Corrientes, en problemas: investigan presunto contrabando de fauna y turismo de caza con influencers extranjeros
Una organización especializada en tráfico de fauna denunció posibles maniobras irregulares vinculadas a la exportación de animales cazados como trofeos. La Justicia federal ya investiga la posible participación de funcionarios públicos.
Corrientes quedó en el centro de una investigación que combina denuncias por presunto contrabando de fauna, turismo cinegético y posibles irregularidades en la gestión de permisos de caza. El caso tiene como epicentro a la localidad de Sauce y cobró relevancia internacional luego de que la organización Freeland International, especializada en la lucha contra el tráfico de vida silvestre, advirtiera sobre la existencia de viajes organizados para cazadores e influencers extranjeros.
La denuncia, realizada en enero de 2025, sostiene que grupos provenientes de distintos países habrían promocionado la caza de animales en Corrientes con la posibilidad de exportar los ejemplares obtenidos como trofeos hacia destinos como Brasil, Estados Unidos y España, pese a que la localidad no cuenta con habilitaciones oficiales para ese tipo de operaciones.
A partir de estas revelaciones, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) abrió una investigación para determinar si existió un esquema de contrabando de fauna con participación de funcionarios o colaboradores vinculados a organismos provinciales.
Turismo cinegético en Corrientes: las sospechas que investiga la Justicia
Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Diego Miguel Ruiz Díaz, inspector ad honorem de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales, señalado por distintas fuentes como una figura relevante dentro del circuito investigado.
Según la información difundida, Ruiz Díaz acumula entre 2022 y 2025 diversas causas judiciales por delitos como abuso de autoridad, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Si bien fue absuelto en uno de los procesos, el resto continúa en trámite.
La investigación también analiza denuncias relacionadas con la gestión de permisos de caza en la zona. Fuentes locales sostienen que el acceso a determinadas autorizaciones dependería de la intermediación del inspector.
“Si querés cazar y no tenés campo, hablás con él y te facilita el proceso”, describió un abogado rural consultado sobre el funcionamiento informal del sistema.
Además, algunos establecimientos vinculados al sector promocionan en redes sociales jornadas de caza de ciervo axis junto a influencers extranjeros, exhibiendo equipamiento cuya utilización está restringida en Argentina, como silenciadores y miras nocturnas.
Contrabando de fauna y comercio de astas: el negocio bajo sospecha
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con el comercio de astas de ciervo. En 2021, Ruiz Díaz participó en un operativo que terminó con la incautación de 582 kilos de astas de ciervo axis que tenían como destino final China.
La causa reveló que parte del material provenía de actividades de caza furtiva. Aunque la fiscalía detectó posibles irregularidades en el manejo y comercialización de los productos decomisados, el inspector fue finalmente absuelto por falta de pruebas.
Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la trazabilidad de los fondos obtenidos a partir de estos decomisos. La legislación provincial establece que los productos confiscados pueden recibir “el destino que más convenga”, mientras que los recursos generados deberían destinarse al Fondo para la protección y conservación de la fauna.
El caso también incluye denuncias de empresarios del sector cinegético. Fabio Ávalos, propietario del coto de caza La Alemana, aseguró haber sufrido hostigamientos y presuntas exigencias económicas para continuar desarrollando su actividad.
Desde la Dirección de Recursos Naturales rechazaron las acusaciones y defendieron el desempeño del inspector. El organismo, encabezado por Agustín Portela, sostiene que Ruiz Díaz posee experiencia y conocimiento práctico sobre las irregularidades que afectan al sector. En la misma línea, el abogado del área, Diego Diratchette, calificó las denuncias como una maniobra impulsada por cazadores furtivos y actores disconformes con los controles oficiales.
Mientras la investigación judicial avanza, el caso de Sauce expone las tensiones existentes entre el desarrollo del turismo cinegético, la transparencia en el otorgamiento de permisos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir el tráfico ilegal de fauna. Las denuncias de organizaciones internacionales y los expedientes abiertos por la Justicia colocan a Corrientes bajo la lupa en un debate que involucra conservación ambiental, actividad económica y control estatal.
Fuente: con información de La Nación
