«La planta siguen emanando humos por las chimeneas con olores nauseabundos que según el viento se sienten en la Autopista que va a Cañuelas. Ese olor es típico de cocción de harinas para alimento balanceado. Cocinan plumas y tripas«, asegura Alejandro Cruz, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
Es que habitantes de localidades como Monte Grande, El Jagüel, Luis Guillón, 9 de Abril y Canning aseguran que los olores nauseabundos son frecuentes en los alrededores de la planta avícola Cresta Roja y afectan la vida cotidiana: muchas familias deben cerrar puertas y ventanas o evitar actividades al aire libre cuando las emisiones son más intensas.
Vecinos advierten que el impacto de la actividad podría alcanzar un radio de hasta 6 kilómetros, afectando potencialmente a más de 200 mil personas, lo que vuelve a poner en agenda el debate sobre los controles ambientales a industrias que operan en territorios poblados.
Olores nauseabundos
Uno de los principales reclamos apunta al proceso de elaboración de un subproducto. Se trata de harina para alimento balanceado para mascotas, que se realiza a partir de los desechos de la faena. Según denuncian en CEPIS, durante la cocción y procesamiento de estos alimentos se utilizan distintos compuestos químicos y materias primas que generan emisiones y olores muy fuertes, que se perciben a varios kilómetros de distancia.
El rol de ACUMAR
Economía Sustentable pudo dialogar con ACUMAR y acceder a la documentación que solicitó el CEPIS a ACUMAR, a través del pedido de Información Pública. Según los archivos, el lugar fue declarado Agente Contaminante, en los términos del artículo 24 de la Resolución ACUMAR Nº 12/2019.
Desde el propio organismo le aseguraron a Economía Sustentable que «en marzo de 2026 ACUMAR clausuró preventivamente el establecimiento WADE SA, tras detectar vuelcos industriales fuera de parámetro en el arroyo Ortega, en Esteban Echeverría. La medida se mantiene actualmente en suspenso, sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por el organismo».
Plan de adecuación
«A la infracción por los vuelcos se suma que la empresa tenía vencido su plan de adecuación ambiental, situación por la cual ACUMAR tramita una sanción adicional. En ese marco, se le exigió la presentación de un nuevo plan —que la firma se comprometió a elaborar en 30 días hábiles a partir del 13 de marzo— junto con medidas concretas de mitigación por los daños ambientales ocasionados«, agregaron desde ACUMAR.
Entre las condiciones para mantener la actividad, la empresa opera al 70% de su capacidad productiva y debe realizar análisis diarios de parámetros críticos de sus efluentes. ACUMAR, por su parte, realiza inspecciones tres veces por semana para verificar el cumplimiento de todas las medidas adoptadas.
“En lo atinente a las emisiones gaseosas se constató que la empresa contratará un asesoramiento del INTI. Exhibe orden de compra Nro 7200143774 del 24/01/2025 por el 50% de los honorarios para realizar la asistencia técnica de emisiones gaseosas e identificación de fuentes difusas. Este objetivo forma parte del plan de adecuación presentado por la empresa, el cual fue aprobado. Como consecuencia de ello, se realizarán inspecciones sistemáticas de seguimiento en el establecimiento.”
Entre los cambios, se detalla la compra de un aerocondensador marca FIMACO para la producción de la harina. El mismo sirve para transformar los vapores en agua y eliminar los olores para que no sean nocivos para el ambiente.
Los olores continúan
Como los olores persisten, los vecinos están pidiendo información tanto al Municipio como a ACUMAR para comprender si «cumplió con un proceso de adecuación ya que debía comprometerse a la incorporación de tecnología con el fin de mitigar los olores», detalla Alejandro Cruz.
El presidente de CEPIS agregó que «están a la espera del INTI que iba a planificar cómo readecuar la tecnología. ACUMAR tenía el compromiso de ir cada tres meses a visitar y a multar. Estamos a la espera de ver qué sucede con esto ya que está funcionando de nuevo. Le vamos a pedir una nueva reunión a la Municipalidad. La planta necesita que invierta lo que se necesite en esa actividad para dejar de contaminar».
Cresta Roja al rojo vivo
La planta en El Jagüel cuenta con 700 trabajadores, quienes se vienen movilizando por falta pago a tiempo.
«Nosotros no pedimos que la empresa cierre, ni complique la situación de sus trabajadores. Sino clausurar el sector que realiza ese subproducto. Ellos siguen faenando pollos, venden huevos. Tienen muchos productos. La planta no necesita un cierre total. Puede seguir funcionando, hasta que la planta ponga los filtros adecuados», concluyen desde CEPIS.