Acuerdo con el FMI: ¿Cuáles son sus impactos en materia ambiental y de derechos?
El desembolso de USD 45.000 millones deberá ser repagado luego de un período de gracia de 4 años y medio y contará con una revisión técnica cada tres meses.
El reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y el Directorio del organismo surge como respuesta a la crisis de deuda que atraviesa nuestro país desde 2018. El desembolso de USD 45.000 millones –equivalente al 57% de las exportaciones de 2021 y al 12% del PBI de 2020– deberá ser repagado luego de un período de gracia de 4 años y medio y contará con una revisión técnica por parte del FMI cada tres meses.
Impacto del Acuerdo con el FMI en el medioambiente
Si bien existen muchos aspectos vinculados a la deuda que podrían ser analizados y comentados, desde FARN queremos dirigir nuestra preocupación hacia el plan económico diseñado junto al organismo. Sus objetivos de estabilización macroeconómica, reducción del gasto fiscal y generación de divisas tendrán un claro impacto en el ambiente. Específicamente, hay dos puntos que incidirán en el derecho a un ambiente sano: las políticas energéticas y el mandato de aumento de exportaciones.
En materia energética se busca el recorte de subsidios a la demanda. Para ello, se estima una reducción en 0,6% del PBI para 2022 del gasto en subsidios, eliminándolos para el 10% más rico y procurando que no afecte a las tarifas del grueso de la población, pero ¿cómo se evitará ese impacto cuando, debido a la guerra, el precio del gas por millón de BTU de gas pasó de USD 6 a USD 60?
El aumento de precios en los fósiles generará ganancias extraordinarias para las empresas. Sin embargo, el programa económico que supuestamente busca recortar los subsidios energéticos elogia el Plan Gas y profundizará los subsidios a las empresas.
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Atropellos a la institucionalidad
Por otro lado, en lo que respecta a los incentivos a sectores extractivos, se buscará aumentar las exportaciones en USD 25.000 millones para 2030 a partir de regímenes de incentivos especiales para la extracción de hidrocarburos, la minería y la agroindustria. El avance de estos sectores extractivos viene acompañado de atropellos a la institucionalidad ambiental, entre ellos, al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia, derechos centrales reafirmados en el Acuerdo De Escazú.
El Gobierno Nacional le ha reclamado a la comunidad internacional en reiteradas ocasiones por medidas para la reparación entre Norte y Sur y por la implementación del canje de deuda por acción climática. Sin embargo, no ha habido un trabajo concreto en este sentido ni una política ambiental robusta que acompañe el reclamo.
Al mismo tiempo, el contexto de crisis climática requiere grandes movilizaciones de recursos para garantizar senderos de descarbonización en el marco de transiciones socioecológicas justas. Obligar a los países Sur a destinar recursos fundamentales para el pago de deuda con el Norte no nos acerca hacia ese objetivo.
