Comunidades indígenas de la zona de Tartagal denuncian el avance de topadoras en territorios ancestrales, presentaron una denuncia penal contra la empresa agropecuaria Desdelsur S.A. y reclaman respuestas de la Secretaría de Ambiente de Salta sobre las autorizaciones para realizar tareas en la zona.
Desde principios de agosto, comunidades wichí del área rural de Tartagal, en Salta, denuncian el avance de topadoras en territorios ancestrales al igual que sucedió en Catamarca. Los pobladores señalan dos focos de desmonte en las fincas Puesto Alcoba y Tonono, ubicadas a unos 13 kilómetros de distancia entre sí.
Puesto Alcoba, manejada por la empresa agropecuaria Desdelsur S.A., se encuentra a metros de los hogares de las comunidades. Tras detectar movimientos de topadoras en el lugar, los pobladores solicitaron información a la Secretaría de Ambiente de Salta. De forma extraoficial, desde la mesa de entradas del organismo les habrían informado que la empresa contaría con un permiso para cambio de uso del suelo con fines ganaderos. Sin embargo, las comunidades cuestionan el alcance de esa presunta autorización y reclaman conocer qué tareas fueron efectivamente habilitadas.
En la finca Tonono, en tanto, denunciaron otro foco de desmonte que habría afectado a la comunidad de Pozo Nuevo y a su cementerio. Allí, los referentes indígenas señalan al empresario Martín Morales como responsable.
Ambas fincas se encuentran en una zona que estaba anteriormente categorizada como amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, una clasificación que restringía el desmonte. Con la actualización del ordenamiento, aprobada a fines de 2024 y reglamentada durante 2025, esos territorios pasaron a integrar las denominadas Áreas de Producción y Conservación (APC), identificadas como “amarillo oscuro”, dentro de las cuales pueden habilitarse cambios de uso del suelo.
“Ahora, con el nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos, toda esta zona se puso como amarillo oscuro y los desmontes pasaron a ser admitidos, entonces se avanza con total impunidad”, explicó a Economía Sustentable Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según expresó a Economía Sustentable la abogada Cecilia Jezieniecky, representante legal de las comunidades, los pedidos de información realizados ante la Secretaría de Ambiente no obtuvieron respuesta. Los días 1 tariy 8 de agosto, los pobladores recorrieron los territorios y registraron el modo en que, según denuncian, el monte había sido volteado mediante el uso de cadenas. Esta práctica de cadeneo, explicó Cruz, es “una de las formas más atroces y rápidas de matar el monte”.
El 17 de agosto presentaron una denuncia en la Fiscalía Penal de Tartagal contra Desdelsur y elevaron una nota a la Secretaría de Asuntos Indígenas. “Pero seguimos sin ningún tipo de respuestas”, señaló Jezieniecky.
Mientras esperan información oficial, las comunidades aseguran que las tareas de desmonte no han cesado. El pasado 1 de septiembre, Basilia Pérez, integrante de la comunidad Lapacho 2, indicó a Economía Sustentable que continuaban los ruidos de topadoras en la zona. “Tenemos conocimiento de que siguen trabajando entre Pacará y Tonono”, señaló.
Qué es Desdelsur S.A. y por qué la denuncian las comunidades wichí
Según consta en su sitio web oficial, Desdelsur S.A. es una empresa argentina dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de productos agrícolas. La compañía señala que cuenta con 60.000 hectáreas de tierras agrícolas y que desarrolla actividades vinculadas tanto a la producción de cultivos —entre ellos legumbres y maní— como a la actividad ganadera. Entre sus instalaciones, menciona una planta de procesamiento de legumbres en General Mosconi y otra de procesamiento de maní en Tartagal, ambas en la provincia de Salta, además de un emprendimiento ganadero orientado a la producción y exportación de ganado.
En 2014, Desdelsur S.A. habría iniciado ante la Secretaría de Ambiente de Salta un trámite para obtener autorización para un Plan de Ordenamiento Predial y cambio de uso de suelo con fines agroganaderos en la finca Puesto Alcoba. El proyecto contemplaba habilitar 3.043 hectáreas para la producción, junto con 2.423 hectáreas destinadas a protección y reserva. La información consta en una convocatoria a audiencia pública publicada por el diario El Tribuno el 24 de junio de 2014, correspondiente al expediente N.º 0090227-23967/2013-0.
Si bien el pedido fue realizado en 2014, la abogada Jezieniecky señaló que “recién ahora, tantos años después, empezaron con los movimientos en la finca La Alcoba”. Además, aclaró que, de cualquier modo, “la autorización que habrían solicitado no debería implicar bajo ningún punto de vista el ingreso de topadoras”.
Según denuncian las comunidades, este accionar empresarial tendría una larga historia. Marcelino Pérez, referente de la comunidad Lapacho 2, señaló a Economía Sustentable que las tensiones con las comunidades wichí comenzaron cuando la empresa empezó a expandirse por el extremo norte de la provincia de Salta en 1990. El líder apuntó a una presunta complicidad del gobierno y a estrategias empleadas para dividir a las comunidades: “Gente que es del gobierno viene y nos hace firmar actas y notas. Convencen a los caciques que piensan que es en beneficio para ellos, pero la mayoría no está de acuerdo, no tienen el aval de las comunidades”.
Argentina sigue perdiendo bosque nativo
Argentina está perdiendo su masa boscosa a pasos agigantados debido al avance de la frontera agropecuaria. Según expresa un informe realizado por el BID, entre 2007 y 2022 se perdieron en el país aproximadamente 3,7 millones de hectáreas, siendo Salta la segunda provincia más afectada luego de Santiago del Estero. El reemplazo del bosque chaqueño por áreas de cultivo y para la introducción de ganado explica en buena medida esta reconversión.
La Ley de Bosques fue sancionada en el año 2007 para controlar este alarmante retroceso, estipulando el ordenamiento de las zonas boscosas del país en tres categorías —roja, amarilla y verde— según el grado en que pueden someterse a alteración y desmonte. Con la modificación del ordenamiento territorial de Salta reglamentada en 2025, la zona donde las comunidades denuncian actualmente el avance de las topadoras pasó de la categoría amarilla a integrar las denominadas Áreas de Producción y Conservación, donde pueden habilitarse cambios de uso del suelo.
“De acuerdo al relevamiento satelital realizado por Greenpeace en los seis primeros meses de 2026 ya se desmontaron en la provincia 11.960 hectáreas, el doble que lo que se había desmontado para el mismo período del año pasado. Los desmontes están destruyendo el ámbito de vida de las comunidades wichí, ellos mismos fueron quienes nos alertaron de la llegada de las topadoras”, señaló Cruz.
En palabras de Basilia Pérez y Marcelino Pérez: “Para nosotros el monte es vida, es medicina, es sustento, no puede voltearse”. Pero además de cuestionar la presencia de las topadoras, lo que les preocupa es lo que denuncian como un incumplimiento de los procesos de consulta previa, libre e informada que deben realizarse en casos como estos, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“La ganadería, sobre todo si es muy intensiva, va a trastocar su vida. Toda esa actividad tendría que haber sido consultada”, afirmó la abogada Jezieniecky.
Al momento de cerrar esta nota, las comunidades y organizaciones ambientalistas continuaban esperando respuestas oficiales tras las cartas presentadas a los organismos estatales. Según denuncian los pobladores, las topadoras seguían trabajando en la zona.