En una resolución de alto impacto institucional, el Juzgado Federal N° 1 de Azul dispuso el procesamiento del presidente del frigorífico Absolon S.A. en el marco de una causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales en el Río Salado.
La decisión judicial considera acreditada -con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal- la existencia de una conducta sistemática de contaminación con potencial riesgo tanto para el ambiente como para la salud pública. Se trata de un nuevo avance en la persecución penal de este tipo de delitos, históricamente abordados desde el plano administrativo.
El fallo adquiere especial relevancia al constituir el segundo procesamiento de estas características dictado por la Justicia Federal de Azul, tras un antecedente reciente que involucró al frigorífico La Canaria. Ambos casos reflejan una línea de acción sostenida que consolida un cambio de paradigma: las infracciones ambientales comienzan a tener consecuencias penales concretas.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), luego de detectarse el vuelco de líquidos de aspecto rojizo en las inmediaciones del establecimiento ubicado en Roque Pérez. A lo largo del expediente se incorporaron pruebas técnicas, inspecciones y análisis de laboratorio que evidenciaron la presencia de contaminantes por encima de los límites legales, incluyendo sustancias potencialmente peligrosas.
De acuerdo con la causa, los efluentes eran descargados en un canal aliviador con destino final en el Río Salado, afectando de manera directa a uno de los recursos hídricos más relevantes de la provincia de Buenos Aires. La resolución judicial pone el foco en la reiteración de estas prácticas, registradas en múltiples ocasiones entre 2023 y 2025, incluso pese a clausuras, sanciones y órdenes de cese emitidas por la Autoridad del Agua.
En este contexto, el juez interviniente consideró que los hechos exceden ampliamente el ámbito administrativo y encuadran -prima facie- en el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051.
La causa contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal, con la participación de los fiscales federales Santiago Eyherabide, María José Buglione y Lucas Moyano, quienes impulsaron la investigación y sostuvieron la imputación sobre la base de la evidencia técnica reunida.
El fallo también subraya la importancia estratégica del Río Salado, cuya afectación implica riesgos no solo ambientales, sino también productivos y sanitarios para la región.
Este procesamiento consolida una tendencia creciente en la Justicia Federal de Azul: avanzar sobre la responsabilidad penal de directivos empresariales por daños ambientales. De sostenerse esta línea, podría sentar un precedente clave en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en la Argentina.