Argentina tiene ventajas comparativas para desarrollar proyectos de remoción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basados en la naturaleza y proveer estos certificados cada vez más demandados.
Por lo menos así surge de analizar un informe elaborado por la consultora PwC en el cual se asegura que el país cuenta con amplias superficies disponibles aptas para este tipo de proyectos y una alta tasa de crecimiento de árboles, pudiendo llegar a ser hasta cinco veces más rápida que en el hemisferio Norte.
El documento destaca que, a nivel global, se proyecta un gran crecimiento de la demanda de este tipo de créditos, que sobrepasa a la oferta, impulsando el alza de precios hasta 15 veces hacia el 2050.
A nivel local el escenario futuro es similar si se tiene en cuenta que en la actualidad, el mercado de carbono oscila en estimaciones que sugieren que podría generar ingresos por más de u$s2.000 millones anuales, aunque expertos en el tema señalan que si solo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país se involucra en proyectos de reducción de emisiones, el mercado podría superar los u$s9.000 millones cada 12 meses.
Este mercado nació a partir de los mecanismos de fijación de precios de emisiones de gases de efecto invernadero desarrollados a partir del Protocolo de Kioto y Acuerdo de París y, entre sus objetivos se destaca el de integrar los costos ambientales y sociales en el desarrollo de las actividades productivas, generados por las emisiones, para limitar el calentamiento global.
Cómo son los tipos de mercados de carbono
El informe de PwC explica que “en los mercados de carbono se comercializan derechos de emisión o créditos de carbono, que consisten en certificados que se emiten al reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o remover estos gases de la atmósfera”.
A partir de este precepto es que se evidencia una mayor necesidad de este instrumento para poder compensar las emisiones que resultan difíciles de reducir, lo cual genera una fuerte demanda para estos títulos que en la actualidad se dividen en dos tipos de mercados como son los regulados y voluntarios:
- Regulado: en este caso, los entes y organismos oficiales limitan las emisiones GEI permitidas por sector y asignan o subastan derechos de emisión (equivalentes a 1 tCO2eq1) a las empresas. En este caso, el precio del carbono es determinado por la oferta y demanda de derechos de emisión o créditos.
- Voluntario: los créditos de carbono (equivalentes a 1 tCO2eq) son intercambiados por un precio y son generados por proyectos que previenen o remueven emisiones GEI una vez registrados y certificados por estándares internacionales.
En la Argentina se utiliza el mercado voluntario pero, a pesar de las diferencias, el estudio de PwC explica que la función principal de los créditos de carbono es reducir, compensar o eliminar eficazmente las emisiones de gases de efecto invernadero de una organización y, así, reducir el calentamiento global.
Además, juegan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático y representan una oportunidad para atraer inversiones de empresas que apoyan proyectos de carbono de alta calidad teniendo en cuenta que en la actualidad en la Argentina ya son casi 200 los proyectos para la captura y reducción de emisiones en sectores como el forestal; el agropecuario; las energías renovables; la industria; el transporte y la gestión de residuos.
Crear el marco legal adecuado para exportar créditos de carbono
Al respecto, un trabajo elaborado por la consultora especializada Sylvera indica que, durante el primer trimestre de este año, se evidenció por primera vez en el mercado voluntario de carbono que las emisiones de créditos se equipararon con los retiros.
Según la calificadora de riesgo de bonos de carbono, con 55,63 millones de créditos emitidos y 54,56 millones retirados, la diferencia fue de apenas un 1,9 %, una marcada reducción frente al 51,8% registrado en el mismo período de 2024.
Todos estos datos y los estudios sobre la evolución de este segmento son tomados por la llamada Mesa Argentina de Carbono, una plataforma multisectorial que busca impulsar el desarrollo de estos mercados en Argentina.
La entidad promueve la creación de un marco legal e integral para la seguridad jurídica y transparencia internacional de estos mercados y está conformada por empresas, instituciones y personas interesadas en generar las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos de carbono en el país.
En sus documentos se explican las razones por las cuales el país puede aprovechar el actual contexto para generar nuevas inversiones y fomentar el crecimiento de sectores estratégicos, ya que los datos del primer trimestre de este año muestran un mercado que avanza hacia una mayor integridad, escasez controlada y señales claras para que los compradores actúen ahora si quieren asegurar acceso y precios competitivos a futuro.
En ese sentido, el trabajo de Sylvera estima que “si Argentina inicia un proceso de impulso de este tipo de instrumentos, podría alcanzar un 5% del mercado global para 2030, generando inversiones por u$s2.200 millones para el desarrollo e implementación de Proyectos de Carbono”.
Se advierte que el interés en los mercados de carbono voluntarios como fuente de generación de valor sustentable es cada vez mayor para las empresas e inversores, además de que la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y la alta velocidad de crecimiento de los árboles posiciona al país en un lugar privilegiado para satisfacer la creciente demanda global de créditos de carbono de remoción basados en la naturaleza.
Estrategia oficial
De hecho, desde el 2023 el país cuenta con una estrategia nacional de para el uso de los mercados de carbono que fue aprobada durante el anterior gobierno de Alberto Fernández, mediante la Resolución MAyDS N 385/2023 que se fundamenta en la necesidad de crear un marco común para el uso de estos mercados a nivel nacional.
El objetivo es propiciar las condiciones adecuadas para generar proyectos en el país, contribuir a la mitigación y a la adaptación y brindar transparencia, integridad y certidumbre para el sector y como parte del trabajo del país para cumplir con sus metas al 2030.
La norma detalla además los principios para el uso de los mercados de carbono en el país y las alternativas para la implementación de la estrategia con el objetivo de aprovechar un mercado con un potencial que, según un estudio del Movimiento Cívico y Social Avaaz, podría superar los u$s20.000 millones anuales.
A partir de este escenario y con la presencia de importantes figuras del arco político y legislativo nacional, así como de cámaras empresarias locales e internacionales, embajadas, organismos internacionales y entidades locales de ciencia y sociedad civil, la Mesa Argentina de Carbono acaba de presentar en sociedad su “Plan de Desarrollo del Sector Carbono”.
El documento asegura que “nuestro país está ante una oportunidad histórica como es la de transformar su vasto capital natural y productivo en una fuente estratégica de generación de divisas, inversión, empleo y posicionamiento internacional”.
Desbloquear inversiones
Por eso, los integrantes de este organismo impulsan dicha estrategia integral para que el país lidere la oferta de créditos de carbono en la región y transformar así al carbono en un nuevo motor de desarrollo económico y federal.
“La certificación de la captura y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generan créditos de carbono que se comercializan a nivel nacional e internacional”, advierte el informe.
El paper explica también que los compradores son, principalmente, empresas que buscan equilibrar su huella de carbono, ya sea para cumplir exigencias gubernamentales (mercados internacionales por Art.6 del Acuerdo de París) o por compromisos voluntarios (Mercados Voluntarios).
Se detalla en este sentido, que un crédito de carbono representa una tonelada de CO2eq capturada o reducida mediante acciones que incluyen la producción agropecuaria y forestal, la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte y la gestión de residuos, entre otros.
La Mesa Argentina de Carbono estima que su plan podría desbloquear entre u$s460 millones y u$s2.377 millones anuales en ingresos por la venta de créditos de carbono y otros u$s2.200 millones a 2030 en inversiones para el desarrollo e implementación de proyectos de carbono.
La iniciativa ve a los proyectos de carbono como un complemento de la producción agropecuaria y forestal, generando financiamiento adicional.
“Para generar créditos de carbono no se requiere de inversión o financiamiento público, pero sí se requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle, tal como sucede en los países vecinos y de la región”, detalla el plan.
Incertidumbre futura
Al respecto, Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa, agrega que la estrategia “abarca principalmente al sector agropecuario y forestal”, pero aclara que el objetivo es “poder ampliarlo a todos los sectores que participan o podrían participar en la generación de créditos de carbono, desde energía e industria hasta transporte, todo lo que pueda traccionar el desarrollo del carbono como sector productivo”.
Para el experto, a diferencia de lo que ocurre con los países vecinos y de la región, en Argentina existe una gran incertidumbre para que la generación de créditos de carbono sea atractiva y confiable.
Asimismo, entiende que estos instrumentos “tienen un canal de venta muy acotado ya que por restricciones gubernamentales hoy solo es posible comercializar a través del Mercado Voluntario”.
Según su visión, esto no solo hace que el crédito de carbono argentino se venda a precios un 80% más bajo que lo que se podría comercializar en Mercados de Cumplimiento, sino que restringe la posibilidad de desarrollar proyectos estratégicos y de alta escala por no ser viables con los precios del Mercado Voluntario.
Dos hitos fundamentales
Además, en el documento se recuerda que la Argentina ha participado, desde 2005, en los mercados de carbono y que hasta el 2024, se han registrado poco más de 60 proyectos de carbono en total, una cifra que se considera “ínfima” si se la compara con la situación a nivel global, donde existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales.
Por su parte, en Latinoamérica y durante los últimos cinco años se formularon el 22% de los créditos de carbono emitidos en todo el mundo, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas, especialmente por parte de proyectos en Colombia, Brasil y México.
Estos países, como así también recientemente Paraguay, cuentan con normativa vigente o en desarrollo para brindar seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de carbono, lo cual parece no existir en la Argentina.
En este sentido, desde la Mesa sostienen que el Plan de Desarrollo del Sector Carbono establece dos hitos principales para generar condiciones diferenciales para que el sector del Carbono agropecuario y forestal se desarrolle:
- a) Dar mayor seguridad jurídica a los créditos de carbono. Al no estar tipificado en las leyes, se debe dar certeza a la propiedad y a la naturaleza jurídica e impositiva de los créditos de carbono. Esto debe hacerse a través de una Ley Nacional para que sea aplicable en todo el país.
- b) Abrir canales de venta internacionales. Al permitir que los créditos de carbono argentinos se puedan comercializar en los Mercados de Cumplimiento internacionales, es posible lograr precios de venta 80% mayores. Para ello se deben generar acuerdos con países compradores de créditos de carbono, tal como ya lo han hecho otros países de la región.
Manual de acción de la Mesa de Carbono
“Argentina tiene un gran potencial de no sólo cumplir con sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino también puede ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo, generando así negocios complementarios para el sector del agro, la industria, las energías renovables y la foresto-industria.
Para entender el plan, la Mesa elaboró un manual de acciones que contiene las claves de la propuesta:
- 1) Una nueva economía basada en la naturaleza
El carbono no es un pasivo ambiental: es un activo productivo y exportador. A través de proyectos agropecuarios y forestales certificados, Argentina puede generar créditos de carbono de alta integridad con impacto económico real.
- 2) Divisas sin deuda ni subsidios
Bajo la situación actual, los ingresos e inversiones del sector Carbono no superan los u$s10 millones anuales. Si se brinda mayor seguridad jurídica a través de una ley específica, los ingresos podrían alcanzar los u$s460 millones al año y si además se habilita la venta a los mercados internacionales de cumplimiento, esa cifra puede escalar a más de u$s2.300 millones anuales, siempre sin inversión pública.
- 3) Inversión verde en el territorio
Los proyectos no compiten con la producción agropecuaria o forestal: la complementan sino que permiten nuevos ingresos sin cambiar el uso del suelo. Con este plan, se podrían movilizar entre u$s2.200 millones y u$s3.800 millones en inversiones privadas hacia regiones productivas, con beneficios ambientales y sociales tangibles.
- 4) Empleo con arraigo
Se estiman más de 70.000 nuevos empleos directos e indirectos en viveros, monitoreo, manejo forestal, certificación y tecnologías asociadas.
- 5) Trazabilidad para el comercio internacional
Frente a barreras que impone Europa o las exigencias de trazabilidad en California, los mercados de carbono son clave para promover las exportaciones y evitar sobrecostos de hasta u$S4.000 millones de anuales.
“Con visión y decisión, Argentina puede liderar en América Latina la oferta de créditos de carbono confiables, de calidad y con impacto territorial”, sostienen los autores del documento.
Aseguran también que no se trata de un costo sino de una palanca para el desarrollo federal, inclusivo y moderno, teniendo en cuenta que el carbono puede ser el próximo complejo exportador argentino.
“La ventana de oportunidad está abierta. Y el mundo está mirando”, argumentan.