La demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares, acompañada por más de 850.000 personas, continúa sin una respuesta judicial sobre el fondo del planteo.
A más de cinco meses después de presentada la acción, el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para intervenir en la causa, pero todavía no resolvió los pedidos de medidas cautelares para suspender la aplicación de la reforma.
“Cinco meses después de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicación de la reforma sigue sin respuesta de fondo por parte de la justicia”, precisaron en un comunicado de prensa desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
La presentación fue realizada el 5 de mayo por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la AAdeAA, junto con asambleas, organizaciones territoriales y referentes sociales de todo el país. El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad de la reforma y que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, se suspendan sus efectos para evitar autorizaciones o avances de proyectos que puedan provocar daños irreversibles en los glaciares y las cuencas.
Qué glaciar está en peligro en San Juan por el proyecto minero Vicuña
La demora judicial cobró especial relevancia el 16 de junio, cuando el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, en San Juan. En la zona de intervención se encuentra el glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares.
Ante ese escenario, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación para advertir sobre la urgencia del caso y solicitar una medida cautelar específica que impida retirar al glaciar del Inventario mientras se tramita la causa. Según el comunicado, ese pedido tampoco obtuvo respuesta.
Las organizaciones advirtieron que, si el GE110 perdiera su protección antes de que se dicte una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho. La Ley 27.804, que reformó el régimen de protección de los glaciares, continúa vigente.
Qué cuestionan y piden las organizaciones ambientalistas
En la resolución del 8 de octubre, Baric también cuestionó distintas presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan la demanda, entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de Jáchal.
De acuerdo con las organizaciones, esas observaciones podrían dejar fuera del proceso a personas y agrupaciones vinculadas con la defensa de la ley y de los territorios afectados. Consideraron que esto resulta especialmente preocupante en una causa que, señalaron, nació y se sostiene por su carácter colectivo y por la participación de comunidades de todo el país.
El comunicado también advierte que, pese a la presentación de dos pronto despachos, el juzgado todavía no se expidió sobre las medidas cautelares solicitadas. Para las organizaciones, la demora debe analizarse a la luz de los principios de prevención y precaución del derecho ambiental, que exigen una respuesta judicial oportuna ante riesgos de daños irreversibles y afectaciones a derechos colectivos.
“Más de 850.000 personas acompañaron este reclamo. Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza”, sostuvieron. Y reclamaron que la causa avance sobre la constitucionalidad de la reforma y que los pedidos urgentes sean tratados para evitar que la respuesta judicial llegue cuando el daño ya sea irreversible.