Cómo una Pyme argentina puede acceder a casi 400 mil euros para exportar productos sustentables
Europa ofrece financiamiento a Pymes industriales argentinas para que desarrollen y exporten productos sustentables.
Desde el 1 de enero de 2025, en virtud del llamado «Pacto Verde», regirán nuevas regulaciones ambientales para exportar al mercado europeo. Entre otras disposiciones, las empresas con más de 250 empleados (medianas y grandes), deberán medir su huella de carbono, y esto impactará en toda su cadena de valor, incluyendo a sus proveedores transfronterizos.
En este contexto, la Unión Europea lanzó el programa Al Invest Verde, con el que financiará la reconversión de las industrias para lograr una producción más limpia, baja en carbono, y tendiente a la economía circular y la minimización de los residuos.
En Argentina, el programa se ejecutará mediante un convenio con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidad que representa un 50% de la producción manufacturera del país y un 35% de las exportaciones. Para llevarlo adelante, la entidad fabril se asoció con el Colegio de Ingenieros de Valladolid (España) y la Fundación ICBC.
Cómo una Pyme argentina puede acceder a un fondo para exportar productos sustentables
La iniciativa, que financia hasta 375.000 euros por proyecto, se enfoca en brindar capacitaciones y asistencia técnica para la reconversión productiva en clave sustentable.
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«Los fondos se aplicarán básicamente a dos tipos de proyectos», explica Manuel Frávega, director de Ambiente y Sustentabilidad de la UIPBA. «En primer lugar a la formación y capacitación en temas de descarbonización en el sector industrial, gestión de residuos, economía circular, reportes ambientales, eficiencia energética y productiva. Y también se van a financiar asistencias técnicas para Pymes», detalló.
El programa consta de tres etapas: La primera es la formación y capacitación. «Después viene la parte de asistencia técnica y luego junto a la Fundación ICBC nos enfocaremos en potenciar las exportaciones. La idea es hacer un diagnóstico y de acuerdo al perfil productivo, proponer un plan de mejoras y posicionarse para las exportaciones», expresó.
Las capacitaciones se van a dar a ambos lados del Atlántico, tanto en Valladolid como en la provincia de Buenos Aires, en un marco de aumento de las exigencias ambientales europeas.
«Estamos convocando a Pymes y cámaras sectoriales para un ciclo de capacitaciones que comenzará en 2025», destacó Fravega. «Incluso aquellas empresas que no exportan necesitan incorporar criterios de eficiencia energética, economía circular y producción limpia, dado que muchas de ellas son proveedoras de otras industrias que son exportadoras», apuntó.
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Algunos de los rubros en los que se enfoca el programa son: metalmecánico, alimenticio, químico y farmacéutico, automotriz, construcción; servicios como la gestión de residuos, el aprovechamiento de materias primas y el turismo sostenible. También habrá proyectos con una mirada multisectorial para optimizar el uso del plástico y del packaging.
La ejecución de Al Invest Verde busca beneficiar a 500 Pymes mediante herramientas de digitalización y sostenibilidad, capacitación sobre marcos regulatorios, y certificaciones de impacto social y ambiental. Además, las empresas participantes recibirán un manual de buenas prácticas y tendrán acceso a especialistas que las apoyarán durante todo el proceso brindándoles asistencia técnica.
«Debemos replantear los paradigmas tradicionales de diseño, producción y consumo, adoptando prácticas que promuevan la innovación, la eficiencia energética y la reutilización de recursos, para reducir la huella ambiental y contribuir a la mitigación del cambio climático», sostuvo Frávega.
Normas ambientales para estar en línea con el resto de los países
A fines de 2019, la Unión Europea lanzó el «Pacto Verde», una serie de iniciativas para transformar la economía y alcanzar la neutralidad climática para 2050. En este camino, a partir de 2024 comenzaron a regir los «impuestos al carbono en el borde de la frontera» que imponen subas arancelarias a los productos que ingresan con una alta huella ambiental. El objetivo es minimizar lo que se conoce como «fuga de carbono», un fenómeno que ocurre cuando las empresas que enfrentan restricciones ambientales para producir dentro del continente europeo, deciden hacerlo en otros países con normativas más laxas, y terminan importando la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas fuera de su territorio.
La exigencia de «deforestación cero», es otro ejemplo de normativa ambiental que aplica Europa, en este caso para productos agroindustriales. A partir de 2024, tanto las exportaciones de carne como de soja y otros commodities deben demostrar que no fueron producidas en terrenos deforestados después de 2020.
Estas normativas ya están afectando a quienes exportan (o son proveedores de empresas exportadoras) al mercado europeo. Y es de esperar que otros bloques económicos las incorporen, en virtud de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU acordada por más de 150 países (de la que Argentina se retiró por disposición del presidente Milei).
Sin embargo, tanto las provincias (dueñas de los Recursos Naturales según la Constitución de 1994), como las empresas privadas, deberán sostener esta agenda (plasmada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que van desde el Fin de la Pobreza al cuidado de los ecosistemas terrestres y marinos, la equidad de género, el acceso a la educación y la transparencia), si desean seguir comerciando con el mundo.