Cinco provincias argentinas buscan vender yacimientos mineros y una fundación ambiental expresó su preocupación

La Semana de Materias Primas, organizada por la Comisión Europea, se llevará a cabo del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, Bélgica, con el propósito de analizar la evolución futura de las materias primas en Europa.

Desde Argentina, asistirán representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, quienes sostendrán reuniones bilaterales con la Comisión Europea. Además, el 10 de diciembre participarán en un evento público sobre las relaciones entre Argentina y la UE, organizado por la Dirección General de Asociaciones Internacionales (INTPA).

Según la información disponible, estos encuentros se centran en explorar posibles inversiones de empresas europeas en proyectos de extracción de minerales, específicamente cobre y litio, en el contexto del Acta de Materias Primas y el programa Global Gateway. 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresó su preocupación tanto por los métodos como por el contenido de las reuniones, señalando que «la falta de transparencia y la escasa participación de la sociedad civil en estos espacios de debate y discusión impide ofrecer perspectivas sobre la creciente conflictividad socioambiental relacionada con los minerales clave para la transición energética, particularmente el litio y el cobre».

En un comunicado, FARN alertó que el gobierno nacional está impulsando un proyecto político que involucra tres aspectos principales, los cuales podrían representar un retroceso significativo en los derechos humanos y ambientales en el país. Entre estos, mencionaron el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales e impositivos a proyectos de gran escala, priorizando el uso de agua y energía para estos proyectos por encima de las necesidades de la población. Además, señalaron reformas en el Estado Nacional que ponen en riesgo su rol como garante de los derechos humanos, especialmente en un país donde casi el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y carece de acceso a servicios básicos. Por último, advirtieron sobre el intento de desprestigiar a quienes se oponen o critican estas políticas. 

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“A este cuadro general se suman conflictos ambientales en las distintas provincias que hoy buscan vender sus yacimientos mineros a inversores europeos, que a su vez dependen de la importancia de materias primas, especialmente minerales, para avanzar en las tecnologías para el actual modelo de transición energética”, sostuvieron desde la organización.

Salta y Jujuy, en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, más de 30 comunidades llevan reclamos por la falta de  cumplimiento de sus derechos a distintas instancias administrativas y judiciales a nivel local, nacional e internacional.

Catamarca, en esta provincia se quiso avanzar sin planificación ambiental estratégica, a pesar de que en el Salar del Hombre Muerto existen más de 10 iniciativas de explotación minera, de las cuales 5 planean extraer agua de la misma cuenca, el Río Los Patos. Como antecedente, la actividad minera ya provocó el secado de la vega del Río Trapiche.

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San Juan, se busca desarrollar proyectos de minería de cobre, como Filo del Sol, Josemaria, El Pachón, Los Azules, Altar y Esperanza. Sin embargo, desde 2015, los vecinos de Jáchal han protagonizado reclamos constantes para frenar actividades extractivas que ponen en riesgo la salud de la población, especialmente tras el derrame de solución cianurada de la mina Veladero, que afectó los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal. Actualmente, el proyecto Josemaría se encuentra en la cuenca del Río Jáchal, lo que genera una mayor presión hídrica y avanza a pesar de múltiples denuncias por un proceso de consulta irregular y por violaciones a la Ley de Glaciares.

Mendoza, una provincia históricamente afectada por crisis hídricas, se sancionó la Ley provincial 7.722, respaldada por una amplia movilización popular, con el objetivo de proteger los recursos hídricos frente a la actividad minera y garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, en noviembre la legislatura provincial aprobó 34 proyectos mineros en la localidad de Malargüe, poniendo en riesgo la debida implementación tanto de la Ley 7.722, como de la Ley Nacional de Glaciares.

“Ante estos escenarios y dinámicas que se están evidenciando en la construcción de acuerdos para facilitar el acceso a minerales para las metas de la transición energética del Norte Global, vemos con preocupación que se prioricen intereses de avanzar en la extracción mineral por sobre las necesidades y miradas de comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que atentan contra la integridad de ecosistemas que cumplen funciones centrales para el sostenimiento de la diversidad biológica y para la adaptación y mitigación del cambio climático”, enfatizaron desde FARN.