Chaco: ordenan la detención de un empresario forestal por desmontes ilegales

La Fiscalía Federal de Chaco ordenó la detención del empresario forestal Roberto Nardelli por su participación en desmontes ilegales en la provincia. La solicitud se enmarca dentro de la causa iniciada el año pasado por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (CAJE), que denunció un entramado político-empresarial responsable de la devastación del bosque chaqueño, al que denominaron la #MafiadelDesmonte.

//Mirá también: Incendios forestales en Argentina: ¿Cómo se pueden reforestar los bosques perdidos?

Según la CAJE, Nardelli, quien mantiene poderosos vínculos políticos en la región, «desobedeció una medida cautelar que prohíbe los desmontes en toda la provincia del Chaco, emitida como resultado de la acción judicial emprendida por la organización».

➡️ Es en el marco de la causa que iniciamos el año pasado donde denunciamos el entramado politico-empresarial que se enriquece devastando el bosque chaqueño y que llamamos la #MafiadelDesmonte. 💸❗️ pic.twitter.com/sIugrMefeM

— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) March 27, 2025

“El empresario había sido previamente sancionado con el secuestro judicial de su topadora el mes pasado, a pedido de nuestra organización, pero, a pesar de ello, hemos comprobado que volvió a utilizarla para seguir con los desmontes ilegales, gracias a las denuncias de valientes chaqueños y chaqueñas”, aseguraron desde la CAJE.

La denuncia pone en evidencia «una vez más los intereses económicos y políticos detrás de la destrucción de los recursos naturales en la provincia, y reafirma la lucha de la sociedad civil por la protección del medio ambiente y la justicia en el manejo de los bosques chaqueños».

Extensión de la prohibición del desmonte en Chaco

Cabe recordar que en febrero de este año, la Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en la provincia.

//Mirá también: Denuncian «falta de información» sobre el dragado del río Uruguay

«Esta decisión, lograda en la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, representa un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte», expresaron desde la Asociación en un comunicado.

En este sentido, explicaron que la decisión de la justicia «impone medidas concretas de fiscalización». «La Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024″, sumaron.

Así la jueza hizo lugar a al pedido de medidas complementarias que inició la asociación. «Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales», agregaron.

Chaco, provincia de desmontes

Según la misma entidad, el contexto en la provincia de Chaco «es alarmante». «Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires», precisaron. «A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables», agregaron.

//Mirá también: Mendoza suma 40 mil hectáreas a La Payunia para conservar al guanaco

«Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas continuaremos exigiendo el respeto irrestricto a la legislación ambiental y denunciando a quienes, con sus negocios y su inacción, destruyen los bienes comunes que garantizan el bienestar de nuestra sociedad», concluyeron.