Alberto contra la biodiversidad: promoverá actividad petrolera en el mar, megaminería y no cambiará el modelo agrotóxico
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Fernández oficializó su apuesta por el extractivismo y su postura frente al resto de las actividades
«A favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, queremos construir una Argentina medioambientalmente sustentable».
Con esas palabras, el presidente Alberto Fernández activó el espacio asignado al tratamiento de los recursos naturales en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias 2020.
Pero lo que parecía el inicio de un derrotero de políticas orientadas a combatir los efectos del calentamiento global o la preservación de los ecosistemas derivó en exactamente lo contrario.
Sin escatimar detalles, y lo suficientemente claro como para no dejar lugar a libres interpretaciones, el primer mandatario informó que su gestión mantendrá como prioridad actividades opuestas al resguardo de la biodiversidad como la explotación de hidrocarburos -tanto en el continente como en la plataforma marina-, la minería a gran escala, y también la agricultura atada al paquete tecnológico que combina transgénicos con agrotóxicos.
«Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas”, expresó Fernández en un tramo de su enunciación.
«Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios», añadió.
Vaca Muerta
Aunque omitió la referencia directa, Fernández apuesta a reavivar las actividades extractivas en el reservorio no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Un área que, sobre todo en 2019, perdió interés comercial para las petroleras por efecto de variables como el control al giro de divisas al exterior, el incremento en los costos operativos y, principalmente, el recorte de jugosos subsidios estatales.
Vaca Muerta, como expuso Economía Sustentable hace muy pocos días, ya es escenario de desastre ambiental por efecto del sistema de extracción consagrado por las petroleras que operan en el área: la fractura hidráulica, también conocida como “fracking”.
La técnica en cuestión, aplicada por compañías como la estatal YPF, Tecpetrol -grupo Techint-, la malaya Petronas, y las europeas Wintershall y Total, entre otras, comprende la perforación de pozos mediante la rotura de rocas subterráneas con explosivos. Y la posterior inyección de una mezcla de agua y una batería de formulaciones que puede ir de 20 a 500 aditivos.
En concreto, el método combina aspectos de la explotación petrolera consolidada y la labor minera más cuestionada a partir de una ausencia total de cualquier criterio de sustentabilidad.
Como ya contó este medio, el impacto negativo del “fracking” en Neuquén se hizo evidente en cuanto las áreas bajo situación de monitoreo entraron, a partir de 2015, en fase de explotación directa e intensiva. La primera consecuencia inmediata fue la irrupción de sismos en un territorio de la Patagonia que no había temblado en más de 100 años.
Solo en 2019 el área bajo fractura hidráulica sufrió 135 sismos confirmados. Se generó, además, un volumen anual de “flowback”: agua con químicos y otros residuos industriales que devuelve cada perforación, equivalente a algo más de 500 piletas olímpicas de 50 metros de largo.
Y, de acuerdo a lo que pudo constatar Economía Sustentable, se consolidaron casi 60 pozos sumideros que albergan sin tratamiento alguno a esos mismos líquidos, en filtrado permanente hacia la dorsal Huincul, falla geológica predominante en esa zona de la provincia de Neuquén.
Dicho sistema de extracción hidrocarburífera, anticipó Fernández este último domingo, contará en breve con el respaldo de una ley nacional. Pero hay más: en su pronunciamiento, el Presidente adelantó que promoverá una normativa para establecer una nueva demarcación de la plataforma continental argentina. Esto, expresó, con el fin de acentuar el extractivismo.
«El ‘Proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina’ contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo. La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias», precisó.
De avanzar con estas operaciones, Argentina finalmente entrará en el grupo de países con intervenciones petroleras concretas en el océano -u «offshore»- con el riesgo de catástrofe que esto encierra.
Según organizaciones ambientalistas, en los últimos 50 años han ocurrido alrededor del mundo más de 130 vertidos de hidrocarburos en ecosistemas marinos con consecuencias letales para infinidad de especies.
Status quo
En otro tramo de su discurso, Fernández se refirió a la minería como un ámbito en el que «tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respeto a estándares ambientales y participación social».
«En particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas», justificó. Con este posicionamiento, el Presidente vuelve a colocarse en la vereda de enfrente de la exigencia popular de acabar con la megaminería.
La postura muestra también que lo ocurrido en Mendoza a fines de diciembre de 2019, con el pueblo movilizado en oposición a la extracción con cianuro y la depredación de las fuentes de agua, no modificó en absoluto la predilección del mandatario por esa forma de explotación.
Con su espaldarazo a la actividad, el primer mandatario coloca en el cajón de lo desestimado a eventos como la sucesión de derrames protagonizados por la minera Barrick Gold en su yacimiento Veladero, en el territorio de San Juan.
Ocurridos entre 2015 y 2017, derivaron en el vertido de millones de litros de solución cianurada en los ríos que atraviesan los departamentos de Iglesia y Jáchal, enclavados en el norte de esa provincia. Semejante acción representa, al menos hasta hoy, el mayor evento de contaminación generado por una minera en toda la historia del país.
En el caso del litio, la contracara de esa explotación está en el impacto ambiental que su extracción genera en los salares de Jujuy, Catamarca y Salta que contienen al mineral. Asimismo, su producción consume una enorme cantidad de agua, recurso que claramente no abunda en la Puna.
Por último, Fernández se refirió al agronegocio dando evidencias que, más allá de la decisión de avanzar con una dirección de agroecología -cuya demora en la oficialización ya comenzó a despertar suspicacias-, la decisión gubernamental es no modificar el «status quo» predominante en términos de métodos de producción.
«Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la hora de comprar insumos», dijo el Presidente.
Para luego agregar: «Partiendo de allí, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que sólo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos.»
Dicho de otro modo, el Gobierno incrementará las retenciones a la soja transgénica como fuente de regalías para las arcas oficiales -una constante desde mediados de los años 90 a esta parte-, mientras que no establecerá cambios para el resto de los productos que lideran las exportaciones agrícolas de la Argentina.
Fuera de discusión para el primer mandatario: las consecuencias socioambientales de un modelo que, consolidado a partir de la deforestación y el colapso de la diversidad agrícola a manos del monocultivo, pero sobre todo basado en el uso irrestricto de agrotóxicos, amenaza la supervivencia de millones en el interior del país.