Córdoba fortalece la protección ambiental con una nueva ley, ¿de qué se trata?
En la última sesión de 2024, la Legislatura provincial aprobó una Ley que ordena la normativa relativa al régimen sancionatorio ambiental.
En un paso clave hacia la gestión ambiental más responsable, la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó una ley que reorganiza el régimen sancionatorio ambiental y crea el Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano especializado en la aplicación de sanciones.
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La norma, impulsada por los legisladores Miguel Siciliano, Abraham Galo, Walter Gispert, Julieta Rinaldi y María Victoria Busso, busca consolidar las disposiciones en materia hídrica, ambiental y de recursos naturales. Este avance legislativo «refuerza el control y asegura una mayor independencia en los procesos sancionatorios», explicaron en un comunicado de prensa.
Qué dice la nueva ley
Según precisaron, la ley persigue dos objetivos principales:
- Establecer procedimientos claros para sancionar a quienes incumplan las normativas ambientales.
- Separar las funciones de control y sanción, mediante la creación del Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano independiente que garantizará mayor agilidad y transparencia en la resolución de infracciones.
Entre los cambios más destacados, se encuentra:
- La unificación de la unidad de multa, que ahora se medirá en litros de combustible.
- La introducción de multas diarias conminatorias para asegurar el cumplimiento de sanciones y obligaciones de remediación.
- La implementación de un procedimiento sancionatorio ambiental específico, que optimizará los tiempos de respuesta ante daños al medio ambiente.
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La ministra de Ambiente y Economía Circular, María Victoria Flores, celebró la sanción de la ley como un avance significativo en la protección de los recursos naturales: “Es una mejora para la fiscalización y control ambiental. Es necesario avanzar en sanciones efectivas y hacerlas cumplir, porque el daño ambiental requiere de una actuación rápida”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, secretario de la Policía Ambiental, destacó el impacto de la nueva normativa: “Esta ley reduce los tiempos de los procedimientos, mejora la viabilidad en la recomposición ambiental y evita el colapso en la resolución de causas”.
