En los últimos días, la comunidad wichi Lapacho 2, ubicada en el norte de Salta, volvió a denunciar desmontes sobre territorios que reclama como propios. El conflicto se suma al desalojo de la comunidad originaria Santa Rosa, en Humahuaca, Jujuy, y a una serie de disputas por la tierra que atraviesan a distintas comunidades del norte argentino.
Los wichis señalaron a Desdelsur SA, una empresa argentina radicada en el departamento San Martín y dedicada a la producción de legumbres, aceites y ganado. Según las denuncias, la firma forma parte de un conjunto de empresas que avanza con maquinaria pesada sobre el monte nativo de la región.
La expansión de la actividad agrícola impacta directamente sobre los recursos de los que dependen las comunidades. El desmonte destruye especies como el chañar, el mistol y el algarrobo, cuyos frutos forman parte de la alimentación tradicional, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, utilizadas en la elaboración de artesanías destinadas al turismo.
El Chaco salteño se convirtió durante las últimas décadas en una zona de fuerte expansión agrícola y ganadera. Allí operan empresas nacionales y extranjeras, entre ellas la estadounidense Seaboard Co., con presencia en Orán. En paralelo, las comunidades originarias enfrentan históricamente conflictos por desalojos, reconocimiento territorial y falta de asistencia estatal.
Desmontes y conflictos por tierras en Salta
El caso de Lapacho 2 se suma a otros conflictos territoriales registrados en la provincia. En Cachi, la comunidad Diaguita Calchakí de Las Pailas se enfrentó a una orden de desalojo impulsada por terratenientes locales. Luego de una importante movilización vecinal, la Justicia restituyó 40 de las 44 hectáreas que las empresas pretendían desalojar.
Las tierras son reclamadas por la familia Wayar, con propiedades en la zona de La Aguada. Walter Wayar, integrante de esa familia, ocupó cargos como intendente, diputado, vicegobernador y senador. También se manifestó contra la extranjerización de tierras, mientras defiende sus propios derechos de propiedad.
La contradicción atraviesa buena parte del debate sobre la tierra en Salta. Durante las gestiones de los gobernadores Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz se registraron importantes concentraciones de tierras en manos de capitales nacionales y extranjeros.
Sáenz, actual gobernador de la provincia, impulsó la consigna “la patria no se vende” para encabezar un bloque de mandatarios provinciales que presionó al Gobierno nacional para retirar los capítulos vinculados con tierras del proyecto de ley de propiedad privada.
Sin embargo, el proyecto finalmente aprobado mantuvo mecanismos de desalojo exprés similares a los que ya existían en la legislación salteña. De esta manera, la discusión sobre quién puede adquirir tierras quedó separada de otra pregunta central: qué herramientas existen para garantizar los derechos territoriales de las comunidades originarias.
Desalojo de una comunidad originaria en Jujuy
El conflicto también se trasladó a Jujuy. En Humahuaca, la comunidad originaria Santa Rosa fue desalojada mediante un operativo policial que contó con más de cien efectivos y maquinaria pesada. El procedimiento dejó personas heridas y ocho detenidos.
Las autoridades definieron el episodio como un “conflicto entre privados”. Sin embargo, la dimensión del operativo implicó una intervención estatal de gran escala. A esto se suma que la propia Dirección Provincial de Inmuebles reconoció errores en la demarcación de los terrenos, aunque el juez de Primera Instancia Civil y Comercial igualmente ordenó ejecutar el desalojo.
La situación se produce en una región atravesada por el crecimiento del valor inmobiliario. La Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad y consolidada como uno de los principales destinos turísticos del país, fue escenario durante los últimos años de distintos conflictos y desplazamientos en localidades como Tilcara, Maimará y ahora Humahuaca.
Los casos de Salta y Jujuy vuelven a poner en discusión las consecuencias concretas de las políticas de acceso y propiedad de la tierra. Mientras el debate nacional se concentró en limitar la adquisición de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros, las comunidades originarias continúan denunciando desmontes, desalojos y avance de emprendimientos agrícolas e inmobiliarios sobre territorios que consideran ancestrales.
El debate sobre la reforma de la ley de tierras terminó con la eliminación de los capítulos centrales del proyecto original, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional. Al mismo tiempo, quedó sin efecto la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que había establecido mecanismos de protección frente a los desalojos.
El resultado deja planteada una paradoja: mientras la discusión política reivindica la defensa del territorio frente a los capitales extranjeros, persisten herramientas legales y prácticas estatales que pueden facilitar el desplazamiento de comunidades originarias. La disputa por la tierra, así, no se reduce a quién puede comprarla, sino también a quién tiene derecho a permanecer en ella.