Bajo la lupa: así es la “radiografía” de la movilidad eléctrica en Argentina

La movilidad eléctrica comienza a extenderse como alternativa a los vehículos de combustión interna, en especial para reducir el nivel de contaminación que generan en las ciudades y el hecho de ser unos de los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

En el  caso de América Latina se está avanzando en la inclusión de este tipo de vehículos en las flotas de transporte a partir de las políticas que los gobiernos de la región vienen desarrollando para potenciar y facilitar su penetración y expandir la infraestructura de recarga que permita la implantación de este tipo de tecnologías de forma masiva.

Por lo menos así lo aseguran expertos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) a través de un informe elaborado por el organismo multilateral para analizar el estado de la movilidad eléctrica en América latina y en el cual se reserva un capítulo a la situación de la Argentina.

Se trata de la tercera edición del informe regional sobre movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe, desarrollado por la plataforma MOVE de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe.

El informe busca ofrecer una evaluación del estado de avance de la movilidad eléctrica en la región. Y a la vez, con base en los hallazgos, ofrecer recomendaciones para poner en sintonía el desarrollo de esta tecnología con el contexto y las oportunidades que se presentan en la región, de manera que pueda generar la mayor cantidad de beneficios integrados.

El documento asegura que en la actualidad existen 6000 vehículos eléctricos livianos; 11 países que han instaurado algún tipo de electro corredor; y 13 países se encuentran preparando sistemas de transporte público de buses eléctricos, entre otras cifras destacables.

Agrega que el transporte tanto de pasajeros como de mercancías es básico en el desarrollo de la región. Pero advierte sobre la necesidad de desarrollar un transporte sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con la salud de los ciudadanos.

“Para conseguir esto, se necesita acoplar la descarbonización del sector del transporte y el sector de la generación eléctrica, con el fin de potenciar mayores beneficios integrados. De ahí la importancia de fijar y dar seguimiento a metas ambiciosas a corto, medio y largo plazo que incluyan la movilidad eléctrica como un sector clave para la descarbonización”, se destaca en ei informe que brinda una radiografía de la situación actual de 20 países de la región.

El documento muestra los niveles de penetración de distintos modos de transporte, públicos y privados, y de la infraestructura de recarga, así como desde un punto de vista cualitativo- también explica las políticas y programas que están en aplicación o desarrollo en la región, incluyendo las metas marcadas y las tendencias provenientes de la sociedad.

Lo hace con un entorno regional en el cual el 80% de su población vive en zonas urbanas y sabiendo que contribuye con el 15% de las emisiones de gases del efecto invernadero. 

Por eso, el informe advierte que los países de América latina necesitan avanzar hacia un transporte más eficiente, pero también limpio que permitirá responder a los problemas de salud que conlleva la contaminación, que hoy cobra la vida de 300.000 personas al año.

Se destacan ciertos avances pero se reclama acelerar la trasformación “verde” de las ciudades y los sistemas de transportes, lo cual traerá una serie de beneficios, tales como la reducción de la contaminación y de la congestión vehicular, fomentar el desarrollo de energías renovables, aprovechar y generar ventajas competitivas y aumentar el bienestar de la población.

En esta línea y de acuerdo con el estudio Carbono Cero 2019 de la ONU, la electrificación del transporte conllevaría importantes beneficios en términos de salud y de mitigación del cambio climático.

“La región tiene un enorme potencial para el desarrollo de la movilidad eléctrica debido a la alta penetración de energías renovables en las matrices eléctricas y el interés de reducir la dependencia de los hidrocarburos para el funcionamiento del sector de transporte”, destaca el trabajo.

Sin embargo, la situación todavía se encuentra en un estadio temprano de adopción tecnológica, tal como lo reflejan datos de la Organización Internacional de Vehículos Automotores (OICA), que destaca que de los 126,3 millones de vehículos en circulación en América Latina, sólo hay 6.000 eléctricos nuevos por lo cual se estima que se trata de una región que presenta un enorme potencial para el  crecimiento de la movilidad eléctrica que trasciende el sector del transporte y permite generar beneficios integrados en el uso racional de la energía; en la calidad del aire que se respira en los centros urbanos, además de ser una medida importante de acción climática que procura alcanzar los compromisos adquiridos por los países bajo el Acuerdo de París.

Argentina y sus regulaciones

En el caso de Argentina, el informe de la ONU refleja la situación actual de la movilidad eléctrica sosteniendo que las autoridades vienen trabajando en políticas públicas y normas específicas a nivel nacional y provincial. Actualmente, se encuentran pendientes de discusión siete proyectos distintos para avanzar  en la formulación de una legislación nacional en la materia. 

En este sentido, el trabajo recuerda que en mayo del 2019, el país fue sede del primer Foro de Legisladores Latinoamericano sobre Movilidad Eléctrica, realizado en el Congreso Nacional, con la participación de representantes legislativos de nueve países.

Se menciona además el trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y los cambios a la Ley de Tránsito mediante el decreto 32/2018, donde destaca la incorporación de las definiciones y categorías de vehículos con motorización eléctrica e híbrida de acuerdo con su capacidad (en kW), con énfasis en los requisitos para su homologación. 

Asimismo, se mencionan otros dos decretos. Por un lado, el 26/2019 que modificó las clasificaciones de licencias de conducir para incluir a los vehículos con motorización eléctrica. Y por otro, el 230/2019, que amplió la reducción del arancel de importación para autos eléctricos que antes solo era otorgado para empresas del sector automotriz radicadas en el país, para incluir también a importadores de vehículos fabricados en el exterior, afectando directamente a 6.000 vehículos por tres años. 

Otra de las medidas mencionadas por la ONU es la que establece una disminución arancelaria para la importación de buses eléctricos de un máximo de 350 unidades por un plazo de 36 meses, así como hasta 2.500 centros de carga de potencia mayor o igual a 50kW.

A nivel provincial, se destaca a Santa Fe, donde se votó la Ley N. 13781 para el fomento de la industrialización de los vehículos eléctricos y las tecnologías ligadas a energías alternativas. También existen proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Neuquén, entre otras.

En el caso de la Capital Federal, se aprobó una legislación que reglamenta el uso de los monopatines eléctricos a través de una modificación del Código de Tránsito y Transporte. Dicha ley establece una serie de requisitos de seguridad, una potencia máxima de 500W y un límite de velocidad de 25km/h. Asimismo, prohíbe la circulación por aceras y define 16 años como la edad mínima para su uso. Por su parte, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación estableció la norma IRAM 60020 que define los requisitos de seguridad para las bicicletas con asistencia eléctrico al pedaleo.

En materia de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la disposición 283/2019 reglamenta la prestación de servicios de recarga eléctrica en estaciones de servicio y define especificaciones de seguridad sobre la instalación y registro de los centros de carga. 

Por su parte, el reglamento AEA 90364-7-722, desarrollado por la Asociación Electrónica Argentina, define las bases para la normalización de las instalaciones destinadas a la recarga de autos que a finales del 2019, eran 61 vehículos eléctricos, 34 híbridos enchufables y 3.284 híbridos convencionales.

“En lo que respecta a este sistema, el país cuenta con una red pública y privada de más de 250 centros de carga y actualmente, se comercializan 15 marcas distintas en el mercado, lo que ha facilitado el despliegue de la infraestructura de recarga”, señala el informe de la ONU en el cual se pone como ejemplo a Córdoba, donde se  aprobó una tarifa especial para la recarga de vehículos eléctricos mediante bandas horarias.

En cuanto al transporte público de pasajeros, ya hay varias ciudades donde se operan micros eléctricos como la Ciudad de Buenos Aires que tiene dos buses circulando de la línea 59. Pero es la ciudad de Mendoza la que posee la mayor flota del país, con 18 unidades. 

En la provincia de Santa Fe, en tanto, circulan dos trolebuses de fabricación nacional mientras que Rosario comenzará pronto con la introducción de dos buses dentro de su flota  de transporte público. 

“Si bien Argentina se destaca por su industria automotriz, su producción de vehículos eléctricos aún es incipiente y actualmente, se comercializan dos marcas de producción nacional (Sero Electric y Volt Motors), con un peso menor a media tonelada métrica”, sostiene el trabajo.

Hoja de ruta común

Teniendo en cuenta este escenario, tanto local como regional, el documento de la ONU concluye sobre la necesidad de profundizar el desarrollo de la movilidad eléctrica para impulsar este negocio y también para luchar contra los impactos negativos sobre la salud pública generados por la contaminación atmosférica teniendo en cuenta que gran parte de ese problema proviene de las emisiones generadas por el transporte. 

También se identifican líneas de acción comunes entre los países para el fomento de la movilidad eléctrica a partir de establecer una estrategia a diferentes niveles y horizontes temporales y desarrollar una hoja de ruta clara a mediano y largo plazo para ofrecer certidumbre a la inversión privada hacia la electrificación del sector transporte.

“Los países deben establecer metas que faciliten posteriormente el monitoreo y la evaluación de los avances que se logren para, así, reajustar sus estrategias y planes”, recomienda la ONU en su informe. 

Al respecto, agrega que las metas principales se han definido para las flotas de transporte público y la de vehículos livianos y para que los países lleven a cabo un “esfuerzo” por adoptar normativas más exigentes en temas de calidad ambiental y emisiones derivadas de los combustibles fósiles. 

De hecho, se advierte que muchas ciudades, incluyendo varias de la Argentina, están renovando grandes flotas de micros con tecnologías de combustión interna, que se mantendrán en el mercado por al menos 15 años que generarán “un bloqueo tecnológico” y podrían desviar a la región del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paris.

Otra de las recomendaciones de la ONU al gobierno argentino y al resto de América latina pasa por planificar la integración de la red de distribución eléctrica a nivel nacional y local con la infraestructura de recarga necesaria para permitir el desarrollo de la movilidad eléctrica a gran escala. 

Y si bien se ha considerado la necesidad de estudiar la ampliación de la capacidad de generación eléctrica, también se debe prestar atención al impacto y el potencial de integración de la infraestructura de recarga con los sistemas de distribución y transmisión. Por ello, el informe pide considerar adecuadamente el tipo de tecnología que se adapte de mejor manera al servicio que se desea electrificar, así como la que dé mejor servicio al sistema eléctrico.

“Mediante la penetración de las fuentes de energía renovable para la generación eléctrica y la electrificación del sector del transporte, se dejaría de depender de la importación de hidrocarburos, lo que mejoraría la posición de independencia energética de los países”, revela el trabajo de la ONU.

La organización multilateral  reclama además priorizar la electrificación de los sistemas de transporte público, teniendo en cuenta la alta incidencia de los servicios de transporte tradicionales en las emisiones contaminantes, así como su impacto social.

Taxis, surtidores y financiamiento

Según la ONU, la  electrificación del transporte público ofrece la oportunidad, no solo de mejorar las unidades, sino que también abre la puerta para la formalización y modernización de estos servicios.

Un ejemplo de oportunidad que el documento refleja es el de los taxis. La visión en este caso es la de modificar las regulaciones vigentes, con el fin de actualizar este sector ante los cambios tecnológicos y ante la competencia de los servicios privados de transporte.

Debido al uso intensivo de estas flotas, y la contaminación que generan, se podrían incluir especificaciones de características tecnologías de los vehículos orientados hacia la movilidad eléctrica, asegura la ONU en su informe.

En términos de carga de vehículos eléctricos, las las distribuidoras de energía o los operadores de estaciones de servicio podrían aliarse para aumentar la cobertura de la infraestructura y habilitar un sistema o una red universal dentro de los países y a nivel regional. 

Para la ONU, los usuarios de vehículos eléctricos podrían identificarse ante este sistema y gestionar sus transacciones de energía.

De igual forma, se pueden sumar un sinnúmero de nuevos valores agregados al sistema eléctrico, como la gestión de la demanda y el almacenamiento de energía a través de la administración bidireccional entre los vehículos y la red eléctrica, así como servicios en áreas remotas o aisladas y en situación de emergencia.

Por otro lado, con la finalidad de aumentar las posibilidades de implementación de los proyectos y de diversificar las fuentes de financiamiento, la ONU fomenta la búsqueda de fuentes alternativas a las tradicionales, tales como: fondos de inversión internacional, bancos de desarrollo, fondos verdes, deuda concesional, entre otros ejemplos.

Del lado legislativo y de marco legal, el informe observa que los países de la región siguen diferentes estrategias para integrar la movilidad eléctrica en la política pública.

En algunos casos, se ha avanzado en un marco legal completo, con leyes integrales que se encuentran en fase de desarrollo o ya vigentes. En otros, se cuenta con una estrategia nacional de movilidad que regirá los desarrollos legislativos y las metas a corto, medio y largo plazo, y que sirve como base para la formalización futura de un marco legal integral.