La convivencia entre la zona urbana de Berisso y Ensenada y la planta de Copetro ha consolidado, tras 44 años, uno de los conflictos socioambientales más prolongados de la provincia de Buenos Aires. Lo que para la industria representa un nodo logístico y productivo, para los habitantes de los barrios linderos significa una lucha diaria contra la sedimentación de residuos derivados del carbón de coque. Esta situación no solo afecta la calidad de vida, sino que interpela la capacidad de los organismos de control para garantizar un ambiente sano en áreas de alta densidad poblacional.
En diálogo con Economía Sustentable, Julieta Kolac, Ingeniera Agrónoma y referente de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso y Ensenada, analizó la profundidad de una problemática que atraviesa gestiones políticas de todos los signos. Según Kolac, el reclamo ha evolucionado desde una queja vecinal hacia una demanda técnica y legal que exige que la empresa internalice sus costos ambientales en lugar de trasladarlos a la comunidad en forma de contaminación aérea y degradación del entorno.
El lema que nunca caducó: «La responsabilidad es de la empresa»
Uno de los pilares que sostiene la asamblea es la premisa de que ningún habitante debe absorber las consecuencias de un proceso productivo privado. Para la ingeniera Kolac, la clave reside en la gestión de los subproductos: «El lema fue: los productos, subproductos y residuos de una empresa no corresponde que se la tiren en la cabeza a nadie». Esta postura técnica sostiene que es posible y obligatorio que los residuos se mantengan dentro del predio industrial mediante tecnologías de confinamiento que hoy, según denuncian, son insuficientes.
La dispersión del polvillo de coque no es un hecho fortuito, sino el resultado de una lógica operativa que los vecinos consideran impune. La exigencia actual es clara: la empresa debe modernizar sus procesos para que el impacto ambiental sea nulo fuera de sus muros. La falta de una inversión proporcional al volumen de producción ha llevado a que los vecinos asuman, con su salud y su patrimonio, el costo de un residuo que debería ser tratado como tal por la firma responsable.
La debilidad de los controles y el rol del Estado
El análisis de Kolac va más allá del accionar de la empresa y apunta a las fallas estructurales en la fiscalización estatal. Como profesional del área, identifica que existe una desconexión entre las normativas ambientales y su aplicación efectiva en el territorio. «El mayor conflicto es contra un Estado y contra distintos gobiernos que son partícipes necesarios de esta situación», señala, sugiriendo que la continuidad de la empresa sin cambios de fondo ha contado con una permisividad institucional histórica.
Esta falta de control no solo se observa en la planta de Berisso, sino en la cadena de complicidades que permite que el conflicto se perpetúe. Para los vecinos, la burocracia estatal suele actuar más como un filtro que protege la actividad industrial que como un garante de los derechos ciudadanos. La desconfianza en los informes oficiales y en las mesas de diálogo que no derivan en acciones concretas es lo que ha fortalecido la autonomía de la Asamblea frente a los poderes municipales y provinciales.
Un modelo que exige revisión urgente
La problemática de Copetro se inserta en un debate más amplio sobre el modelo extractivista y el desarrollo industrial en zonas urbanas. Desde su perspectiva como ingeniera, Kolac advierte que el sistema actual prioriza la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad a largo plazo. «Estamos insertos en un sistema donde no importa cuál sea la problemática en sí, sino que el funcionamiento es exactamente igual», reflexiona sobre cómo se repiten estas «zonas de sacrificio» en distintos puntos del país.
Finalmente, el reclamo de Berisso y Ensenada se mantiene vigente porque la solución técnica existe, pero falta la voluntad política para exigirla. La resistencia de los vecinos, sostenida por argumentos profesionales y vivencias directas, busca sentar un precedente: la industria debe ser compatible con la vida. La protección del patrimonio natural y la salud pública no pueden ser variables de ajuste en la balanza comercial de una empresa, especialmente cuando el daño se ha extendido por casi medio siglo.