En 2024, ningún proyecto de interés ambiental logró convertirse en ley en el Congreso de la Nación. Así lo revela la Agenda Ambiental Legislativa 2025, presentada por el Círculo de Políticas Ambientales.
La baja actividad legislativa en temas ambientales, sumada a la escasa cantidad de sesiones específicas y a un contexto político marcado por la desregulación y la desarticulación institucional, derivaron en un año sin avances concretos en materia de protección ambiental.
Congreso, frenado
El informe, que se publica por séptimo año consecutivo, evalúa el estado parlamentario de proyectos vinculados al ambiente y la energía, y busca aportar evidencia y análisis al debate legislativo.
Este año, la mayoría de las reuniones en la Comisión de Ambiente fueron meramente informativas, y ninguna iniciativa alcanzó el estatus de ley, a excepción de la Ley 27.782, que declaró la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en Córdoba, la única norma con alguna “arista ambiental”.
Además de sus secciones tradicionales -Energía y cambio climático, Biodiversidad, Contaminación y Acuerdos internacionales-, la edición 2025 de la agenda incorpora dos nuevos ejes: el análisis del contexto global y nacional de las políticas ambientales y un apartado sobre la institucionalidad ambiental.
“La trazabilidad de la pesca, la promoción de las energías renovables, la conservación de la biodiversidad, entre otros, siguen siendo temas absolutamente relevantes. Soslayar su tratamiento no sólo implica una pérdida de oportunidades en el campo social, económico y ambiental hacia adentro del país sino también en la competitividad de la Argentina frente al mundo», señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
«Por otro lado, -sumó- el abandono del gobierno nacional de la política ambiental ha generado nuevos debates inmediatos: cómo dotar a las provincias de marcos institucionales federales en la materia que sean uniformes y sólidos, cómo evaluar el impacto de las regulaciones y cómo lograr que el Congreso, haciendo uso de sus competencias, realice el seguimiento y control de la implementación de las leyes que sancionó”.
Con este panorama, el documento plantea la necesidad «urgente» de retomar el debate legislativo ambiental con una mirada estratégica que permita al país cumplir con sus compromisos internacionales, enfrentar los desafíos de la crisis climática y generar políticas públicas que acompañen la transición hacia una economía más sustentable.