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Agrotóxicos: una empresa japonesa agiganta su negocio local con productos prohibidos en el mundo

La compañía presume de estar presente, a través de sus plaguicidas, en hasta 5 millones de hectáreas cultivadas. Un perfil cargado de polémica.

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A la sombra del uso permanente de conceptos y expresiones como “sustentabilidad”, productos “amigables con el medioambiente” o “bioseguridad alimentaria”, Summit Agro Argentina, filial doméstica del poderoso grupo japonés Sumitomo, sigue agigantando su negocio de comercialización de agrotóxicos para la producción agrícola intensiva que se realiza en nuestro país.

La compañía en cuestión, que opera con oficinas en Buenos Aires desde hace una década, presume de estar presente en hasta 5 millones de hectáreas a través de su oferta de fungicidas, insecticidas y herbicidas, entre otros agrotóxicos.

Forma parte de un pulpo corporativo integrado por compañías financieras, mineras, electrónicas, automotrices, infraestructura y construcción. Sólo la división química de Sumitomo cerró 2019 con una facturación superior a los 20.400 millones de dólares.

En Argentina, la empresa vende plaguicidas que se aplican en cultivos que van desde el arroz y el poroto al trigo, pasando por la vid, el maíz, la soja y frutas como el durazno, el pelón, la manzana y la pera.

Si bien Summit Agro se esfuerza por instalar la imagen de una firma -otra más- que apuesta por la investigación en soluciones biológicas para el control de malezas o insectos, lo cierto es que comercializa una cartera de agrotóxicos con características que van a contramano de cualquier respeto por la naturaleza.

Basta ahondar en su oferta de agrovenenos para comprobar que las etiquetas que la compañía nipona comercializa en el mercado local pueden generar el peor de los impactos en los ecosistemas. De hecho, uno de los compuestos con mayor presencia en los formulados de Summit Agro fue protagonista de escándalos sanitarios en Brasil.

Se trata del pyriproxyfen, un larvicida fabricado por Sumitomo que se aplicó a gran escala en el país vecino durante la epidemia de zika que tuvo lugar hace algo más de 4 años. El agrotóxico en cuestión se utilizó con la premisa de erradicar al mosquito Aedes aegypti, comprobado vector de la enfermedad.

La detección del veneno en agua almacenada, a lo largo de distintas regiones donde se constató el estallido de casos de niños nacidos con microcefalia, colocó al producto de la controlante de Summit Agro en el centro de la polémica. Los cuestionamientos sobre Sumitomo llegaron al cenit cuando estados como Rio Grande do Sul suspendieron directamente el uso de pyriproxyfen tras relacionar al insecticida con el grave problema sanitario.

“La determinación se tomó después de que un grupo de médicos de la organización Physicians in the Crop-Sprayed Towns, con sede en Argentina, y de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco) cuestionaron si el larvicida tenía relación con los casos de microcefalia”, expuso al respecto un cable de la agencia internacional EFE divulgado en febrero de 2016.

La compañía en cuestión, que opera oficinas en Buenos Aires desde hace una década, presume ya de estar presente en hasta 5 millones de hectáreas a través de su oferta de fungicidas, insecticidas y herbicidas, entre otros agroóxicos.
Summit Agro dice estar presente en hasta 5 millones de hectáreas cultivadas a través de su oferta de agrotóxicos.

Los planteos en contra del uso del químico incluso llovieron desde Uruguay, territorio donde también se aplica. “Que todo el mundo fumigue con estas cosas parece inconveniente. Tanto desde el punto de vista químico como biológicos, usar pyriproxyfen sin control es peligroso”, advertía también por aquel entonces María Torre, decana de la Facultad de Química en Montevideo, en declaraciones a El Observador.

A modo de contraofensiva, Sumitomo emitió un comunicado argumentando la inexistencia de pruebas científicas que prueben el rasgo nocivo del agrotóxico. Enarboló, además, la aprobación obtenida de la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 2001. La controversia en torno a los efectos a largo plazo que acarrea el contacto con dicho químico sigue abierta.

Los tóxicos locales

En Argentina, el pyriproxyfen reina en la fórmula de productos como el Epingle, un insecticida que Summit Agro ofrece para cultivos como el limón y el tomate. También dice presente en la etiqueta AssailXLT que la firma promociona para su aplicación sobre manzanas y peras.

Por su parte, el insecticida Esteem incluye el veneno con promesa de erradicar insectos de manzanos y perales.

A nivel local, la división de Sumitomo también comercializa agrotóxicos neonicotinoides de comprobado riesgo fatal para las abejas, como la etiqueta Tenchu -basado en dinotefuran, que Summit Agro recomienda aplicar sobre tomates- y su similar Mospilan -que incluye acetamiprid-, promocionado para uso en algodón, duraznos, peras, pimientos, tomates y porotos.

La compañía de Sumitomo comercializa en Argentina productos prohibidos en países como Francia.
La compañía controlada por Sumitomo comercializa en Argentina productos prohibidos en países como Francia.

Hace poco más de dos años, y tras analizar más de 1.500 estudios científicos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirmó que los neonicotinoides ponen en peligro de extinción a las abejas y otras especies de insectos benéficos para la biodiversidad y la producción de alimentos.

Naciones como Francia prohibieron el uso del acetamiprid que la compañía de agrotóxicos comercializa en Argentina. Siempre en el escenario doméstico, Summit Agro vende el insecticida Kudasai a base de bifentrin, un piretroide que la empresa promueve para duraznos, manzanas, papas, peras, porotos y soja, y también resulta letal para las abejas.

Fecha de publicación: 18/11, 7:57 am