La Justicia de Salta amplió a $21.805 millones el embargo preventivo sobre bienes de dos productores vinculados con el desmonte ilegal de unas 11.000 hectáreas de bosque nativo en la Finca Cuchuy, cerca de la localidad de Dragones.
La medida busca garantizar los fondos necesarios para una eventual restauración ambiental del área afectada.
El embargo fue dispuesto por el Juzgado Civil de Personas y Familia de Tartagal sobre las propiedades de Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen.
Según precisaron, la medida no implica una condena ni es definitiva: funciona como una garantía para asegurar que, si corresponde avanzar con la recomposición del daño, existan recursos para financiarla. La decisión se encuentra actualmente apelada.
Qué determinó la Justicia en Salta
El monto inicial del embargo era de $171 millones. Sin embargo, a partir de una estimación del costo que tendría restaurar el bosque afectado, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales calculó una cifra muy superior y la Justicia elevó el embargo a $21.805 millones.
El monto equivale, según las referencias utilizadas en la causa, a unos 13 millones de euros. Además, las sanciones procesales fueron actualizadas a $67,92 millones y son independientes del embargo preventivo.
La superficie afectada alcanza unas 11.000 hectáreas, una extensión comparable a la ciudad de Madrid.
Uno de los mayores desmontes denunciados en el país
Desde Greenpeace afirman que, el desmonte de la Finca Cuchuy, que abarca 11.815 hectáreas, podría ser el mayor desmonte ilegal registrado en Argentina. La organización sostiene que la intervención se realizó con 18 topadoras y que fue denunciada en 2013.
La causa derivó en la condena de Juan José Karlen por desobedecer órdenes judiciales. En 2018, los involucrados firmaron un acuerdo por el que se comprometieron a restaurar el bosque afectado y a incorporar a comunidades indígenas y criollas en un plan de recuperación con un horizonte de 30 años.
Sin embargo, las observaciones realizadas desde 2019 señalan que los compromisos asumidos no habrían sido cumplidos.
La obligación de recomponer el daño ambiental surge tanto de la Ley Nacional de Bosques como de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y dispone que el daño ambiental debe ser prioritariamente reparado.
En este caso, la ampliación del embargo busca garantizar que una eventual restauración no quede limitada por la falta de recursos económicos. Si la decisión judicial queda firme, los bienes alcanzados por la medida podrán utilizarse para financiar las tareas de recuperación.
Cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal de Salta también ratificó públicamente su compromiso con la restauración del daño ambiental.