La expansión de la minería en Salta vuelve a poner sobre la mesa un problema que suele quedar relegado detrás de los anuncios de inversiones y generación de empleo: la gestión de los residuos que producen los proyectos extractivos.
A través de la Resolución N° 410, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable creó el Registro de Generadores y Operadores para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos derivados de la Actividad Minera, una herramienta que busca fortalecer los controles sobre los desechos generados por las compañías que operan en la provincia.
La decisión deja en evidencia la necesidad de contar con mecanismos más estrictos de seguimiento en una actividad que atraviesa una etapa de fuerte crecimiento, especialmente en torno al litio, y cuyos impactos ambientales son cada vez más observados por comunidades, especialistas y organizaciones socioambientales.
Residuos mineros: Salta busca reforzar controles y trazabilidad
Según la normativa, el nuevo registro estará integrado por dos categorías. Por un lado, los “generadores”, es decir, las empresas mineras alcanzadas por la medida. Por otro, los “operadores”, responsables de las distintas etapas vinculadas al tratamiento, transporte y disposición de los residuos.
La resolución establece que las compañías deberán inscribirse conforme lo determine la autoridad ambiental durante los procesos de evaluación y en las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
El objetivo oficial es mejorar el seguimiento de los residuos desde su generación hasta su disposición final. Sin embargo, la creación de este sistema también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control que existían hasta ahora y sobre la capacidad estatal para fiscalizar una actividad que continúa expandiéndose en zonas ambientalmente sensibles.
Impacto ambiental de la minería: el desafío pendiente de la gestión de residuos
La normativa dispone que las empresas deberán garantizar una gestión integral de los residuos bajo criterios de economía circular, promoviendo la recuperación, valorización y reciclado de materiales.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a impulsar “una gestión más eficiente, ordenada y ambientalmente responsable”, además de fomentar la logística inversa, reducir el uso de nuevos recursos naturales y disminuir la huella de carbono.
No obstante, la implementación efectiva será clave para determinar si la medida logra traducirse en mejoras concretas o si queda limitada a una nueva exigencia administrativa. En un contexto de crecimiento sostenido de la actividad minera, la acumulación de residuos y la necesidad de monitorear cada etapa de su tratamiento aparecen como desafíos cada vez más relevantes.
Las empresas que actualmente operan en la provincia tendrán un plazo de 90 días desde la publicación de la resolución para adecuar sus procedimientos y actualizar sus Declaraciones de Impacto Ambiental conforme a los nuevos requisitos.
La creación del registro representa un reconocimiento implícito de que la gestión de residuos vinculada a la minería requiere mayores controles. El desafío ahora será garantizar que esos controles se apliquen de manera efectiva y que la expansión del sector no avance a costa de nuevos pasivos ambientales.