Empresarios azucareros deberán pagar una fortuna para reparar el daño ambiental producido por residuos peligrosos

En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán ordenó que los directivos del ingenio Santa Bárbara y de la empresa “Cía. Azucarera J.M. Terán S.A.” paguen una reparación económica de 80 millones de pesos por el daño ambiental causado por sus actividades. Esta decisión se alinea con el acuerdo propuesto por el fiscal general subrogante, Pablo Camuña, y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg.

El tribunal estuvo integrado de forma unipersonal por la jueza subrogante Carina Frías, vocal del TOF de Santiago del Estero. Los imputados, Julio José Colombres y José Agustín Colombres, enfrentaban cargos por delitos de contaminación ambiental, conforme a los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

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La resolución fue aprobada por el tribunal tras la intervención de Camuña y Weisemberg, quienes destacaron que el acuerdo representa una medida efectiva para mitigar los daños al medio ambiente y prevenir la repetición de prácticas perjudiciales en la comunidad de Santa Bárbara, situada a unos 100 kilómetros al sur de la capital tucumana.

Como parte del acuerdo, se estableció una reparación económica de 80 millones de pesos, que se abonará en cuatro cuotas semestrales, ajustadas según el índice de precios al consumidor.

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Este monto, que refleja el compromiso de indemnizar a la comunidad, será destinado a mejorar las condiciones de vida en la zona afectada por las prácticas contaminantes del ingenio, que operó sin los controles ambientales necesarios. La reparación será distribuida durante la fase de ejecución de la sentencia, según lo determine el juez encargado, quien también supervisará el cumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte de los imputados.

Además, debido a la avanzada edad de los acusados, los hermanos Colombres fueron eximidos de realizar tareas comunitarias. No obstante, deberán implementar medidas de reconversión industrial en las empresas. El ingenio Santa Bárbara, según lo declarado por los imputados, se comprometió a realizar auditorías ambientales periódicas y a adoptar prácticas de producción más limpias y sostenibles, con el fin de minimizar el riesgo de futuros daños ambientales en la región.

Esta resolución subraya la importancia de la reparación económica como herramienta de justicia restaurativa, promoviendo la recuperación del medioambiente y garantizando el derecho de la comunidad a vivir en un entorno saludable, en consonancia con los principios constitucionales y la Ley 24.051.

Además, los acusados señalaron que iniciaron un proceso de recomposición ambiental mediante convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán. También destacaron que adoptaron un cambio en su política de industrialización y ahora cuentan con un auditor ambiental encargado de supervisar una producción más limpia.