Europa regula a las agencias que evalúan la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza de las empresas

Los países miembros de la Unión Europea acuerdan regular las agencias de calificación que evalúan la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) de las empresas. El propósito principal de estas regulaciones es mejorar la confiabilidad de las evaluaciones y prevenir posibles conflictos de interés.

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Este acuerdo establece la posición conjunta de los países para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo a partir de enero, con miras a elaborar la legislación definitiva. Cabe recordar que la Eurocámara ya había definido su postura negociadora apenas seis meses después de que la Comisión Europea presentara la propuesta en junio, según explica la agencia española EFE.

Las nuevas normativas representan el primer intento de regular la actividad de las empresas dedicadas a evaluar compañías o productos financieros en función de sus impactos ambientales y sociales. El objetivo es hacer que estas evaluaciones sean más transparentes y comparables, generando así mayor confianza entre los inversores en productos etiquetados como sostenibles.

En virtud de este acuerdo, las agencias interesadas en ofrecer estos servicios en la Unión Europea deberán obtener autorización de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA). Esta entidad será responsable de supervisar sus operaciones, pudiendo llevar a cabo investigaciones e inspecciones en el lugar.

Además, estas agencias deberán cumplir con requisitos de transparencia, especialmente en lo que respecta a la metodología y fuentes de información utilizadas para elaborar sus clasificaciones. Se impondrán medidas para evitar conflictos de interés, incluida la separación de sus actividades de calificación, consultoría y auditoría.

Multas para empresas

Las empresas que infrinjan estas reglas podrían enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación anual neta, así como sanciones periódicas del 3% de su facturación media diaria o del 2% en el caso de personas naturales.

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Se han introducido algunas modificaciones al texto original propuesto por Bruselas, como un régimen transitorio voluntario para pequeños proveedores de clasificaciones ESG y aquellos que ingresen al mercado por primera vez. Estos proveedores podrán registrarse con requisitos más flexibles durante un período de tres años.

En relación con la propuesta original, los países también han contemplado la posibilidad de que los proveedores de clasificaciones no tengan que establecer una entidad legal separada para ciertas actividades, siempre y cuando haya una clara distinción y se tomen medidas para evitar conflictos de interés. No obstante, esta excepción no aplicará a las actividades de consultoría o auditoría para entidades que también reciban clasificaciones ESG.

La evaluación de criterios ESG tiene como objetivo identificar empresas con buenas prácticas, orientando a inversores interesados en apoyar negocios responsables en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La rápida expansión de esta evaluación sin una regulación específica ha suscitado preocupaciones sobre posibles exageraciones en las credenciales de sostenibilidad, lo que se conoce como “blanqueo ecológico”. Con la nueva regulación, la Comisión Europea busca garantizar que estas evaluaciones sean “independientes, objetivas y de calidad”.