya hay casi 20 mil participantes anotados para exponer, por lo que piden al oficialismo ampliar los días previstos en la convocatoria.

Para participar, según lo acordado, “los interesados deberán inscribirse en un Registro de Participantes que se habilitará a tales fines. Podrán inscribirse las personas físicas o jurídicas, así como asociaciones, organizaciones y grupos interesados en la materia objeto de la Reunión”.  

La inscripción al Registro de Participantes podrá realizarse a título personal o en representación de personas jurídicas, presentándose personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. 

El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 de manera presencial y hasta las 20 de forma virtual.