Desafíos para la transición energética argentina: ¿Es el gas fósil una solución?

A nivel nacional, más del 85% de la energía que se produce y consume proviene de los combustibles fósiles. El último Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) muestra que las causas del cambio climático corresponden a la acción del hombre y sus actividades productivas, las cuales generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se liberan a la atmósfera. Además, el informe estima que más del 70% de estas emisiones globales provienen de la extracción y el uso de combustibles fósiles.

Durante la COP28 sobre Cambio Climático, celebrada en noviembre del año pasado en Dubai, se planteó por primera vez la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Esta declaración marca un hito y envía una señal clara a nivel mundial de la urgencia de acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Sin embargo, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el documento de posición sobre transición energética publicado hoy sostienen que en Argentina la política energética nacional “no solo va en dirección opuesta a la urgencia de una transición socioecológica justa, sino que tampoco aborda las necesidades más apremiantes de la ciudadanía en términos de equidad y sostenibilidad a largo plazo”, afirman. El documento además enfatiza en la necesidad de diseñar políticas que reflejen un compromiso serio con la carbono neutralidad a 2050.

Transición energética

Gabriel Blanco, profesor-investigador del CTAE de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), sostiene que, para cumplir con las metas globales y comenzar a transicionar a energías más limpias, “debemos trabajar para implementar políticas y medidas que promuevan una transición justa y equitativa hacia un futuro más sostenible. Es un proceso complejo que afecta a múltiples actores, incluidas empresas, trabajadores, consumidores y el Estado”.

Mientras empresas hidrocarburíferas y organismos gubernamentales, tanto de la Argentina como a nivel global, sostienen que el gas fósil debería ser el combustible a utilizar mayoritariamente durante la transición, por su relativa abundancia y las menores emisiones de gases de efecto invernadero en relación al petróleo y al carbón. Desde FARN señalan que esta visión “no considera las emisiones de metano asociadas con la extracción y el transporte de gas, que contribuyen de sobremanera al calentamiento global en el corto plazo”.

“Tampoco contempla las consecuencias de un lock in tecnológico, ni los riesgos económicos asociados a la expansión de la infraestructura hidrocarburífera ante las tendencias internacionales. A su vez, el fracking de Vaca Muerta, de donde se extrae la mayor cantidad de gas, provoca sismos donde antes no había, produciendo rajaduras en casas, quebraduras de vidrios, entre otras graves consecuencias”, explican desde la organización.

“Es esencial cuestionar y rechazar estos enfoques reduccionistas que buscan postergar la atención de la necesidad imperante de sustituir las fuentes fósiles y llevar adelante cambios estructurales a  nivel cultural y económico”, afirman desde la organización.

Contexto actual argentino

Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación de FARN, explica cuál es el contexto actual argentino: “El gobierno de Javier Milei, a través de sus políticas como la mega devaluación, el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, refleja dos cosas: que no piensa en la energía como un derecho para las personas, y que busca seguir privilegiando a las empresas hidrocarburíferas”.

Slipak subraya que lo que hizo el gobierno fue liberar tarifas y quitar subsidios a los servicios. “Lo que se ve es una lógica enfocada en el beneficio a las empresas petroleras, permitiéndoles exportar sin límites y sin garantizar el abastecimiento interno. A los consumidores les aumenta la tarifa eléctrica, la nafta, pero en paralelo el gobierno sostiene los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, que son subsidios que solo engrosan las ganancias de estas empresas sin mejorar el abastecimiento de energía para la población”, sostiene. Según un comunicado publicado por FARN en febrero de 2024, el Estado destinó más de $150.000 millones en subsidios a estas firmas empresas extractivas.

Respecto al fomento de otras alternativas energéticas, Slipak agregó que “el gobierno de Milei eliminó por DNU políticas orientadas a impulsar el uso y producción de energías renovables y desarmó programas que propenden a expandir el acceso a la energía”.

El DNU 70/2023, emitido por el gobierno nacional en diciembre de 2023, eliminó los incentivos que otorgaba el Estado para promover la transición hacia energías renovables. Se derogaron 22 artículos del Régimen de Fomento de las Energías Renovables, desactivando el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), los Certificados de Crédito Fiscal (CCF), junto con otros beneficios fiscales para usuarios que eligieran el uso de alternativas renovables.