El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que Argentina retiró la “denuncia penal” contra HIF Global, la empresa que proyecta instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. Sin embargo, los legisladores entrerrianos del Partido Justicialista Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay salieron a cuestionar esa afirmación y aseguraron que la acción judicial que promovieron contra la compañía y el Estado uruguayo continúa vigente y en trámite. Orsi realizó las declaraciones este viernes durante una rueda de prensa en Guichón, Paysandú, donde sostuvo que el proyecto continúa dentro de los planes de Uruguay y que la relocalización de la planta implica la realización de nuevos estudios de impacto ambiental. Yamandú Orsi aseguró que Argentina retiró la denuncia contra HIF Global, pero legisladores entrerrianos del PJ afirmaron que la demanda ambiental continúa vigente “La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, afirmó el mandatario uruguayo. Además, calificó la situación como “una buena noticia a nivel diplomático” y consideró que representa una señal de mayor confianza entre ambos países. Las declaraciones generaron una rápida respuesta de los tres legisladores entrerrianos, quienes señalaron que la presentación realizada ante la Justicia Federal no corresponde a una denuncia penal, sino a una acción preventiva de daño ambiental. Demanda contra HIF Global continúa en la Justicia Federal Michel, Bahl y Marclay indicaron que la acción judicial, identificada con el expediente 3276/2026, fue presentada contra HIF Global y el Estado uruguayo y continúa vigente. Los legisladores explicaron que el expediente avanza con distintas medidas de prueba y que la presentación surgió ante lo que consideraron una falta de respuestas institucionales sobre el proyecto que originalmente estaba previsto frente a las costas de Colón. Entre las medidas ordenadas por la Justicia Federal se encuentra una pericia ambiental destinada a analizar diferentes aspectos relacionados con el estado actual del agua y la dinámica del río. También se solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si recibió comunicaciones sobre el proyecto de la planta de e-combustibles y si HIF Uruguay presentó ante el organismo el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo. A su vez, mediante un exhorto judicial, se requirió documentación a HIF Uruguay SA, HIF Global LLC y empresas vinculadas ante distintos organismos uruguayos, entre ellos la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y el Banco Central de Uruguay. La Justicia Federal mantiene medidas de prueba sobre el proyecto de la planta de combustibles sintéticos, mientras Uruguay avanza con su relocalización y nuevos estudios de impacto ambiental HIF Global y el impacto ambiental sobre el río Uruguay El expediente tuvo además un avance reciente. El 21 de agosto, el juez federal Hernán Viri realizó un reconocimiento judicial en la zona de Colón junto con la perito bióloga Viviana Cousté y los impulsores de la demanda. El procedimiento tuvo como objetivo relevar las características del lugar y analizar la relación entre el emplazamiento originalmente previsto para la planta y la ciudad entrerriana. Según explicó Michel, durante el reconocimiento el juez pudo observar que el lugar proyectado para la planta quedaba “prácticamente frente a la toma de agua de los colonenses, a poco más de 3 kilómetros en línea recta”. La controversia se mantiene mientras Uruguay sostiene la continuidad del proyecto, aunque con una modificación en su ubicación original. Orsi señaló que la relocalización requiere nuevos estudios de impacto ambiental y sostuvo que la iniciativa no se detuvo. Así, las declaraciones de Orsi y la respuesta de los legisladores entrerrianos parecen referirse a actuaciones judiciales diferentes. Mientras el presidente uruguayo habló del retiro de una “denuncia penal”, Michel, Bahl y Marclay hicieron referencia a la demanda civil de prevención de daño ambiental que tramita ante la Justicia Federal y aseguraron que permanece vigente y continúa avanzando.
