El Senado de la Nación avanzó en el tratamiento de un proyecto que busca tipificar distintas formas de criminalidad ambiental y establecer nuevas herramientas para prevenir, investigar y sancionar delitos contra el ambiente.
La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi (UCR – Bloque Despierta Chubut), obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Ecocidio dentro del Código Penal
La propuesta representa un paso significativo en el debate sobre la incorporación del denominado “ecocidio” a la legislación argentina, al contemplar por primera vez un capítulo específico sobre delitos ambientales dentro del Código Penal.
Según se explicó durante el encuentro, el proyecto apunta a fortalecer la capacidad del sistema judicial para abordar conductas que generan un grave impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad de vida de la población.
“Hemos logrado enriquecer este dictamen con las sugerencias de varios senadores y entre las definiciones que incluimos en el artículo 77 del Código Penal están las de ‘daño ambiental irreversible’ y ‘daño ambiental especialmente grave’. Definimos también el término ‘ambiente’ de manera taxativa y la ‘extensión espacial del daño ambiental’, que son características que necesitábamos que quedaran claramente definidas”, sostuvo Terenzi durante el plenario.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, recordó además que se trata de una iniciativa sobre la que “hemos venido trabajando hace mucho tiempo con esta ley que la llamamos de ‘ecocidio'”.
Penas agravadas y sanciones a empresas
Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones cuando los delitos ambientales involucren a funcionarios públicos o personas jurídicas.
Sobre este aspecto, Terenzi señaló que las penas “se agravan en caso que hubiere participación de algún funcionario público o personas jurídicas”, mientras que las multas previstas son “muy altas, muy gravosas, en términos de salario mínimo, vital y móvil”.
La iniciativa también contempla sanciones específicas para las empresas, como la suspensión de actividades, restricciones para participar en concursos estatales y la pérdida de determinados beneficios otorgados por el Estado.
El objetivo, según sus impulsores, es desalentar conductas que provoquen daños severos al ambiente y garantizar que tanto las personas físicas como las jurídicas asuman las consecuencias de sus acciones.
“Un paso histórico”
Tras la firma del dictamen, Terenzi celebró el avance del proyecto y lo definió como “un paso histórico”.
“Estamos dando un paso trascendente para que la Argentina cuente con herramientas eficaces frente a quienes provocan daños ambientales graves, comprometen recursos estratégicos y afectan el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano”, expresó la senadora a través de sus redes sociales.
Asimismo, sostuvo que la protección ambiental debe formar parte de una política de Estado.
“Creemos en un modelo de desarrollo que genere producción, empleo e inversiones, pero que también establezca límites claros frente a la depredación y la impunidad ambiental. Cuidar el ambiente no es una consigna; es una responsabilidad del Estado y una condición indispensable para el desarrollo sostenible de nuestro país”, afirmó.
La legisladora agradeció además el acompañamiento de otros bloques para alcanzar los consensos necesarios y reiteró su objetivo de avanzar con la sanción definitiva de la iniciativa.