Después de meses de conflicto, denuncias cruzadas y una investigación judicial en marcha, Aysam y el Departamento General de Irrigación finalmente firmaron un convenio para intentar contener la crisis generada por los desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén. El acuerdo también fue rubricado por la Subsecretaría de Ambiente y la Municipalidad de Guaymallén, y establece un esquema de mitigación mientras avanzan las obras definitivas.
El entendimiento llega después de que Irrigación denunciara a Aysam por arrojar líquidos cloacales sin autorización sobre el canal de riego Ramo 12, ubicado en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo. La situación escaló al plano judicial y los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi incluso recomendaron imputar a la cúpula de la empresa estatal, al considerar que las autorizaciones previas eran “precarios, revocables, transitorios y excepcionales”.
En el convenio, las partes reconocen formalmente el colapso estructural de la Colectora Máxima Noreste, diseñada originalmente para 180 mil habitantes pero que hoy recibe efluentes de más de 526 mil personas.
Aysam deberá operar un sistema cloacal cerrado y responder por cualquier derrame
Uno de los puntos centrales del acuerdo obliga a Aysam a instalar cañerías cerradas para trasladar efluentes cloacales dentro de los cauces de los canales Ramo 12, Santa Teresa y Ramo 14, bajo un sistema completamente segregado del agua de riego.
Según el texto firmado, la conducción deberá ser “cerrada, estanca, independiente y completamente segregada del escurrimiento del agua de riego”, evitando cualquier “contacto, mezcla, infiltración ni posibilidad de contaminación cruzada entre los efluentes cloacales y las aguas destinadas a riego agrícola”.
El convenio también deja asentada la responsabilidad directa de la empresa estatal ante cualquier falla operativa. “En el caso de que se produzca algún derrame, ya sea por rotura u otras circunstancias, será responsable Aysam de los efectos que ello causare, debiendo proceder a la inmediata reparación”, señala el documento.
Además, la empresa deberá presentar un “seguro de caución” y elaborar un “plan de actuación” con controles permanentes sobre el sistema, protocolos de contingencia y guardias activas para responder ante eventuales rebalses o pérdidas.
Entre las exigencias ambientales más severas, el acuerdo obliga a construir “bordos perimetrales y obras de contención suficientes para impedir cualquier escurrimiento superficial fuera del predio”, incluso frente a lluvias o fallas operativas.
También se incorporó la instalación de una red de monitoreo hidrogeológico con controles sobre napas, salinidad y posibles procesos de contaminación bacteriológica o fisicoquímica. El punto cobra especial relevancia luego de que el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, admitiera recientemente en MDZ Radio que “las napas algún grado de contaminación tienen y un poco eso es el producto de la multa”.
Irrigación dio un permiso “precario y revocable” y Guaymallén exigió frenar olores y desbordes
Aunque Irrigación aceptó autorizar el traslado de efluentes desde Severo del Castillo y 2 de Mayo hacia el norte de Ruta 27, el organismo dejó en claro que el permiso será “estrictamente excepcional, transitoria, precaria y esencialmente revocable”.
Según el convenio, la autorización se justifica “exclusivamente en la necesidad de mitigar una contingencia sanitaria y ambiental”, mientras se ejecutan las obras estructurales definitivas.
En paralelo, el organismo estableció revisiones periódicas obligatorias y la posibilidad de revocar el permiso ante incumplimientos o demoras en las obras comprometidas.
La Municipalidad de Guaymallén, por su parte, sumó una batería de reclamos vinculados al impacto urbano y sanitario que provocaron los desbordes cloacales. Entre las exigencias incluidas en el acuerdo figura la obligación de eliminar “desbordes, canalizaciones a cielo abierto y olores en la vía pública”.
El municipio también pidió pasos peatonales y viales seguros, “correcta señalización e iluminación” y barreras acústicas para reducir los ruidos generados por las bombas y trabajos de remediación.
Además, Guaymallén insistió en la necesidad de realizar “un estudio técnico integral del desempeño hidráulico de la Colectora Máxima Noreste”, contemplando caudales, pendientes y condiciones de escurrimiento para evitar nuevos colapsos en el sistema cloacal.