Cómo la guerra en Medio Oriente amenaza con “dinamitar” el Acuerdo de París

Es más que probable que la guerra de Medio Oriente, además de todos los efectos geopolíticos y de víctimas humanas que va a dejar, termine también afectando el cumplimiento de los objetivos medioambientales del Acuerdo de París.

Es decir, el tratado internacional vinculante, adoptado en el 2015, que marca el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 1,5 grados respecto a niveles preindustriales. 

Su propósito es acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo y fomentar la adaptación a los efectos del cambio climático.

En este contexto y mientras los misiles cruzan el cielo de la región, un «punto ciego» de millones de toneladas de carbono amenaza con descarrilar las metas climáticas globales. 

Del secretismo sobre las emisiones militares al desvío masivo de fondos hacia el armamento, así es como el conflicto está forzando a las potencias a elegir entre la seguridad nacional y la supervivencia del planeta.

En este contexto, son varios los factores que están atentando con el cumplimiento de esos objetivos:

• El Agujero Negro del Carbono: las emisiones de las operaciones militares (tanques, cazas y logística de guerra) no son obligatorias de reportar bajo el Acuerdo de París. Con la escalada actual, este vacío estadístico se ha vuelto tan grande que las metas de reducción de países como Israel o Irán son, en la práctica, ficticias.
• La «Fuga» del Financiamiento: el compromiso de los u$s100.000 millones para ayudar a países pobres a transicionar está perdiendo la batalla contra los presupuestos de defensa, que han alcanzado récords históricos este año.
• Adiós al 1.5°C: con el regreso de Estados Unidos a una postura de «seguridad energética primero» y la fragmentación del diálogo en la COP, la meta de limitar el calentamiento global se está viendo desplazada por la urgencia de asegurar suministros de gas y petróleo frente al cierre de rutas comerciales.

Efecto rebote 

Si bien calcular un número exacto de años de retraso para el cumplimiento de estos objetivos es complejo debido a la volatilidad del conflicto, alguno organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía (AIE) y analistas de riesgo climático ya sugieren que el desvío podría ser de entre cinco y 10 años respecto a las metas intermedias de 2030, lo que pone en riesgo crítico el objetivo final de neutralidad para 2050. 

Otro factor que está «empujando» el calendario del Acuerdo de París hacia el futuro es el llamado «Efecto Rebote» de los combustibles fósiles que los analistas entienden que podría retrasar los objetivos de ese pacto en uno a tres años.

La razón en este caso se debe a que la urgencia por la seguridad energética está obligando a los países a priorizar el suministro inmediato sobre la transición mediante el incremento de las producciones de carbón y de gas.

Para compensar la inestabilidad en Medio Oriente, varias potencias han extendido la vida útil de plantas de carbón. 

Cada año que estas plantas operan por encima de lo previsto suma emisiones que no estaban «presupuestadas», lo que obliga a los modelos climáticos a postergar la fecha de cumplimiento para permitir la absorción de ese excedente de CO2. 

Otra consecuencia que juega en contra y que podría generar un retraso de tres a cinco años, está dado por la disrupción en la inversión de capital que requiere el cumplimiento del Acuerdo de París, como parte de desembolsos masivos en infraestructura verde. 

En este caso, el conflicto altera esto de dos formas:

• Costos de capital elevados: la incertidumbre bélica dispara las tasas de interés y el «riesgo país» en regiones emergentes. Esto hace que proyectos de energía solar o eólica, que tienen altos costos iniciales, se vuelvan financieramente inviables o se pospongan. 
• Desvío de fondos para la Defensa: el Acuerdo de París depende de que los países desarrollados financien la transición de los en desarrollo con el uso del fondo de u$S100.000 millones anuales.

El gasto militar global ha alcanzado máximos históricos debido a la inestabilidad en Medio Oriente y Ucrania. 

La contaminación militar 

Es decir, los presupuestos gubernamentales están migrando de subsidios a la transición energética hacia el gasto militar y la ayuda humanitaria, restando tracción al despliegue tecnológico necesario para 2030. 

A partir de este hecho, se empieza a contabilizar el impacto de las emisiones militares, teniendo en cuenta que las guerras son eventos masivos de carbono que rara vez se contabilizan formalmente en los inventarios nacionales del Acuerdo de París.

Es un hecho que el despliegue de tanques, aviones de combate y logística pesada consume cantidades industriales de combustible fósil de alta densidad energética.

El efecto que causa este proceso es un aumento drástico en las emisiones de alcance nacional que no estaban previstas en las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). 

De manera adicional, los incendios derivados de bombardeos en infraestructuras petroleras liberan metano y CO2 de forma descontrolada.

Se trata de un aumento drástico en las emisiones de alcance nacional que no estaban previstas en las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). 

Esto ataca el objetivo final del Acuerdo de París que  busca la transición hacia energías limpias. 

Crisis logística 

Frente a dicho escenario, la inestabilidad en Medio Oriente (una zona que provee aproximadamente el 30% del petróleo mundial) obliga a los países a priorizar el suministro inmediato sobre la sostenibilidad.

Los expertos agregan otro factor que podría frenar en por lo menos dos años las metas del convenio, que se refiere a la crisis logística y de materiales críticos que está causando la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Lo identifican como el «impuesto de ruta», más que nada a las marítimas clave que se encuentran bloqueadas o bajo amenaza como el Estrecho de Ormuz, entre otros.

Esto se debe a que el transporte de componentes para paneles solares, turbinas y baterías se vuelve más lento y caro. 

Estudios recientes de la consultora Rystad Energy sugieren que el costo de proyectos de captura de carbono (CCUS) podría subir hasta un 30% debido al alza de energía y logística, ralentizando su adopción masiva. 

Los ejemplos de Israel y Arabia 

Para entender cómo este conflicto afecta los compromisos de reducción de emisiones se puede ejemplificar con los casos de Arabia Saudita e Israel, dos actores clave en el conflicto y en la región pero con realidades muy distintas.

Con respecto a Arabia Saudita, tiene uno de los planes más ambiciosos de la región: la Saudi Green Initiative (SGI), que busca reducir 278 millones de toneladas de CO2 al año para 2030 y alcanzar el Net Zero en 2060.

Aunque el país mantiene oficialmente sus metas, el conflicto regional (especialmente las tensiones y ataques recíprocos con Irán reportados en 2025-2026) ha forzado un cambio de prioridades.

Los ataques a infraestructuras petroleras y de gas obligan al reino a reinvertir masivamente en defensa y reconstrucción rápida, lo que compite directamente con el presupuesto destinado a proyectos de hidrógeno verde y parques solares masivos.

La consecuencia de este cambio es que genera una «paradoja energética» ya que, para financiar su transición, Arabia necesita vender petróleo caro, pero la inestabilidad que sube el precio del crudo también destruye la cadena de suministro necesaria para sus paneles solares y tecnología limpia.

En el caso de Israel, se comprometió a reducir sus emisiones en un 27% para 2030 (respecto a 2015). 

Sin embargo, la guerra en curso ha alterado drásticamente su balance de carbono al punto que un estudio reciente estimó que el conflicto en Gaza y las tensiones regionales generaron aproximadamente 33 millones de toneladas de CO2 equivalente (una cifra similar a todas las emisiones anuales de un país como Jordania).

La consecuencia fue que el Ministerio de Finanzas de Israel tuvo que recortar las previsiones de crecimiento para 2026 y aumentar el gasto en defensa en más de u$s10.000 millones.

Gran parte de este gasto militar se destina a operaciones de alta intensidad (aviación, tanques, logística) que no están sujetas a las restricciones de emisiones del Acuerdo de París, creando un «punto ciego» en su contabilidad climática. 

Además, la meta de descarbonizar su red eléctrica se ha ralentizado porque la prioridad absoluta ahora es la resiliencia de la red frente a ataques, no su limpieza.

El pico de las emisiones 

En este contexto de inestabilidad y de incertezas sobre el lapso de duración del conflicto bélico ya se habla de que la meta original de Net Zero 2050 se encuentra, por lo menos, amenazada.

Los analistas entienden que, para poder cumplir con esa fecha, se requiere que las emisiones globales bajen un 45% para 2030, lo cual en la actualidad nadie se anima a afirmar que se llegará a buen puerto.

Es más, la mayoría advierte que si la inestabilidad en Medio Oriente se prolonga durante el resto de la década, el pico de emisiones, que debía ocurrir antes de este 2026, podría desplazarse hacia el 2028 o el 2030.

Esto significa que para alcanzar el objetivo de 1.5°C, el mundo tendría que hacer en 15 años lo que planeaba hacer en 25, una aceleración que muchos expertos consideran técnicamente improbable, moviendo la meta real de estabilización hacia el 2055 o el 2060.

Por eso, existe consenso en advertir que, aunque el Acuerdo de París sigue siendo la «brújula» global, la guerra está convirtiendo el camino en una pendiente mucho más empinada, transformando metas de 2030 en objetivos que probablemente solo se alcancen plenamente hacia el 2035 o el 2040.

En el mismo sentido, el éxito de París depende de la confianza y el diálogo entre potencias como Estados Unidos, China, UE, Rusia y los países de la OPEP.

Sin embargo, la guerra polariza las relaciones diplomáticas y si las potencias están en bandos opuestos de un conflicto armado, la cooperación en foros como la COP (Conferencia de las Partes) se vuelve mucho más difícil, bloqueando acuerdos sobre mercados de carbono o transferencia tecnológica.