El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la crisis de financiamiento ambiental volvieron a quedar en el centro de la disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, denunció un retiro progresivo de la Nación de las tareas de recuperación ambiental y aseguró que la Provincia tuvo que asumir trabajos que hasta ahora estaban a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el Gobierno nacional comunicó que dejará de realizar tareas de limpieza del río y recolección de residuos en distintos sectores de la cuenca. La decisión afectaría intervenciones en las riberas de Lanús y Lomas de Zamora, además de 35 puntos de disposición irregular de residuos distribuidos entre Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
La denuncia bonaerense apunta a un proceso de desfinanciamiento que, según las autoridades provinciales, compromete la continuidad de las políticas de saneamiento en uno de los territorios más contaminados del país. El conflicto no se limita a la limpieza del cauce principal, sino que también alcanza a los arroyos secundarios, las obras de infraestructura sanitaria y los programas de mejoramiento urbano.
ACUMAR perdió presupuesto y trabajadores y redujo su capacidad de saneamiento
Uno de los principales cuestionamientos de la Provincia está relacionado con la reducción de los recursos económicos destinados al organismo. De acuerdo con los datos presentados por Bianco, el presupuesto de ACUMAR cayó un 74% en términos reales respecto de 2023.
A esa reducción se suma una pérdida de personal. Según el ministro, alrededor de 350 trabajadores dejaron el organismo desde el inicio de la actual gestión nacional, una situación que habría afectado su capacidad para ejecutar programas ambientales, fiscalizar actividades industriales y sostener las tareas de recuperación de la cuenca.
La Provincia también señaló que el recorte de financiamiento comenzó a impactar en los trabajos de limpieza de los arroyos que desembocan en el Matanza-Riachuelo. Hasta 2023, ACUMAR intervenía en el río y en más de 100 kilómetros de cursos de agua secundarios mediante cooperativas de trabajo.
Frente a la discontinuidad de esos programas, el Gobierno bonaerense asegura que debió utilizar recursos propios para evitar la paralización de las tareas. Entre las intervenciones que mantiene actualmente menciona la limpieza y el mantenimiento de 21 arroyos, que abarcan aproximadamente 71 kilómetros, además del trabajo de diez cooperativas dedicadas al saneamiento y la conservación ambiental.
La reducción de la actividad del organismo también genera preocupación por las tareas de control de la contaminación industrial. En una cuenca atravesada por establecimientos productivos, basurales y cursos de agua degradados, la falta de inspecciones y monitoreo puede dificultar la identificación de fuentes contaminantes y el seguimiento de las medidas de remediación.
Obras paralizadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y fondos provinciales para el saneamiento
Otro de los puntos denunciados por Bianco es la interrupción de proyectos de infraestructura vinculados con el acceso al agua potable, el tratamiento de efluentes y las condiciones habitacionales de las familias que viven en zonas de riesgo.
Según el funcionario, desde el inicio de la actual administración nacional se registró una ejecución cercana al 0% en gastos de capital destinados a programas de urbanización de barrios populares, obras sanitarias, control de la contaminación industrial y sistemas de desagües pluviales.
Entre los proyectos que la Provincia identificó como paralizados se encuentran la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, ubicada en Bernal; la construcción de un río subterráneo para reforzar el abastecimiento de agua hacia el sur de Quilmes; y la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza.
También se encuentran pendientes miles de viviendas destinadas a la relocalización de familias asentadas en sectores vulnerables próximos al río y a los arroyos de la cuenca. La falta de avances en estas iniciativas prolonga las condiciones de exposición de quienes viven en áreas afectadas por problemas ambientales y déficits de infraestructura básica.
Mientras cuestiona la retirada de recursos nacionales, la administración bonaerense sostiene que incrementó su participación en diferentes frentes de trabajo. Entre las acciones que financia menciona la tercera etapa de las obras sobre el arroyo Dupuy, la ampliación de servicios sanitarios en el Hospital Paroissien y las tareas de limpieza y mantenimiento de los cursos de agua.
La disputa por los fondos de ACUMAR vuelve a exponer las dificultades para sostener una política de saneamiento que requiere coordinación entre Nación, Provincia y municipios. La Cuenca Matanza-Riachuelo concentra a millones de habitantes y arrastra décadas de contaminación industrial, deficiencias en el tratamiento de residuos y falta de infraestructura sanitaria.